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La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ reclama a la Defensora de la Ciudadanía el listado de bienes inmatriculados

La plataforma sevillana contra las inmatriculaciones ha registrado hoy una petición ante la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones para “que se de cumplimiento del acuerdo del Pleno”

Un grupo de representantes de la ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ ha registrado en el día de hoy una reclamación ante la Defensora de la Ciudadanía del Ayuntamiento de Sevilla “para que el gobierno municipal cumpla con lo aprobado en el Pleno y recabe de los Registros de la Propiedad el listado de bienes inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica”.

Como se recordará, el Pleno del consistorio hispalense aprobó en febrero de 2018 una moción, promovida por dicha Plataforma, para obtener “la lista completa de los bienes inmatriculados en Sevilla al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde el año 1978 por la Iglesia católica, teniendo en cuenta que pueden haber utilizado nombres diversos de Diócesis, Congregaciones, Obispado, Cabildo o similares”.

“Desde que se aprobara la moción hace más de dos años, no hemos vuelto a tener noticias” afirman desde la Plataforma, que ya solicitó a finales de 2019 una reunión con Juan Espadas “que sigue sin respuesta”. Denuncian que el gobierno municipal les iba a remitir la petición elevada a los Registros de la propiedad “y Espadas tampoco ha cumplido con eso”. De ahí, que hayan acudido a la Defensora de la Ciudadanía para “que intermedie y vele por el cumplimiento de lo que aprueba el Pleno, ya que se trata de una cuestión de simple transparencia”.

La Plataforma, que se define como un conjunto de ciudadanos -entre ellos cristianos de base y cofrades- que sólo están en contra de que la jerarquía eclesiástica se apropie de bienes inmuebles que forman parte del dominio público, ha insistido en el escrito registrado en “que la Iglesia Católica ha tenido el privilegio de inscribir inmuebles sin necesidad de acreditar título de propiedad, aprovechando lagunas o vericuetos legales de una normativa franquista, actuando como una Administración Pública y sus diocesanos como notarios”.

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