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La Junta de Gobierno de la hermandad del Gran Poder y la Macarena proclamada en 2021

La persecución del hermano mayor del Gran Poder a la Fiscal de la hermandad que atendió las denuncias de corrupción: “Amenazaron con abrirme la cabeza”

Fue cesada de manera fulminante de su cargo después de cumplir con sus funciones al trasladar a la Junta la denuncia de la contabilidad B

El calvario de la Fiscal de la hermandad del Gran Poder y la Macarena comenzó cuando recibió una denuncia sobre la presunta corrupción de la Junta de Gobierno. Un antiguo miembro de la dirección, tras haber agotado todas las vías posibles sin ser atendido, entregó un escrito donde se exponían las supuestas irregularidades observadas en el ejercicio de sus funciones en la Junta. “Describía la gestión de los donativos”, de la que ya dio cuenta este suplemento, “y otras irregularidades. Recibí, además de la explicación, varios documentos que acreditaban los hechos. Entre ellos, certificados de Hacienda“, explica la hermana que ocupó el puesto de Fiscal entre junio de 2021 y marzo de este año, tras ser cesada por atender a esta denuncia interna.

Prefiere ocultar su nombre. “Por mi trabajo, no puedo exponerme demasiado. Además, mi nombre no importa. A mí me importa la hermandad y sus titulares“, explica C. Al presentar la denuncia durante la celebración de un cabildo, Luis Rafael García Martínez, el hermano mayor desde hace 25 años, “se puso hecho como una fiera. Él y el resto de hermanos de la Junta Directiva no atendían a razones. Sin haber considerado si quiera la denuncia, decidieron votar a mano alzada mi cese“.

Doce miembros de la junta de un total de 15 votaron a favor de la expulsión. “A partir de ahí se inició una persecución. Hasta el punto de que llegaron a amenazarme”. Los directivos de confianza de Luis Rafael García Martínez cerraron filas alrededor del hermano mayor. “Delante de varios testigos, el consiliario primero”, Julián Cruz, amigo y mano derecha del hermano mayor, “dijo que estas cosas se solucionaban abriéndome la cabeza con un palo”.

“Conducta inaceptable”

Su labor como Fiscal “era hacer cumplir las reglas de la hermandad”. Así lo establece la regla 57 del Gran Poder y la Macarena: “Velar por el exacto cumplimiento de las Reglas y de los Reglamentos de Régimen Interno”. Entre otras funciones, se contempla “informar a la Junta de Gobierno sobre las sanciones a aplicar”, en caso de haber detectado alguna irregularidad, y “revisar mensualmente la contabilidad de la hermandad”.

Unos meses antes, C. había recibido otra queja. “Era un asunto menor que surgió en una reunión de costaleros. No me dejaron actuar”. Después de haber sido cesada, recibió una carta firmada por el hermano mayor en la que “se tergiversa la verdad. Siempre hacen lo mismo. Actúan y recrean una versión oficiosa que no tiene nada que ver con la verdad“. Según puede leerse en la carta, el despido fulminante de C. se justifica en una “conducta inaceptable y exceder las competencias propias de su cargo”.

También hubo una reunión privada entre la Fiscal cesada y parte de la Junta de Gobierno. “Me reprochaban, como en la carta, haberme posicionado en contra de ellos. Nunca tomé partido. Sólo me limité a trasladar la información que me habían hecho llegar. Volvieron a amenazarme, esta vez con denuncias, si no me retractaba. ‘Lo vas a pasar muy mal’, llegaron a decirme“, detalla.

“Lo pasas mal”

C. no ha pasado todavía el mal trago. “Me asustaron. No soy la primera que ha sufrido este tipo de actitudes de Luis Rafael y la gente de su confianza. Muchos de los hermanos han decidido no tener nada que ver con la hermandad. Si no eres de su cuerda, lo pasas mal. Hay mucha menos participación que antes”.

En la carta de despido, el hermano mayor recrimina a C. no haber acudido a la reunión que mantuvo con el párroco actual de la Colegiata de San Isidro, Ángel Luis Miralles, un día antes de hacer oficial el cese. “Creen que huí. Estaba de viaje y me informaron después. Siempre tergiversan la realidad”.

En la persecución a C. también participaron, según señala, Susana María Molina, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba el puesto de teniente de hermano mayor, y Juan Antonio Jiménez, ex mayordomo. Ambos presentaron este lunes su dimisión a un Cabildo de Oficiales en el que se trataron, tal y como ha podido saber este periódico de distintas fuentes cercanas a la cofradía, las informaciones publicadas por GRAN MADRID. “Fueron los primeros que no me dejaron actuar y después mantuvieron la misma actitud del hermano mayor. Insistían en que me retractara cuando lo único que había hecho era cumplir con mis funciones”.

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