Que la alcaldesa diga públicamente, como hizo en la entrevista en La Lupa, que el reglamento de laicidad sigue siendo uno de los puntos del programa -en el acuerdo de gobierno con IU- a sacar adelante en este mandato, no parece suficiente. Porque por un lado están las palabras, en boca de Ana González: «Está redactado y lo hemos adaptado al marco jurídico español. Es un reglamento de aconfesionalidad y no una mera cuestión estética»; y otra, lo hechos.
A saber, este asunto debería ir, como se está haciendo este mandato, a la Comisión Especial de Reglamentos. Allí es donde está ahora mismo la ordenanza de subvenciones, una de las más complejas que queda por aprobarse en lo que queda de año -y que quizá se vaya a principios del año que viene- dado que se acaba de iniciar el debate del articulado. La cuestión es que en el Pleno del viernes se anunció que, una vez salga adelante esta ordenanza, entrará el reglamento del Consejo de Memoria Democrática. O sea que, como pronto, el de laicidad tendrá que esperar casi hasta la primavera y con las elecciones a la vuelta de la esquina.
La comisión donde están debatiendo estos asuntos es quincenal, y su forma de trabajo, impulsada en este mandato socialista y bajo la presidencia de Marina Pineda, es de trabajar conjuntamente y llegar a acuerdos más que una fórmula de enmiendas y votación. Por ahí ya han pasado desde 2013 el reglamento de funcionamiento del Pleno, el del Consejo de Bienestar Animal y el de Movilidad Sostenible, entre otros. La laicidad probablemente traería más quebraderos de cabeza que las anteriores.
