La mano del Gobierno ha mecido la sentencia de los profesores de religión
No sólo en Italia se producen ajustes finos en las relaciones entre la Iglesia católica y la izquierda gobernante. En España, también.
En la España del zapaterismo,paradigma de una laicidad que el Vaticano observa con suma preocupación, también se pacta; unas veces bajo los focos; otras, detrás de los cortinajes.
La mano del Gobierno español ha mecido la cuna en la que los magistrados del Tribunal Constitucional depositaron, el pasado 15 de febrero, un fallo muy esperado por la jerarquía católica. Una sentencia – conocida el pasado viernes- que reconoce sin cortapisas la potestad de los obispos sobre los profesores de religión en los colegios públicos. El alto tribunal ha desestimado por unanimidad – este último matiz es muy importante- una cuestión de inconstitucionalidad promovida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias sobre los acuerdos de 1979 entre España y la Santa Sede referidos a la enseñanza, a raíz del despido de una profesora.
"La facultad de las autoridades eclesiásticas para determinar quiénes son las personas cualificadas para la enseñanza de su credo, constituye una garantía de la libertad de las Iglesias", reza el párrafo más significativo de una sentencia que acepta la validez de la Declaración Eclesiástica de Idoneidad. Éste es el instrumento que permite al episcopado seleccionar a los profesores, cuyo contrato y estipendio corre a cuenta de la Administración.
El fallo, como decíamos antes, fue adoptado por unanimidad y sin votos particulares. Yla ponencia corrió a cargo de la propia presidenta del tribunal, María Emilia Casas Bahamonde. Según fuentes conocedoras del ámbito judicial, la juez Casas ha puesto un especial interés en buscar el consenso y en lograr un pronunciamiento nítido y sin aristas, de ahí la importancia de que no haya habido votos particulares. En esta ocasión, la feroz división entre conservadores y progresistas que suscitan otros asuntos – por ejemplo, el Estatut de Catalunya- apenas ha emitido señales radiactivas.
Y aunque sería temerario deducir de ello una presión explícita del Gobierno sobre las deliberaciones, la quietud con la que el Ejecutivo ha acogido el fallo y el rostro sereno de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, el pasado viernes tras el Consejo de Ministros, permiten deducir que el Gobierno, como mínimo, ha mecido la cuna.
La señora De la Vega mantiene desde hace meses reuniones periódicos con el vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, con el objetivo de atenuar la hostilidad manifiesta de la Iglesia ante la inequívoca orientación laica del Gobierno; ante el zapaterismo que estas semanas tanto turba a la Italia católica; ante el socialismo radical,cuyos efectos contaminantes en Latinoamérica tanto teme el Vaticano.
La vicepresidenta De la Vega y el cardenal Cañizares, según fuentes conocedoras de las negociaciones, no sólo han llegado a acuerdos de calado, sino que han logrado establecer una muy correcta relación personal. En la práctica, ello ha supuesto un gradual viraje de la política gubernamental, cuya concreción más visible – antes de la reciente sentencia del Constitucional- es el acuerdo para la financiación de la Iglesia, del pasado mes de septiembre, que sube del 0,5% al 0,7% del IRPF las aportaciones voluntarias de los contribuyentes; acuerdo que fue criticado de manera ácida por los sectores más anticlericales del PSOE.
El disenso pasa ahora por la nueva asignatura de educación para la ciudadanía, cuyos contenidos comenzarán a ser lectivos el próximo curso. La Iglesia se opone al nuevo "experimento laicista". Pero hay muchas maneras de oponerse. Organizando una manifestación en Madrid – una más-, por ejemplo. Llamando a los padres católicos a la objeción de conciencia; o haciendo constar el desacuerdo con énfasis, pero sin embestir al poder político. Ésa es la discusión que ahora está en curso, en el interior de la jerarquía y en el catolicismo militante.
