La Marea Verde Andaluza exige la inmediata dimisión del Consejero de Educación por el nuevo decreto de escolarización que privilegia la concertada. CGT exige un plan de protección ante una especie en extinción, la Escuela Pública

El decreto de escolarización anunciado hoy por el co-gobierno andaluz tiene el único objetivo de favorecer a los centros privados y, llegado el momento, eliminar grupos en los centros públicos con el argumento de que no hay alumnado. El sistema educativo no es un mercado, es un servicio público que no se puede regir por la oferta y la demanda. Es de esta forma que el co-gobierno andaluz de la mano de su Consejero, Javier Imbroda, privatiza y lo hace diciendo que da libertad a las familias cuando lo que da es derecho de segregación. Es decir, ordenar la desigualdad de clases para otorgar más mercado educativo a las empresas privadas subvencionadas. Y que se sepa bien claro, la gran beneficiaria es la iglesia católica. Con una red de centros muy amplia, con derecho al adoctrinamiento e incurriendo en cobros que favorezcan más si cabe, la segregación por motivos económicos.

No nos cansaremos de repetir y alertar: la libertad de elección de centros es un factor que reproduce las desigualdades sociales porque solo la ejercen realmente los más favorecidos cultural y económicamente. Con la famosa libertad lo único que persiguen es promocionar a la educación privada para imponerla como opción de referencia en el mercado educativo.

También denunciamos que en sus últimas declaraciones, el ex entrenador de baloncesto y ex socio de la fundación de FP privada Medac Javier Imbroda, deja claro su apuesta por favorecer la enseñanza privada subvencionada con fondos públicos en detrimento de la enseñanza pública. Citamos textualmente sus palabras: “la victoria no llegará hasta que se despoliticen las aulas y se adecúe el sistema educativo andaluz a las exigencias del siglo XXI”, que no quieren decir  otra cosa más que “están haciendo todo lo posible para privatizar el sistema educativo andaluz y adecuarlo a los intereses de los más favorecidos y de los poderosos”.

Además, con la soberbia que le caracteriza, se permite el lujo de hacer insinuaciones contra la escuela pública y todos los profesionales -que la han sostenido desde y a pesar de los años de recortes provenientes tanto del gobierno central del PP como del gobierno andaluz del PSOE- con declaraciones como “la enseñanza pública debe dejar de mirar de reojo a la concertada y centrarse en mejorar” o “no todo el mundo vale para ser docente y que en esta profesión deben estar los mejores”. ¿Acaso no sabe el señor Imbroda cuál es la función tan importante de cohesión social de la Escuela Pública y que los docentes deben pasar unas cuantas oposiciones? ¿Acaso no sabe que en la privada quienes trabajan están puestos a dedo o por afinidad con la línea ideológica del dueño del colegio de turno, la mayoría en manos de la iglesia católica? ¿Acaso no sabe que para ser Consejero de Educación hay que defender la Educación Pública por sobre todas las cosas?

¡No le admitimos ni las faltas de respeto ni los ataques! Quienes defendemos la Educación Pública frente a la privada, estamos en contra de las subvenciones, los conciertos educativos y todo el juego sucio con que el Consejero de Educación, sus cómplices políticos y sus secuaces mediáticos están intentando denigrar a la Escuela Pública para condenarla.

Es el ejecutivo andaluz de PP y C’s, y sus socios de Vox, quienes miran de reojo el buen hacer de profesionales y cualquier mejora de la Educación Pública, de la todos y todas, la del pueblo, y hacen todo por empeorarla favoreciendo a la privada, la de los suyos. El ejemplo más claro y más cercano de sus intenciones lo hemos demostrado y denunciado con toda claridad en el caso de zonas de alto crecimiento de la población como Teatinos en Málaga capital, en las que están facilitando y promoviendo la construcción y apertura de centros privados y bloqueando la construcción de centros públicos que llevan más de 10 años pidiéndose.

Lo que queda claro es que la Consejería ha estado afilando el lápiz y las tijeras… y sobre todo, coloreando el mapa de la educación en Andalucía. Cada vez saltan más alarmas rojas. Y esta es la que debe poner en pie a la comunidad educativa a menos de dos semanas de que comience el período de matriculación y escolarización, una marea verde que defienda lo que de verdad es de todas. Y no, no nos vale que digan que trabajemos para que la pública esté orgullosa de sí misma. Nosotras trabajamos para que toda la población andaluza, toda, tenga igualdad y equidad real. Y eso se resume en nuestro lema original: “Escuela pública de tod@s para tod@s”. Sin exclusiones, gratuita, laica, científica, universal, de calidad y para el 100%.

No se puede ser consejero de educación y a la vez verdugo de la educación pública. Así que, por el bien de la Educación Pública andaluza, pedimos la dimisión inmediata del Consejero de Educación y anunciamos movilizaciones hasta la retirada del decreto de escolarización.

