La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic se ha concentrado este miércoles en las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno de València para pedir la derogación de la Lomce, reclamar su participación en la negociación de una nueva ley de Educación y mostrar su rechazo al pin parental.
En declaraciones a los medios durante la protesta, el portavoz de la Plataforma y presidente de FAPA València, Marius Fullana, ha calificado la Lomce como «una ley mercantilista» porque «no apoya a la escuela pública y permite la segregación por sexos», entre otras cuestiones.
Según ha explicado Fullana, el actual Gobierno tiene previsto lanzar una nueva propuesta de ley Educativa, por lo que la Plataforma ha pedido que toda la comunidad educativa, tanto profesores como alumnos y familiares, puedan hacer propuestas porque, a su juicio, pueden aportar la experiencia desde el resto de los sectores, «y ser una ley que se implante y que sea duradera».
Asimismo, ha recordado que «aún queda mucho camino para revertir los recortes» y que es necesario «abrir un canal de comunicaciones y una nueva política educativa, basada en el diálogo y la participación».
Respeto al valenciano, el portavoz de la plataforma ha defendido la enseñanza «en todas las lenguas del estado», a todas las edades y territorios, «con la garantía de acceso a la enseñanza del valenciano» que asegure los derechos lingüísticos.
A su juicio, los puntos de referencia para esta nueva ley serían la inclusión, coeducación, enseñanza real de todas las lenguas del estado, que defienda un sistema público, y cuestiones como la laicidad y la mejora de las condiciones del profesorado.
La enseñanza en valores también ha sido otro de los puntos que ha defendido Fullana, ya que, según ha manifestado, «necesitamos una sociedad crítica», todo ello, ha continuado, «generando estructuras participativas reales, donde se tenga en cuenta a toda la Comunidad Educativa».
En cuanto al pin parental, la Plataforma ha mostrado su rechazo porque considera que es una propuesta «conservadora» y «discriminatoria», que quiere «atacar los principios democráticos presentes en la escuela pública», como son la «libertad, igualdad, respeto, diversidad sexual, étnica y cultural, la integración social, la cooperación, la no violencia, y la lucha por un mundo diferente, socialmente justo y equitativo».
