El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de “invasivo” y “expropiatorio”. El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.
La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.
Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, “participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes”. El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, “que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo“.
La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como “propia de países dictatoriales”. En su opinión, se trata de una “ley invasiva”, que no tiene en cuenta la “libertad religiosa”. El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura “expropia a todos los demás”, porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una “comisión gestora con mayoría de la administración civil”. El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. “Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad”, declaró hace unos días.
Precisamente, la diócesis que dirige Demetrio Fernández controla la Mezquita de Córdoba, objeto de una larga polémica tras su inmatriculación en 2006 y un modelo de gestión muy contestado por diversas organizaciones civiles, particularmente la Plataforma Mezquita Catedral. Hace escasamente dos semanas, el Tribunal Supremo propinó un nuevo y definitivo varapalo judicial a la Iglesia y a la Junta de Andalucía por la eliminación de una gran celosía protegida por la Unesco para facilitar la entrada de las cofradías de Semana Santa en el interior del conjunto monumental. La sentencia fortalece objetivamente los argumentos del Gobierno y de quienes exigen un órgano de gestión profesional y riguroso.
La propia Plataforma Mezquita Catedral de Córdoba ha presentado un pliego de alegaciones el pasado 19 de julio. En una de sus sugerencias, propone que el patronato incluya también a miembros de la sociedad civil y expertos investigadores, tal como recomienda la Unesco en sus documentos oficiales. El colectivo cordobés ha pedido reiteradamente la redacción de un plan director y la constitución de un órgano de gestión participado, al modo en que propone ahora el Gobierno, con el objeto de frenar las “arbitrariedades” de la Iglesia.
En su pliego de alegaciones, la Plataforma Mezquita Catedral también sugiere que la nueva Ley proteja los “valores inmateriales” de los monumentos para que se garantice que su “interpretación sea desarrollada profesionalmente”. La propuesta quiere evitar que la Iglesia “adultere” y “falsifique” la identidad histórica y cultural de bienes como la Mezquita de Córdoba, cuyo nombre universal y reconocido por la Unesco llegó a ser borrado del monumento de forma unilateral. El artículo propuesto por el colectivo ciudadano dice así: “Los poseedores y administraciones competentes deberán preservar y difundir los valores que justificaron la declaración de Patrimonio Mundial, velando igualmente por la profesionalidad y veracidad de la interpretación”.
Ángel Bañuelos es presidente del Centro Unesco de Andalucía, una asociación civil asesora del organismo internacional. En su opinión, la creación del patronato y la entrada del Ministerio de Cultura vienen a ampliar la tutela de los bienes reconocidos en el listado del Patrimonio Mundial. “Hay que tener en cuenta que quien responde ante la Unesco es el Estado y quien firma el tratado internacional en su nombre es el Gobierno”, argumenta. Es lógico, aduce, que el Ministerio de Cultura tenga cabida en ese nuevo órgano rector de los conjuntos del Patrimonio Mundial.
Bañuelos pone como ejemplo el Albaicín, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El barrio granadino incluye un amplio conjunto de bienes públicos y privados y su gestión compete a tres administraciones distintas: Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Ministerio de Cultura. “Y está en una situación desastrosa. Parece lógico que quien se ha comprometido ante la Unesco a conservar ese patrimonio, que es el Gobierno, cree un ente que vigile que las distintas instituciones con competencias en la gestión lo hagan bien”.
El patronato, argumenta, tendría pleno encaje en este caso. También en el de la Catedral de Burgos, protagonista de una viva polémica por la intención de la Iglesia de cambiar sus puertas y permutarlas por otras realizadas en bronce por Antonio López. “Supongamos que la Junta de Castilla y León lo autoriza. El Gobierno podría decir: “Oiga, esto es Patrimonio Mundial y quien responde ante la Unesco es el Ministerio de Asuntos Exteriores”.
La figura del patronato ha sido contestada duramente, no solo por los prelados de Córdoba y Sevilla, sino también por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento cordobés, ambos en manos de PP y Ciudadanos. Todos ellos han presentado alegaciones al anteproyecto de ley. El Gobierno andaluz ha formulado una veintena de reparos y ha pedido la retirada del texto por “invadir claramente el ámbito competencial de las comunidades autónomas“. Del mismo tenor han sido las modificaciones aportadas por el Consistorio cordobés, que además ha criticado el “marcado sesgo ideológico contra la Iglesia” del documento.
