El convenio que regula su estancia se extinguió en 2020
La ARMH pide al Gobierno que eche a los monjes de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha vuelto a exigir al Gobierno que expulse a los monjes benedictinos de Cuelgamuros porque su estancia allí es ilegal desde hace casi dos años.
SU ESTANCIA ES ILEGAL
La ARMH explica que el 2 de octubre de 2020 se extinguió el convenio que regula la presencia de los religiosos en la Abadía Benedictina de la Santa Cruz en cumplimiento de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público del año 2015.
Dicha ley dicta en su Disposición Adicional Octava que cualquier convenio con el Estado por tiempo indefinido que no haya sido prorrogado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley quedará extinguido a los cuatro años, plazo que se cumplió el 2 de octubre de 2020.
UN CONVENIO FIRMADO EN 1958
El 29 de mayo de 1958 se firma en Madrid el Convenio entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la Abadía Benedictina de Silos.
Rubrican el documento el entonces ‘Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno’, Luis Carrero Blanco, y el Abada de Silos, Isaac María Toribios.
Se acuerda que un grupo de los monjes de Silos (un mínimo de 20 con sus respectivos novicios) se instalará en el Valle por tiempo indefinido y siempre y cuando se cumplan los compromisos adquiridos por sus obligaciones litúrgicas diarias.
MISAS DE EXALTACIÓN
Además de misas diarias, los benedictinos conmemoraban varias fechas de exaltación patria y apología franquista:
17 de julio la fiesta del Triunfo de la Santa Cruz
1 de abril: “Día en que terminó nuestra Cruzada, o el día más cercano que lo permitan las rúbricas, cantar una Misa solemne de acción de gracias y un Te Deum”, reza el texto.
1 de octubre: “Misa solemne por su Excelencia el Jefe del Estado”, que conmemora la fecha en la que Franco fue investido jefe supremo del bando sublevado”, el 1 de octubre de 1936.
“Celebrar con especial solemnidad las fiestas de la Inmaculada y de Santiago Apóstol, Patronos de la Nación, y la de Nuestra Señora del Pilar, Patrona de la Hispanidad”.
Y el 20 de noviembre “Misa solemne de Difuntos por todos los Caídos de nuestra Cruzada”.
El convenido también determina que los monjes se harán cargo de la dirección del Centro de Estudios Sociales, la gestión de su biblioteca y el desarrollo de planes de estudios, además de administrar la Hospedería, cuya actividad se mantiene a día de hoy.
Aunque el convenio nunca ha sido modificado -explica la ARMH-, sí lo hizo la Fundación que en 1982 pasó a depender de Patrimonio Nacional y en la actualidad depende del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con la Cortes y Memoria Democrática, que dirige Félix Bolaños.
“EL GOBIERNO TIENE EL DEBER DE ECHAR A LOS MONJES”
La ARMH remitió incluso un escrito a la Fiscalía para denunciar la permanencia ilegal de los mismos del que se dio traslado al Gobierno. Un año después, vuelve a reclamar al ahora ministro Bolaños que haga cumplir con la legislación vigente.
Para Emilio Silva, presidente de la ARMH “el Gobierno tiene dos opciones; o echa a los monjes benedictinos inmediatamente y hace cumplir con la legislación vigente o si lo que quiere es la permanencia de los monjes en el Valle tendrá que renovar el convenio que ya no está en vigor. De lo contrario estaría prevaricando al incumplir las leyes que le obligan a tomar medidas”.
La ARMH quiere además conocer las sanciones que aplicará el Gobierno a la permanencia de los monjes benedictinos en las instalaciones del Valle sin un respaldo legal que lo permita; así como las sanciones que se aplicarán a los monjes benedictinos por haber llevado a cabo una misa del 18 de julio de exaltación del golpe militar de 1936 y que vulnera la Ley de Memoria Histórica de 2007 que en su artículo 16.2 dice:
“En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo”.
La nueva Ley de Memoria Democrática aprobada la semana pasada en el Congreso de los Diputados incluye el cambio de denominación del Valle de los Caídos que pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros como lugar de recuerdo y la extinción de fundaciones que ensalcen el franquismo y humillen a las víctimas.
