A cuarenta años de la despenalización del aborto en el Estado español, las mujeres nos seguimos viendo obligadas a superar decenas de obstáculos y trabas burocráticas para poder acceder al derecho a decidir. ¿Es realmente sobre la vida de las mujeres que hace décadas morían en abortos clandestinos, tal como aún ocurre en otros países del mundo, el aborto un derecho accesible para todo el mundo?
La situación del aborto en el Estado español ha experimentado avances significativos en lo que a términos legislativos se refiere en las últimas décadas. A pesar de que el aborto es un derecho reconocido por la ley, conquistado hace 40 años gracias a la lucha de las mujeres y el movimiento feminista, persisten numerosas barreras que dificultan su acceso equitativo, lo que limita la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes.
En 2023, se registraron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) en el Estado español, de las cuales un 81,45% se realizaron en centros privados. Ese mismo año, la lista de comunidades autónomas donde más intervenciones voluntarias del embarazo se realizaron la encabezó Catalunya, con un 80% de estas intervenciones realizadas en centros privados, seguida de las Islas Baleares, con un porcentaje de intervenciones en la privada del 81,45%. Estos datos ponen de manifiesto las dificultades que aún existen para acceder a este servicio desde el sistema público de salud.
En Barcelona, como en otras ciudades y comunidades autónomas, la interrupción voluntaria del embarazo se supone que es un derecho garantizado en el sistema público de salud. Sin embargo, a pesar de que las mujeres y personas gestantes deben tener el derecho a acceder a este servicio de manera gratuita y segura, las barreras estructurales como la vinculación de algunos de estos hospitales con la Iglesia, la falta de información, el estigma social que aún existe y la escasez de profesionales médicos no objetores, dificultan enormemente su acceso.
Un ejemplo claro de esto es el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Un hospital concertado de Barcelona -que recibe financiación pública- históricamente vinculado a la Iglesia Católica y que en 2012 adoptó una postura restrictiva en relación con el aborto. En la actualidad, solo se llevan a cabo interrupciones del embarazo en casos extremos, como cuando la vida de la madre está en peligro o en situaciones de anomalías fetales graves. Esta postura se traduce en una limitación grave del derecho de las mujeres a decidir libremente sobre sus cuerpos.
El hecho de que este tipo de hospitales no practiquen abortos y derive a las mujeres a otros
centros, plantea una serie de problemas logísticos y emocionales. La derivación de una paciente a otro hospital no solo retrasa el acceso a la atención médica necesaria, sino que también genera confusión y desinformación en muchas mujeres, especialmente aquellas que no están al tanto de sus derechos o de que pueden acceder a la interrupción del embarazo en otros centros públicos. Esto se vuelve todavía más grave cuando las mujeres se encuentran en una situación económica precaria, ya que deben enfrentarse a mayores dificultades como la falta de recursos para pagar la atención privada en los casos en los que los servicios públicos no están disponibles o sufren de mucha demora.
La precariedad laboral y económica afecta directamente a al derecho de las mujeres de acceder a la salud reproductiva. Además de todas aquellas mujeres migrantes y en situación irregular que no pueden acceder al sistema de salud público, ni mucho menos a los servicios de los centros privados, y siguen expuestas al peligro que supone recurrir a la clandestinidad para abortar. El acceso a la salud debe ser un derecho universal, independientemente del poder adquisitivo,los papeles que exigen las reaccionarias leyes de extranjería o la edad. La exclusión de las mujeres de clase trabajadora, nativas o extranjeras, de los servicios de aborto gratuitos, rápidos y eficaces perpetúa la desigualdad social y económica y margina una vez más a quienes ya enfrentan condiciones de vida precarias.
La objeción de conciencia de los profesionales sanitarios en este tema y la negativa de
ciertos hospitales públicos a realizar abortos contribuyen de manera significativa a la
estigmatización del derecho a abortar. El mensaje se vuelve claro: el aborto es una práctica que llega a ser marginada y demonizada para quienes promueven los valores de la moral religiosa, que dicen defender la vida de los embriones y no la vida de las miles y miles de mujeres que mueren en abortos clandestinos en el mundo. Este estigma no solo afecta a las mujeres que desean interrumpir su embarazo, sino que también crea un ambiente social, cultural y moral en el que las mujeres se sienten culpables y/o aisladas por tomar una decisión legal y legítima sobre su propio cuerpo, que además en muchas ocasiones incluso pone en peligro su vida.
Cuando instituciones como el Hospital Sant Pau, que reciben financiación pública, imponen
restricciones basadas en creencias religiosas, se perpetúa una cultura de silencio y
vergüenza en torno a estas cuestiones que tienen repercusiones emocionales y
psicológicas de forma directa en las mujeres. Esto acaba afectando a su salud mental y
bienestar general.
Laicidad del sistema sanitario y defensa de la sanidad pública
El hecho de que un hospital con financiación pública esté vinculado a la Iglesia Católica y
limite el acceso a servicios como el aborto plantea una importante cuestión sobre la laicidad del sistema sanitario. La sanidad pública debe ser un espacio libre de influencias religiosas y debe garantizar la igualdad de acceso a todas y todos los ciudadanos, independientemente de sus creencias, clase o situación legal.
Es fundamental que los hospitales que reciben fondos públicos garanticen los principios de
igualdad, acceso universal y no discriminación. El aborto es un derecho legal y se debe
garantizar que las mujeres accedan a este derecho sin obstáculos ni prejuicios. La laicidad
del sistema sanitario no puede quedarse en un principio teórico, sino que debe ser una práctica que garantice que los servicios médicos se ofrezcan de manera imparcial y respetuosa con los derechos de las personas.
Es urgente abordar la desigualdad estructural que afecta a las mujeres, especialmente de
clase trabajadora y migrante en su acceso a la salud reproductiva. La interrupción voluntaria del embarazo debe dejar de ser un derecho limitado por barreras económicas, sociales y logísticas y debe ser garantizado como un servicio universal y gratuito en un sistema sanitario público y de calidad.
El movimiento feminista, junto con la clase trabajadora y los sectores populares, deben seguir luchando porque el derecho a la salud no dependa de la clase social, ni de las creencias religiosas, ni tampoco de la situación legal determinada por las leyes de extranjería racistas. La defensa de la sanidad pública debe ir acompañada de la defensa de la libertad de las mujeres de tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas sin imposiciones externas, así como pelear por el derecho de todas a abortar es tomar también la pelea contra la Ley de Extranjería y por papeles para todas. Por un aborto gratuito y para todas!
