Mientras PSOE e IU aseguran que una nueva orden sobre conciertos educativos supondrá transferir más fondos públicos a la privada, el Gobierno sostiene que es una mera actualización de la norma anterior. PP y Ciudadanos tienen firmado «habilitar progresivamente la implantación del Bachillerato concertado»
Un borrador de orden sobre conciertos educativos que prepara el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, ha hecho saltar las alarmas en PSOE e IU, que consideran que supondrá un paso hacia más privatizaciones de la educación en Andalucía.
Por el contrario, en la Consejería de Educación, que dirige Javier Imbroda (Ciudadanos), aseguran que la orden no es más que, como se hace siempre cada cuatro o seis años –en función de a qué tipo de alumnos se refiera–, la convocatoria de renovación de los conciertos.
Tanto la portavoz de Educación del PSOE, Beatriz Rubiño, como el coordinador de IU en Andalucía, Toni Valero, cargaron contra el Ejecutivo. «El Gobierno de las derechas comenzó en febrero con esta hoja de ruta de privatizaciones con su decreto de escolarización, que provocó el 4 de marzo una gran huelga educativa, y ahora continúan con este decreto de concierto. Está claro que la enseñanza andaluza está en llamas y que tenemos a su cargo a dos verdaderos pirómanos, al consejero Imbroda y al presidente Moreno Bonilla«, manifestó Rubiño.
El Gobierno quiere «meter de nuevo la tijera en el sistema público de educación andaluz, esta vez con nuevos conciertos en las etapas de educación postobligatoria, bachillerato y formación profesional, sin ningún reparo en hacer negocio con lo que es un derecho», opinó Valero en una nota de prensa.
El borrador de orden se puede consultar aquí y consiste en una regulación de los conciertos educativos y del procedimiento para renovarlos y perdirlos, que sustituye a la anterior de 2016. Tanto en una norma como en la otra se permite el concierto por parte de la Junta de Andalucía de los centros de formación profesional y bachillerato, como también recoge la Ley de Educación.
Para cerrar su pacto de Gobierno, PP y Ciudadanos firmaron al inicio de la legislatura un documento que se dio en llamar «medidas de desarrollo prosperidad para un nuevo gobierno en Andalucía» y que ha venido utilizándose, al menos hasta la firma de los pactos presupuestarios a tres con la ultraderecha, como guía de la actividad del Ejecutivo.
En ese documento, se recoge, en su punto 72, lo siguiente: «Habilitaremos progresivamente la implantación del Bachillerato concertado y promoveremos la extensión del Bachillerato Internacional en Andalucía».
Los últimos datos disponibles indican que el margen que tienen PP y Ciudadanos para ampliar los conciertos educativos en el bachillerato, la última frontera para los colegios privados, es muy amplio. Así, según el último informe Sistema estatal de indicadores de la educación que cada año publica el Ministerio, el gasto público en este ámbito fue de 249 millones en 2017, el 4% del total de transferencias del sector público al privado, que ascendió en ese año a los 6.179 millones de euros.
También PP y Ciudadanos tienen muchas posibilidades en Andalucía de incrementar el gasto en la financiación de los colegios privados, porque es una de la Comunidades en la que, en términos relativos, menos se dedica a este asunto. Después de Canarias, Extremadura y Castilla La Mancha es la Comunidad que menos dinero sobre el total traslada al sector privado. Así, en 2017, fue del 10,5% del gasto total en educación. La media española está en el 14,3%, impulsada sobre todo por País Vasco, Madrid y Catalunya.
Desde el año 2007 al 2017, los índices de variación del gasto público dedicado a conciertos, y tomando como año base 2007 (100 %), muestran una tendencia creciente hasta el año 2009, situándose en 118,6 % (18,6 puntos porcentuales de aumento respecto a 2007), una disminución a partir de 2010, descendiendo a 113,8 % en 2013. Y una nueva subida a partir de 2014, siendo 124,4 % en 2017 (24,4 % de incremento).
El Gobierno andaluz sostiene que, en contra de lo que la oposición argumenta, no se ha privatizado nada, sino que más bien se han aumentado los recursos de la red pública con el presupuesto más alto de la historia de la Junta.
