La reforma educativa de la Lomloe, también conocida como ‘ley Celaá’, prohibirá expresamente el pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar, según ha podido saber RNE.
Es una de las novedades que recoge el dictamen que la Comisión de Educación del Congreso hará público este martes y que incluye nuevas enmiendas que afectan a la enseñanza concertada.
El texto también contempla que se deje de financiar a colegios que segreguen por sexo y que no se ceda suelo público a la construcción de nuevos centros concertados.
Además, da más peso a la proximidad del domicilio de residencia, siendo este el único criterio para la admisión en centros educativos que podrá superar el 30% de puntuación máxima. Se mantienen otros como el de tener hermanos o hermanas en el mismo centro, la proximidad al trabajo de padres o tutores, el de familia numerosa y la condición de víctima de violencia de género.
Respecto al pago de cuotas, el texto de la nueva ley señala que «en ningún caso» podrán los centros públicos o concertados «percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito» o imponer «la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica» por parte de las familias de los alumnos.
El objetivo de la enmienda es garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos «sin discriminación por motivos socioeconómicos».
Estudio de la memoria democrática
El texto de la Comisión de Educación del Congreso también incluye el estudio de la memoria democrática, aunque no especifica ni a la edad que se debe impartir ni en qué condiciones.
A juicio de la Comisión, es necesario que la comunidad educativa tenga un «conocimiento profundo» de la historia de la democracia en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, y añade que su estudio deberá plantearse desde una perspectiva de género haciendo especial hincapié en la lucha de las mujeres por alcanzar la plena ciudadanía. «Permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico», sostiene el texto.
Derogar la Lomce o ‘ley Wert’, vigente desde 2013, es el principal objetivo de una reforma que aspira a evitar la «segregación del alumnado por razones socioeconómicas o de cualquier otra naturaleza», extender la Educación Infantil de 0 a 3 años, devolver poder de decisión a los Consejos Escolares, fomentar la Formación Profesional y transformar el actual currículo.
Una reforma muy criticada por la oposición
La oposición ha mostrado su rechazo a la iniciativa del Gobierno desde hace meses y, en la última semana, ha cargado de manera rotunda contra la enmienda pactada por el PSOE, Unidas Podemos y ERC que suprime de la ley educativa la referencia al castellano como «lengua vehicular» en la enseñanza».
El Partido Popular ha avisado de que está dispuesto a recurrir al Tribunal Constitucional esta norma si al final el Gobierno y sus socios «excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada».
El Gobierno aprobó el proyecto de ley en Consejo de Ministros, por primera vez, en febrero de 2019, justo antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones para abril de ese mismo año. En marzo de 2020, el nuevo Ejecutivo de coalición volvió a darle luz verde.
