Las comunidades religiosas tienen cinco años para adaptarse a la norma
No sólo ven frustradas sus expectativas ante la Ley de Centros de Culto, sino que temen que la futura normativa, que hoy votará el Parlament, deje fuera de la ley más de la mitad de los oratorios musulmanes que hay en Cataluña. Lo asegura la Junta Islámica de Cataluña y se apoya en dos argumentos: la obligatoriedad de inscribir los centros en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Justicia y que las características físicas de los espacios no cumplan los nuevos requisitos, como superficie mínima, salidas de emergencia, insonorización y medidas antiincendios.
La Secretaría de Asuntos Religiosos ha estudiado el impacto que la ley podría tener sobre los más de 3.500 centros de culto que hay en Cataluña. Pero aunque varias fuentes aseguran que el resultado del estudio es demoledor, la Generalitat no lo facilita. Un portavoz alega "que son estimaciones muy orientativas que se hicieron hace tiempo".
El presidente de la Junta Islámica, Abdennur Prado, alerta de lo farragoso y "arbitrario" que es el funcionamiento del registro del Ministerio de Justicia. "Ha denegado la inscripción a centenares de comunidades, porque el suyo es un criterio clerical de las religiones", asegura Prado, quien explica que la misma junta está en litigio con el ministerio porque les denegó la promoción de la alimentación halal como objetivo religioso. Para constituir una entidad, el paso previo es redactar estatutos y presentarlos a un notario, algo que los centros pequeños no tendrán capacidad para hacer.
La segunda pata de la ley que cuestiona la junta es la obligatoriedad de que todos los centros de culto tengan una licencia que les acredite como tales. "Algunas mezquitas en su momento se construyeron con unos requisitos y ahora no cumplen las nuevas exigencias", afirma el presidente. Se refiere a cuestiones constructivas o de seguridad que prevé la nueva normativa. Para evitar que la necesidad de licencia provoque un cierre masivo de centros, y no sólo oratorios musulmanes, la ley establece un periodo de adaptación de cinco años y ayudas económicas. De fondo, lo que la Junta Islámica denuncia es que "una ley que se hizo para acabar con el problema de la apertura de mezquitas no servirá como instrumento para solucionarlo". "Además", dice Prado, "la ley consagra dejar en manos de los ayuntamientos la cesión de suelo para utilizarlo para un derecho fundamental como es practicar una religión", una crítica compartida por otras confesiones. Prado asegura que, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en Cataluña hay 250.000 musulmanes y 170 mezquitas. "Toca a un centro de culto por cada 1.500 musulmanes, mientras que los evangélicos, por poner un ejemplo, tienen uno centro por cada 200 fieles". "Lo que pedimos es que la distribución de suelo sea acorde con el número de fieles", concluye.
El descontento de las religiones minoritarias es inversamente proporcional a la satisfacción de los alcaldes, que presionaron para que la cesión no fuera una obligación.
ABDENNUR PRADO (Junta Islámica) No al doble rasero
"Una ley que se hizo para acabar con el problema de la apertura de mezquitas no servirá como instrumento para solucionarlo. La ley consagra dejar en manos de los ayuntamientos la cesión de suelo para utilizarlo para un derecho fundamental como es practicar una religión. Lo que pedimos es que el rasero sea el mismo para todos y que la distribución de suelo para centros de culto sea equitativa y acorde al número de fieles".
GUILLEM CORREA (Consejo Evangélico) Igualdad de trato
"Valoramos la existencia de la ley, pero debe garantizar que los lugares de culto abiertos sigan abiertos y que podamos abrir nuevos. En este sentido, no resuelve la financiación de las obras de adecuación de los centros existentes, y las minorías religiosas no tenemos ayudas; tenemos menos que las asociaciones de vecinos. Lo que pedimos es igualdad de trato para todos los colectivos".
D. PAUL SINGH ACKO (Comunidad sij) Todos deben cumplir
"La Generalitat no se ha puesto en contacto con nosotros para trabajar la ley, y entendemos que no pueden hacernos cumplir ciertos requisitos si ellos retiran los principales compromisos de partida del texto. Las administraciones deberían tener en cuenta que, si bien es verdad que en nombre de las religiones se han cometido barbaridades, también es cierto que desarrollan un papel social muy importante".
JORGE BURMAN (Comunidad israelí) Satisfechos por su implicación
"Celebramos que la ley planifique de acuerdo con las necesidades futuras y que prevea reglamentar unos lugares que hasta ahora se regían a criterio de la autoridad de turno, distinta en cada municipio. También celebramos haber sido escuchados; nunca hubo tanta sensibilidad por parte de la Generalitat. Pero no es lo mismo resolver según qué problemas en ciudades como Barcelona que en otras más pequeñas".
