Las plataformas censuran las trabas que impiden reclamar las propiedades que pudieron ser inscritas de manera irregular por la institución católica: aseguran que se les niegan datos o son demasiado genéricos y sesgados
Cuatro años después de la publicación de la lista de casi 35.000 inmatriculaciones llevada a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, las asociaciones y plataformas siguen exigiendo al Gobierno saber qué bienes han sido registrados durante el último siglo, y se quejan de la falta de avances ante una situación que parece estar casi como al principio. “No hay manera de saber cuáles son los bienes inmatriculados con la firma de un obispo”, resume José María Rosell, presidente de la plataforma Recuperando, que aglutina a diferentes colectivos que reclaman toda la información disponible sobre los más de 100.000 bienes que, calculan, fueron inscritos por la institución eclesiástica entre 1946 y 2015.
