La decisión de las autoridades nicaragüenses de cancelar otras 1.500 organizaciones de la sociedad civil, aproximadamente la mitad de ellas asociaciones religiosas, es profundamente alarmante, más aún en un país que ha visto el espacio cívico severamente erosionado en los últimos años y restricciones indebidas a la libertad religiosa.
Con estos cierres, anunciados oficialmente el lunes, más de 5.000 organizaciones, entre ellas ONGs, medios de comunicación y universidades privadas, han perdido su personalidad jurídica en Nicaragua, la mayoría de ellas desde finales de junio de 2022. Todos sus activos quedaron bajo el control del Gobierno.
El grave impacto de estas medidas sobre los derechos a la libertad de asociación y expresión, así como sobre la libertad religiosa, hace cada vez más difícil la defensa de los derechos humanos en Nicaragua. De las organizaciones de la sociedad civil que siguen funcionando, muchas han optado por la autocensura o la disolución en medio de leyes restrictivas que restringen sus actividades.
Hacemos un nuevo llamado a las autoridades nicaragüenses a que dejen de imponer severas restricciones a los espacios cívicos y democráticos en el país, y a que garanticen el respeto a los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos.
