La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha asegurado que están «ultimando» el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica y ha asegurado que cuando terminen de revisar todos los inmuebles y determinar aquellos que no puedan considerarse bienes eclesiásticos, harán público el listado.
«Desde el Ministerio de Justicia estamos haciendo un listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, estamos trabajando para tener la información disponible y hacerla pública, estamos revisando todos los inmuebles y determinando aquellos que no puedan considerarse bienes eclesiásticos. Estamos ultimando este listado, cuando esté preparado lo haremos público», ha subrayado Delgado este martes 20 de noviembre durante la sesión de control al Gobierno en el Senado.
Así lo ha adelantado en respuesta a la senadora del grupo parlamentario Unidos Podemos Miren Edurne Gorrochategui sobre «si la vicepresidenta del Gobierno ha hablado con el Secretario de Estado de la Santa Sede sobre el problema de las inmatriculaciones ilegítimas realizadas por la Iglesia Católica al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria».
Gorrochategui considera que «más allá de que el Gobierno reconozca que han sido irregulares», las inmatriculaciones deben reconocerse como «inconstitucionales». En este sentido, ha propuesto a la ministra que incluya en el listado de bienes todos los inmatriculados también desde antes de 1998, y que se publique «para que no puedan darse, por falta de transparencia, acuerdos opacos entre Gobierno y Santa Sede» y se «haga la vista gorda a este escándalo».
También le ha sugerido iniciar un procedimiento para cancelar todos estos registros y crear una categoría jurídica nueva de «bienes de patrimonio cultural de dominio público y naturaleza religiosa».
Por su parte la ministra se ha remitido a la reunión entre Calvo y Pietro Parolin el pasado mes de octubre en la cual «se trató de establecer un diálogo constructivo sobre las inmatriculaciones», según ha defendido. En concreto, ha precisado que «la propia Iglesia» ha hecho «una reflexión» sobre estas inmatriculaciones.
«Se expusieron las dudas sobre la posible inconstitucionalidad, sobre la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998. La propia Conferencia Episcopal Española (CEE) ha admitido que pudo haber algún exceso en la lista de inmuebles que la Iglesia consignó como propios. El Gobierno y el Vaticano han acordado trabajar conjuntamente», ha zanjado.
