La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ ha tenido acceso a las notas registrales de hasta 27 inmuebles inmatriculados por la Archidiócesis en el municipio sevillano de Arahal
La ‘Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla’ ha calificado de “auténtico negocio” la inmatriculación de hasta 27 inmuebles realizada por la Archidiócesis de Sevilla, de los cuales 22 son fincas rústicas, en el término municipal de Arahal.
Tras solicitar la información correspondiente al Registro de la Propiedad, la plataforma denuncia que cuatro de esas fincan han sido vendidas tras su inmatriculación y que “la Archidiócesis se ha lucrado en más de 100.000 euros con estas ventas”. A todo esto, según denuncian desde la plataforma, habría que sumar “el rendimiento económico de más de 22 hectáreas de olivar durante todo este tiempo”.
Además, desde la plataforma temen que el listado de bienes inmatriculados por la jerarquía eclesiástica sea mayor, dado que los 27 inmuebles mencionados son los mismos del listado presentado en 2021 por el Gobierno Central, un listado que “tiene importantes límites al no incluir el patrimonio inmatriculado antes de 1998 y al no permitir identificar los bienes inmatriculados de forma correcta”.
Tras las investigaciones y trabajos llevados a cabo por la plataforma, se está trabajando con el equipo de gobierno de la localidad sevillana en un acuerdo plenario donde el Ayuntamiento de Arahal y sus grupos políticos se comprometen a colaborar con la entidad “recabando información para una colaboración mutua cumpliendo el actual marco legislativo” y solicitando al Gobierno de la Nación el “listado de bienes completo inmatriculados por la jerarquía de la Iglesia Católica”; así como la reversión “a su estado original de todos los bienes inscritos entre el periodo 1978 hasta el 2015” y, en el caso que no fuera posible, solicitando a la Iglesia “el pago al Estado de los ingresos que hayan sido obtenidos irregularmente para que repercuta directamente en el beneficio de la población española”.
Por último, la plataforma sevillana ha insistido en que estas situaciones se han dado “porque la Iglesia Católica ha tenido el privilegio de inscribir inmuebles sin necesidad de acreditar título de propiedad, aprovechando lagunas o vericuetos legales de una normativa franquista, actuando como una Administración Pública y sus diocesanos como notarios”.
