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La ley ‘anti Celaá’ de la Comunidad de Madrid prevé ceder suelo público para centros concertados

El Consejo de Gobierno aprueba este miércoles la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa.

La Comunidad de Madrid podrá convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional, según establece la futura Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa, cuya tramitación comienza mañana miércoles el Consejo de Gobierno para su posterior envío a la Asamblea.

El objetivo de la futura norma es garantizar “la libertad de elección, la calidad de la enseñanza, la educación especial y el español como lengua vehicular”, según ha dicho la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, durante una visita al Centro Público de Educación Especial María Soriano de Madrid”.

“El sistema educativo de la región se basa, principalmente, en la libertad, para ahondar en la excelencia académica, el mérito y el esfuerzo” y lo “seguirá siendo” pese a la entrada en vigor hoy de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (LOMLOE),  ha agregado.

El texto de la LOMLOE también afirma que “los municipios cooperarán con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes públicos”. En este sentido, la ministra de Educación, Isabel Celaá, ha criticado en reiteradas ocasiones los “abusos” que se han cometido para dar suelo público a la concertada; “no se pueden volver a repetir”.

Concursos públicos para la construcción de concertados

La nueva ley regional, según el comunicado del Gobierno autonómico, establece que “la Comunidad podrá también convocar concursos públicos para la construcción y gestión de centros concertados sobre suelo público dotacional”.

Por otro lado, Díaz Ayuso ha explicado que la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa reconocerá, dentro del marco fijado por la nueva Ley estatal, que la educación diferenciada no rompe la igualdad, al ser conforme con “nuestro texto constitucional, ya que, según el propio Tribunal Constitucional, no se considera discriminación la organización de la enseñanza diferenciada por sexos”.

Se garantizará, además, “el derecho a recibir las enseñanzas en español, como lengua oficial y vehicular de España; términos suprimidos en la Ley educativa estatal. Se va a promover este derecho suscribiendo convenios con otras comunidades autónomas e instituciones públicas y privadas para la difusión de nuestra lengua oficial”.

Igualmente, asegurará la existencia de plazas suficientes en las enseñanzas declaradas como obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de plazas escolares de los centros sostenidos con fondos públicos y la demanda social, “concepto que ha quedado excluido en la Lomloe”, agrega el comunicado.

Con la ley regional que comienza este miércoles su tramitación, las familias madrileñas podrán elegir entre las diferentes modalidades de escolarización para los alumnos con necesidades educativas especiales: en centro ordinario, aulas específicas de educación especial en centros ordinarios, centros de educación especial o educación combinada (el alumno se matricula en ordinario y especial y acude a uno u otro en función de los días).

Esta escolarización se revisará de forma continua para que en cada momento se cuente con el entorno educativo más inclusivo y potenciador de las capacidades del alumno.

Sistema de zona única

De esta manera, “se garantiza en la región la continuidad de los centros de educación especial en la Comunidad de Madrid, pese a la aprobación de la nueva ley educativa estatal”.

“Es imprescindible -ha añadido Díaz Ayuso- para muchos alumnos, no vamos a permitir, como pretende soterradamente la Ley Celaá, que estos centros se vayan vaciando”.

Con esta ley,  ha concluido, se procurará un sistema similar a la zona única educativa que “ahora mismo está vigente en la Comunidad de Madrid y que permite que nueve de cada diez familias obtengan plaza en el centro elegido como primera opción”.

Precisamente, la Comunidad adelantó el proceso de admisión del nuevo curso escolar 2021/2022 para garantizar la libertad de elección de las familias antes de la aprobación de la Ley Celaá.

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