Europa Laica reclama al Gobierno que impulse reformas para evitar ayudas económicas a actividades sin relación con el culto o la caridad
El órgano fiscalizador apunta a un posible incumplimiento de la legislación europea sobre ayudas de Estado por la financiación de Trece TV vía IRPF
Dos sentencias del Tribunal de Luxemburgo y una del TSJ de Baleares han tumbado exenciones fiscales que beneficiaban actividades lucrativas
Tanto la Justicia como el Tribunal de Cuentas, el órgano de fiscalización de las administraciones en España, han comenzado a cuestionar que la Iglesia católica haga negocios beneficiándose del dinero público, sea en forma de exención fiscal o de inyección económica.
Puede sonar raro que la Iglesia participe en el juego del mercado. Pero lo hace. Desarrolla actividades lucrativas. Y hace caja. Un ejemplo: la Iglesia, que no es una institución monolítica sino una suma de miles de entidades, pone en alquiler locales por los que no paga impuestos. Además, financia su televisión con dinero salido de las arcas públicas.
Pero no es el único frente abierto para las actividades comerciales de la Iglesia, que también los tiene en los tribunales españoles y europeos, donde se abren paso los primeros fallos contra sus privilegios económicos. Pese a estos cuestionamientos, las reformas legales en España para que las ayudas a la Iglesia sólo cubran la actividad religiosa y caritativa siguen pendientes.
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Europa Laica
Enrique Ruiz del Rosal, miembro de la junta directiva de Europa Laica, afirma que el Gobierno cuenta ya con elementos de sobra para impulsar reformas legales que limiten las exenciones y ayudas públicas a la Iglesia exclusivamente a las tareas religiosas o caritativas. Dichas ayudas, a su juicio, no están cubiertas por los acuerdos de 1976-1979 entre el Estado español y la Santa Sede. “Lo de Trece es una ayuda de Estado clarísima. Y hay muchas más ayudas sin justificación real. Deberían tomar cartas la propia Comisión Europea o el Gobierno, porque el Estado es el principal afectado, y más ahora, con el déficit disparado, cuando es especialmente grave que se esté esquilmando a las arcas públicas de esta manera. Veremos si lo hacen. Si no, queda la vía de una demanda, o de que un juez plantee una cuestión prejudicial a la Justicia europea”, señala Ruiz del Rosal, que teme que el diálogo Gobierno-Conferencia Episcopal quede en cambios superficiales.
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