Begoña Bernal fue presidenta de Icomos España cuando el organismo asesor de la Unesco emitió un duro informe desfavorable a la retirada de la gran celosía de la Mezquita de Córdoba. Prefiere no formular ninguna opinión sobre el anteproyecto de la Ley de Patrimonio hasta no haberlo examinado con detenimiento, pero adelanta que la idea del patronato no le satisface. Lo cual no obsta para defender el papel determinante del Gobierno en la gestión de los bienes del Patrimonio Mundial. “El firmante de la convención con la Unesco es el Reino de España y tiene la autoridad. Las comunidades autónomas no han firmado nada”.
La sentencia del Tribunal Supremo ha acabado dándole la razón. “La ley está para cumplirse”, asegura en relación a la gran celosía de la Mezquita de Córdoba. “Me siento reforzada naturalmente. El Cabildo catedralicio y Rosa Aguilar [ex consejera de Cultura que autorizó la eliminación] han hecho todas las trampas del mundo. Algunos en Córdoba hicieron burla de mi persona y yo hice lo que debía hacer. Representaba a Icomos y como nuestro informe fue negativo, Rosa Aguilar recomendó a los obispos que fueran a Icomos París”.
En diciembre de 2017, Demetrio Fernández se desplazó personalmente a la sede de Unesco en la capital francesa junto a otros canónigos para lograr un nuevo dictamen que neutralizara el informe de Begoña Bernal. Con ese nuevo documento, la entonces consejera de Cultura autorizó la retirada de la celosía que ahora acaba de ser anulada por el Supremo.
La ex presidenta de Icomos también se muestra contundente respecto a la controversia de la Catedral de Burgos. “El Cabildo quiere ser el amo y se le ha dicho que no se pueden cambiar las puertas, a no ser que la Catedral salga de la lista del Patrimonio Mundial. No se necesita un patronato. Solo que el Gobierno ejerza su poder en la conservación del patrimonio, tal como está en la Constitución. La legislación hasta ahora no ha exigido nada a los cabildos catedralicios porque no ha querido el Gobierno. Y esa es su obligación”.
El anteproyecto del Ministerio de Cultura introduce otra modificación de trascendental calado. Impide que los bienes culturales en posesión de instituciones eclesiásticas sean vendidos o transmitidos a particulares o entidades mercantiles, salvo al Estado. Esta limitación ya existía con anterioridad pero solo para los bienes muebles. Ahora se amplía también para los monumentos. Todo indica que el Gobierno quiere evitar que la ingente cantidad de bienes de interés cultural inmatriculados por la Iglesia en las últimas décadas puedan acabar en manos privadas.
Hace apenas seis meses, el Ejecutivo de Sánchez publicó el listado de bienes inmatriculados desde 1998 pero renunció de facto a implementar las modificaciones legislativas para anular las inscripciones eclesiásticas, tal como comprometió en su investidura, ante la profunda decepción de la coordinadora Recuperando, que agrupa una treintena de colectivos de toda España.
El Gobierno de coalición no parece dispuesto a dar la batalla por la propiedad del patrimonio histórico español en manos de la Iglesia y con esta cláusula trataría de impedir que, al menos, fuera objeto del tráfico mercantil. Algunos juristas indican que el simple hecho de sacar del ámbito del comercio todo ese legado monumental viene a certificar que se trata de bienes de dominio público. Así lo ha sostenido reiteradamente el profesor de derecho civil Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la coordinadora Recuperando.
De hecho, esta organización patrimonialista ha presentado también alegaciones al anteproyecto de ley e introduce un título completo referido al patrimonio histórico eclesiástico. En su articulado, propone que los bienes de interés cultural en posesión de las instituciones eclesiásticas “sean declarados de dominio público” aunque sigan siendo destinados al uso litúrgico o de culto a través de convenios con las administraciones del Estado. Igualmente estipulan que la red de museos diocesanos o archivos documentales en manos de la Iglesia se “incorporen al sistema de archivos, bibliotecas y museos del Estado”. “Con el fin de coordinar y gestionar el patrimonio histórico eclesiástico”, concluye su alegación, “se creará un consorcio público“.
El Ministerio de Cultura ha declinado ofrecer su versión. Público le planteó por escrito hasta ocho cuestiones fundamentales acerca de la controvertida ley y en un correo electrónico se ha excusado argumentando que el anteproyecto se encuentra “en audiencia pública”. “Cuando haya más información, se la facilitaremos”, se ha limitado a contestar en una nota de dos líneas.
