Los primeros pasos de esta nueva ley educativa vuelven a repetir una historia sin más garantías que la provisionalidad alternante.
Estamos lejos de haber llegado a un relato compartido. La llamada “Ley Celáa”, anunciada a finales de 2018, apenas llegada al Congreso ha vuelto a suscitar las viejas proclamas en pro de la “libertad de elección de centro” y similares, tan reiteradas desde 1901 –en que Álvaro de Figueroa y Torres, el segundo ministro que tuvimos en Educación- echaba en cara a los conservadores su amor a esta libertad educativa cuando tan enemigos eran de las otras libertades democráticas.
¿Libres?
Hace un año, sin que hubieran levantado nunca el grito en pro del otro núcleo del art. 27CE, la universalidad equitativa, la actual ministra les enardeció cuando, ante el Congreso de Colegios Católicos, trató de situar el alcance de la palabra “libertad” indicando que nada tenía que ver con lo que la interpretación neoconservadora ha querido entender. Lo llamativo fue que la propia ministra intentó poner en claro -para apaciguar el revuelo que suscitó- lo que había dicho; no fuera a entenderse que estaban en entredicho las jugosas prestaciones económicas de más de 6.000 millones de euros del Presupuesto anual, destinados a la red educativa concertada.
La Covid-19 está desnudando, destemplada, los aspectos más inconsistentes de las políticas sociales, en un momento nada propicio para que salga adelante una LOMLOE más propicia a atenderlas con cambios profundos en el terreno movedizo de la educación. La atención que reclaman las frágiles estructuras productivas hará que no se repare mucho en si se consolida el cansancio de pugnar para que no haya el fracaso que sigue mostrando la ESO, con un 25% de alumnado que no logra el título correspondiente –pese a existir un 29% de repeticiones- y que, en la práctica, se queda sin acreditación alguna. Son tantas las demandas de tantos perjudicados por esta pandemia en sus negocios, que no sería extraño que se volviera a pasar de puntillas sobre la coincidencia de que la proporción de ese “fracaso escolar” sea tan parejo al de la pobreza infantil, que UNICEF y Save the Children, entre otras organizaciones, venían acreditando desde hace años.
Es muy probable, sin embargo, que una de las matrices de los desajustes que, desde hace ochenta años tiene incrustada en su estructura la enseñanza española, continúe facultando en esta LOMLOE ayudas específicas para que la red privada y concertada sigan creciendo a cuenta de los impuestos de todos, mientras sostienen idearios ajenos a una libertad y universalidad educadoras en términos de equidad. El precedente, abierto en la LOE equiparando en el art. 108.4 el rango del servicio público de la educación que prestan “los centros públicos y privados concertados”, lo ratificó, de nuevo, la reconsideración de las medidas que, con motivo de la “reconstrucción post-Covid-19”, se habían pensado solo para la enseñanza pública y que, a finales del pasado mes de julio, fueron revertidas para atender, “sin segregar”, a la red concertada, privada en definitiva.
La necesidad que tiene la coalición gobernante de que catalanes y vascos les apoyen para sacar adelante la LOMLOE, sumada a lo que hace el PP en las Comunidades que gobierna, reafirma un sistema educativo favorable a seguir interpretando el art.27CE según las posiciones conservadoras. Aleja, además, la posibilidad de que la legislación española se parezca a la que rige en Francia las relaciones del Estado y la Iglesia desde 1905; mientras rijan los Acuerdos de 1977-79 con el Vaticano –con la historia que acarrean de atrás-, un homenaje a los docentes e investigadores exiliados y depurados en los años cuarenta, similar al que los franceses acaban de tributar en nombre de la libertad de expresión al profesor Samuel Paty, el pasado día 21 de octubre de 2020, habrá de seguir esperando.
Desiguales
Todo indica que la arqueológica división del sistema educativo en “escuelas” y “colegios” -socialmente tan determinante hasta muy entrados los años setenta-, seguirá ahí y, en algunos aspectos, puede que aumente. La conciliación que imaginó la LODE en 1985 para poner orden en las subvenciones franquistas a “los colegios”, no se ha producido; la brecha social que muestran sigue creciendo. En España, uno de los países más desiguales de Europa según la Comisión Europea, los aproximadamente 671.000 docentes de la enseñanza pública atienden a un alumnado con proporciones de favorecidos y desfavorecidos inversa -en términos socioeconómicos y culturales-, al que tiene la privada-concertada; esos profesores y maestros son conscientes de que la relación de su alumnado con estudios superiores y puestos de trabajo de alta cualificación tendrá una proporción idénticamente inversa a la de chicos y chicas que atienden los 193.972 profesores y maestros del circuito privado-concertado.
El sistema educativo actual sigue segregando por este capítulo como lo hizo prácticamente siempre. Según los datos oficiales, esta otra red de educación ha pasado en estos cinco últimos a controlar un quinto de los 34.746 millones de Euros del presupuesto educativo de 2017, un 7,2% más que diez años antes; en el mismo tiempo, la participación de la enseñanza pública en el crecimiento del presupuesto solo creció un 1,4 %. No se pierda de vista, además, que cuando de comparaciones se trata, cuestión que a menudo sacan a relucir los gestores de centros privados, en su cómputo hablan del gran servicio público que hacen y con menor coste; no incluyen lo que ha de atender la enseñanza pública subsidiariamente: la ruralidad de muchas escuelas, los plus de desdobles, profesores de apoyo y adaptaciones curriculares que, en desigualdad manifiesta, ha de cuidar para no ser excluyente de raíz con los ciudadanos más necesitados.
Nómadas
El mundo que muestra la Covid-19 no se parece al que algunas memes tranquilizadoras han tratado de imaginar como ocasión para una conversión masiva a la bondad esencial; ese perfeccionamiento místico deja cómodamente fuera la avidez de cuantos ven en la Sanidad, en los servicios sociales y en la Educación una fuente de negocio. Más pronto que tarde, sus fautores habrán de escuchar lo que, en un camping americano de caravanas, entre víctimas de la economía actual, cuenta Jessica Bruder (País nómada: Supervivientes del siglo XXI. Capitán Swing: 2020), que le dijo una muchacha conocedora del mundo universitario, con ganas sobradas para estudiar pero con escasez de recursos –y mucho pánico por endeudarse con los estudios: “-¿Para qué seguir estudiando si el mercado de trabajo solo ofrece puestos del nivel más bajo?”
Manuel Menor Doctor en Pedagogía
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