Marea Verde Andaluza


COMUNICADO DE CGT SOBRE EL DECRETO DE ESCOLARIZACIÓN

La inmunidad de la enseñanza concertada al descenso de la natalidad. CGT exige un plan de protección para una especie en vías de extinción: la Escuela Pública andaluza.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha dado luz verde al nuevo decreto de escolarización que regula un procedimiento que se inicia en breves días, y todos los temores que en su momento esgrimimos ante el borrador, con alegaciones incluidas, se han hecho realidad. Que la educación pública en Andalucía estaba malherida, tras años de recortes y mala gestión de los anteriores gobiernos, era un secreto a voces. Que el nuevo gobierno tiene la intención de “darle la puntilla” es ya una realidad constatada.
A estas alturas ya no sorprende que el argumento de peso que más esgrime  el Consejero Imbroda sea el mal llamado “Derecho de libertad de elección de centro” por parte de las familias, aberración “paraconstitucional” que juega a la confusión con  lo que establece el artículo 27 de la Constitución, que  es que todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza y los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Que nadie se llame a engaño: bajo el lema de la libertad de elección lo que este Decreto viene a sancionar es el privilegio de los centros privados concertados en aquellas localidades (no muchas, pero sí las más pobladas) en las que exista al menos uno de estos centros. El ejemplo puesto por el propio Director General de Planificación lo deja bien claro: En una localidad que cuente con cinco centros públicos y uno privado concertado, el criterio de proximidad valdría para los colegios públicos –para los que se mantendría la zona de escolarización– pero no para el concertado, cuya zona de escolarización se extendería en ese caso por todo el municipio. ¿Acaso la libertad es patrimonio exclusivo de las familias que optan por un centro concertado?¿Dónde queda la libertad de elección de tantas familias de las ciudades de Granada (con más de un 60% de plazas escolares concertadas en Infantil, Primaria y Secundaria), Málaga, Cádiz o Sevilla, que se quedan sin plaza en centros públicos de su elección y se ven forzosamente derivados a centros privados concertados si quieren mantener a sus hijos en la zona educativa que les corresponde?
Y de la libertad, a la “demanda”, confirmando que este gobierno apuesta por entender la Educación como un bien de mercado sujeto a la oferta y la demanda, ya que se nos dice que la “demanda social” es un elemento más a la hora de organizar la oferta educativa. Pues bien, esperemos que se tenga en cuenta en aquellos centros públicos que reciben más solicitudes que plazas tienen concedidas, y no sólo para justificar un futuro incremento de los conciertos educativos en pleno descenso demográfico.
En lo que no podemos negarle la razón al Sr. Consejero Imbroda es en su afirmación de que no existe un plan oculto para la concertada, ya que parece claro que este plan es público y notorio, y que se basa en potenciar el modelo de enseñanza privada concertada allí donde atrae el interés de inversores y puede generar pingües beneficios. Las motivaciones íntimas de esta política de favor a la enseñanza privada, no se nos escapa, son tanto ideológicas (es manifiesto el absoluto predominio en Andalucía de centros privados concertados de confesión católica) como económicas, ya que ante la crisis de otros sectores productivos hace tiempo que grandes empresas de capital privado han optado por fijar su objetivos en los servicios públicos: Educación, Sanidad, Asistencia Social,… Para estos sectores se ha legislado, como bien debe saber nuestro Consejero, que llegó al cargo proveniente de una empresa privada dedicada al “negocio” educativo.
Los conciertos educativos con empresas privadas surgieron en su momento ante la imposibilidad de acometer la escolarización obligatoria en la exigua red de centros públicos existentes a comienzos de los 80 del siglo pasado. El peso que estos centros han llegado a tener en la mayoría de las grandes ciudades andaluzas es anormal, y aberrante podría decirse, si comparamos con cualquier país europeo. Pues bien, ahora que vienen tiempos de descenso demográfico, cuando lo lógico sería pensar que se reducirían las unidades escolares concertadas por innecesarias, resulta que nos encontramos con que en los últimos años se han mantenido prácticamente blindadas, mientras los centros públicos han sufrido una reducción drástica de unidades en los niveles inferiores: Educación Infantil y Primaria.
En un reciente estudio, CGT ha alertado de que la excusa del descenso demográfico en Andalucía ya ha servido para iniciar el desmantelamiento de la Escuela Pública  en favor de la enseñanza privada concertada, y no es una novedad achacable en exclusiva al actual gobierno. Recordamos el dato de que entre 2011 y 2018 en Andalucía se eliminaron 654 unidades públicas de Educación Infantil y Primaria, mientras que en el mismo periodo se incrementaron en 923 las unidades en centros privados concertados de los mismos niveles. El futuro que plantea el actual Decreto de Escolarización (las declaraciones del Gobierno andaluz lo confirman) es de profundizar y acelerar este proceso, extendiéndolo, cuando le llegue su momento, al resto de niveles educativos: ESO, Bachillerato y FP. Así se entiende el oscurantismo con el que se maneja por parte del Servicio de Planificación la previsión inicial de unidades escolares previstas para el proceso de escolarización que comienza en breve, dato que, por el momento, seguimos desconociendo oficialmente, pese a haberlo solicitado por registro en todas las Delegaciones Territoriales de Educación.
En definitiva, y como bien ha señalado el Consejero de Presidencia Sr. Bendodo, el Decreto de Escolarización es un paso que marca el camino. Lo que pretende el Gobierno es dar pasos para que más pronto que tarde los padres puedan elegir llevar a sus hijos al colegio que les dé la gana. Este paso se irá potenciando en el futuro.

Pues bien, CGT, fiel a su historia, se compromete a llenar ese camino de barricadas que defiendan a la Escuela Pública andaluza de este feroz ataque que la pone en peligro de extinción en nuestras ciudades. Ahora, más que nunca, la comunidad educativa andaluza debe movilizarse en defensa de una educación pública de calidad, integradora, igualitaria y democrática; y pelear porque reciba la dotación económica y los recursos humanos adecuados para el desarrollo de sus funciones. De lo contrario, nos veremos abocados a un futuro en el que la única libertad de elección de centro en muchas ciudades andaluzas será la de elegir la empresa u orden religiosa que eduque a nuestras hijas e hijos; eso sí, mantenidas con el dinero público.Image

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