Una de las primeras disposiciones que aprobó el Gobierno Provisional sobre la separación entre el Estado y la Iglesia fue el Decreto del 6 de mayo de 1931 sobre libertad religiosa en las escuelas, en un mes intenso en la historia de las relaciones entre ambas instituciones, y del anticlericalismo violento, entre la Carta Pastoral contra la República del cardenal Segura y la quema de conventos.
Uno de los postulados de República, como establecía el preámbulo del Decreto, era la libertad religiosa. Se reconocía que con el Decreto que se aprobaba España se situaba en el plano moral y civil de las democracias europeas, y de las americanas, que se habían anticipado en el establecimiento del régimen republicano.
