Hay en Cantabria al menos más de un centenar de bienes que de un día para otro pasaron a formar parte en los registros como propiedad de la Iglesia, y no estamos hablando de hechos antiguos, sino relativamente recientes, de la época de los gobiernos de Aznar.
Como la ermita de Ramales, en la que, tras años de mantenerla con su esfuerzo, los vecinos dejaron de recibir el impuesto de bienes inmuebles. Personados en el Ayuntamiento para preguntar, se enteraron de que la Iglesia la ha registrado a su nombre.
Algo parecido sucedió en Bustablado, como recogía este mismo jueves la prensa, cuya plaza “fue apropiada sigilosamente por la Iglesia”, según denuncia la plataforma Recuperando.
Esta plataforma, que agrupa a 30 organizaciones que promueven la reversión de los bienes que la Iglesia Católica ha puesto a su nombre, celebró ayer un acto de protesta en Atarazanas, frente a la Catedral, convocado desde Europa Laica-Cantabria.
La conclusión es clara: “Los ciudadanos somos bombardeados sin descanso por anuncios de alarmas «antiokupas», que disimulan el hecho de que “los verdaderos okupas, perfectamente organizados, no necesitan forzar puertas ni ventanas: se apoderan de cuanto inmueble desean ante la pasividad de las Administraciones”
En el acto, simultáneo en una veintena de ciudades españolas, se leyó un manifiesto en el que se denuncia el abandono del Gobierno de sus promesas electorales, que aseguraban que iban a realizar las modificaciones legislativas oportunas para recuperar los bienes que la jerarquía católica ha registrado a su nombre, mientras que comprueban que “la realidad es otra: el Ejecutivo no parece dispuesto a anular las inmatriculaciones y abandona a su suerte a particulares y ayuntamientos para que litiguen en largos y costosos procesos judiciales”.