Teólogos y cristianos de base escriben a Francisco “alarmados por el descrédito que la apropiación de bienes provoca a la Iglesia”.
No eran malos augurios, sino un diagnóstico fácil de realizar. “Nos exponemos a un nuevo escándalo, y esta vez no podremos decir que no lo sabíamos”. Fueron pocos los obispos que en 1998 advirtieron con esta frase contra la idea, impulsada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), de relanzar la inmatriculación de bienes al amparo de un generoso decreto del Gobierno de José María Aznar que ampliaba los privilegios concedidos por el franquismo en la ley hipotecaria de 1944, reformada en 1946. Los teólogos de la Asociación Juan XXIII, el Foro de Curas, y cientos de comunidades de base piden ahora que intervenga Francisco. “Con el debido respeto y cariño hacia su persona, queremos confiarle una preocupación y pedirle una palabra de apoyo. Nos sentimos hondamente interpelados por el descrédito que estos hechos provocan”, le escriben.
La carta la han enviado por correo certificado a la Nunciatura del Vaticano en Madrid para que sea entregada al Pontífice por valija diplomática. Los contados prelados que recelaban de los afanes inmatriculadores de sus colegas, al advertirles de que en este caso no podrían decir que no lo sabían, se referían a los escándalos de pederastia, que ya entonces arreciaban también en España y sobre los que los obispos se decían ignorantes. Con las inmatriculaciones, gran parte de los obispos se han convertido, a través de sus diócesis, en los primeros propietarios provinciales, después del Estado, contradiciendo la propuesta de Francisco de una iglesia que “huela a oveja y pobre para los pobres”.
“Nos preocupan las noticias que aparecen sobre el fenómeno, típicamente español, de la inmatriculación de bienes histórico-culturales públicos, realizados por la Iglesia al amparo de una ley franquista. Se dan cifras escandalosasy albergan edificios tan emblemáticos como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o el románico asturiano, algunos protegidos por la UNESCO”, escriben a Francisco. La mezquita de Córdoba fue registrada en 2006 a nombre de la diócesis local por el obispo Juan José Asenjo. Le costó apenas 30 euros. Asenjo era secretario general y portavoz de la CEE en 1998, cuando Aznar amplió las facultades inmatriculadoras de los prelados. Acaba de jubilarse como arzobispo de Sevilla.
La plataforma Recuperando sostiene que en los 80 años en que los obispos han ejercido el poder de inmatricular, “se han adueñado de más de 100.000 bienes”. El Gobierno actual, a petición del pleno del Congreso, tardó dos años en completar el recuento de las inmatriculaciones entre 1998 a 2015. Suman 34.961 bienes públicos, privados o de gestión municipal, como los cementerios, registrados por miles, además de iglesias, casas, jardines, plazas, garajes, prados, montes bajos y hasta urinarios. Algunas diócesis ya han empezado a venderlos en subastas públicas. Fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy, del PP, quien suprimió hace seis años esos privilegios episcopales, cuando arreciaba el escándalo.
La queja de los teólogos y cristianos de base sostiene que apropiarse de bienes por la mera certificación de dominio expedida por los obispos ante un registrador (eso significa inmatricular) no es compatible con la función episcopal ni con la constitucional separación del Estado y las religiones. “Estamos ante un escándalo monumental que llena de descrédito a la Iglesia católica, y de vergüenza a los que seguimos perteneciendo a la misma. Si las cosas fueran como se denuncian, nos preguntemos no solo por una legalidad hecha con privilegio, sino también por la legitimidad cristiana y eclesial”, dicen.
Alarmados por la repercusión que está teniendo el escándalo fuera de la Iglesia, los firmantes, que se dicen “muy perplejos y hondamente tristes”, también han enviado una carta a los obispos, a los superiores y superioras de las Congregaciones y a tres mil particulares. Piden convocar una asamblea o sínodo en 2022. No solo quieren forzar a los obispos a rectificar las inmatriculaciones, sino abordar “un asunto que hunde sus raíces en algo más de fondo, como la financiación de la propia Iglesia católica en España y, sobre todo, la propiedad entendida desde el Evangelio”.
Los firmantes de estas misivas, el teólogo Evaristo Villar, y Araceli Torres y Luis Ibáñez, de la Comunidad Santo Tomás de Aquino, lo hacen en nombre de dos centenares de grupos, entre otros las Comunidades Cristianas Populares y colectivos de Redes Cristianas como la Asociación de Teólogos Juan XXIII, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro Evangelio y Liberación, Coordinadora de Crentes (creyentes) Galegos, Foro de Curas de Madrid y el Movimiento por el Celibato Opcional.
Si los musulmanes volvieran
¿Por qué este afán de posesión? Medio en broma, medio en serio, un prelado responde: “¿Y si los musulmanes volvieran?”. No ha sido posible averiguar la razón por la que los obispos se han apropiado de bienes públicos o privados mediante el sistema de las inmatriculaciones, y cómo no cayeron en la cuenta del desprestigio que les ocasionaría semejante actividad. Tampoco se ha desvelado cómo convencieron al Gobierno de José María Aznar en 1998 para que ampliara los privilegios franquistas de 1944 y 1946, que les prohibía inmatricular catedrales o iglesias, ni por qué aceptaron pacíficamente que el Ejecutivo de Mariano Rajoy se los arrebatase en 2015. La Conferencia Episcopal sostiene que todo ha sido legal. El ministro de Justicia ese año, Alberto Ruiz-Gallardón, no lo tenía tan claro cuando propuso derogar el decreto de Aznar. Ambos ejecutivos eran del PP.
Apropiándose de esos bienes, los obispos asumen mantenerlos en uso o evitar la ruina, hasta ahora responsabilidad del pueblo o de las Administraciones públicas. La subasta de dos casas, convocada en mayo pasado por la diócesis de Santander en una comarca de los Picos de Europa, ejemplifica el problema. Los datos suministrados por el Colegio de Registradores de la Propiedad ilustra también las diversas sensibilidades de los prelados. Varios inmatricularon desaforadamente (Cataluña, 4.192 bienes; Cantabria, 2.058); otros apenas ejercieron ese derecho (Murcia 470; País vasco 88).
