El Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso que Europa Laica había interpuesto contra la concesión en 2017 por parte del Ayuntamiento de Cádiz de la medalla de oro de la ciudad a la virgen del Rosario. Además, le condena a las costas del juicio. La asociación recuerda que su querella “en ningún momento se hizo en base a supuestos antirreligiosos” y lamenta que los “rebuscados” argumentos del fallo “son dignos de figurar en los anaqueles de una judicatura que sigue anclada en un pasado de nacional-catolicismo”.
El Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Cádiz ha desestimado el recurso que Europa Laica había interpuesto contra la concesión por parte del Ayuntamiento de Cádiz de la medalla de oro de la ciudad a la virgen del Rosario. Además, condena a dicha asociación a las costas del juicio, hasta 6.000 euros, “desproporcionadas y con un claro sentido de castigo”, aprecian los demandantes. El fallo se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), y se recurrirá.
El Ayuntamiento aprobó en el pleno de mayo de 2017 la concesión de dicha medalla a la estatua de la patrona de la ciudad. Respaldaron la controvertida iniciativa PP, PSOE y Ciudadanos, pero también la mitad del Gobierno municipal: Por Cádiz sí se puede se posicionó a favor, mientras Ganar Cádiz en Común, manteniendo “su compromiso laico”, votó en contra.
Un acto casi de ‘consumo interno’ que trascendió a nivel nacional poniendo el foco en un único protagonista: el alcalde de la agrupación de electores promovida por Podemos, José María González ‘Kichi’. Escondiendo de forma interesada que, además, la propuesta no partía ni del Gobierno local ni de la oposición y venía avalada por más de 6.000 firmas: fue promovida por particulares, asociaciones de vecinos, entidades ciudadanas y colegios profesionales, al cumplirse en 2017 el 150 aniversario de la proclamación de esta virgen como patrona.
En su momento, la asociación Cádiz Laica ya ironizó de los “elevados méritos” expuestos para la entrega de dicha distinción a un objeto, consistentes en que “fieles creyentes le rezaron durante el transcurso de dos epidemias y un maremoto”; criticando al tiempo el “sometimiento de los representantes públicos a un lobby religioso que quiere imponer a toda la sociedad su religión, su moral y sus símbolos”.
Y en marzo trascendía que la asociación laicista estatal Europa Laica había denunciado al Ayuntamiento de la capital gaditana por la concesión de dicha medalla. A finales de octubre, hace dos meses, se celebró el juicio, no exento de tensión con presencia de los defensores de la virgen.
La demanda se fundamentaba en “dos cuestiones importantes”. Una, en la “vulneración” del propio Reglamento de Honores “y en el carácter aconfesional que es exigible al simbolismo institucional”; y otra, en el “irracionalismo” en que se basa la concesión, atribuyendo a esta virgen varios milagros como acabar con la peste, la fiebre amarilla y el maremoto que asolaron la ciudad en siglos pasados: “algo que resulta de todo punto inaudito y nada serio tomar en consideración en pleno siglo XXI”. En este sentido, el colectivo laicista aportaba “documentación y dictámenes científicos concluyentes en contra del irracionalismo y la superstición de esta milagrería de intercesión virginal”.
“ESTA SENTENCIA NO HACE SINO ALEJAR A ESPAÑA DE LA MODERNIDAD”
“En ningún momento el recurso se hizo en base a supuestos antirreligiosos sino poniendo el foco exclusivamente en cuestiones de simple democracia por incumplimiento flagrante de las propias normas municipales”, inciden desde Europa Laica en el comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz tras conocerse la sentencia.
Los “rebuscados” argumentos del fallo para rebatir las irregularidades denunciadas “son dignos de figurar en los anaqueles de una judicatura que sigue anclada en un pasado de nacional-catolicismo donde la penetración de organizaciones religiosas de orientación claramente antidemocrática no hace sino alejar a España de la modernidad”. “Con interpretaciones legales forzadas y rebuscadas en otras anteriores sentencias de similar calaña que ni son acordes con la racionalidad ni con la aconfesionalidad constitucional del Estado”, se queja la asociación, que avanza que recurrirá esta sentencia así como las costas impuestas.
Por ejemplo, según la sentencia, la medalla se concede a dicha imagen religiosa pero “como símbolo representativo” del convento de Santo Domingo, “persona jurídica” de dicha distinción. O sobre los irracionales méritos discutidos por la parte demandante, el fallo afirma que no es de su competencia “determinar la realidad o no de la intervención de la virgen en las epidemias y maremotos que conforman sus méritos”; es más, llega a apuntar que la fe en esta imagen de “gran parte de los ciudadanos” de Cádiz supuso “en momentos de grandes calamidades, sobreponerse y apoyarse en su patrona para superar las dificultades que se plantearon”.
Europa Laica aprovecha además para denunciar el papel que ha tenido en estos hechos la “mayoría del pleno del Ayuntamiento de Cádiz, con su alcalde al frente”, practicando “un populismo confesional que no es de recibo, menos aun perteneciendo a una formación política que dice defender los valores democráticos de la laicidad, pero que alimenta fanatismos católicos, como bien se pudo constatar en la vista oral de este procedimiento y en el ambiente social creado alrededor de este y otros temas, que no se deben corresponder con una sociedad que sea libre de dogmatismos”.
“Seguiremos batallando por una separación efectiva de las iglesias y el Estado, con la erradicación de este tipo de simbologías de parte en unas instituciones y comportamientos de los cargos públicos. Porque la laicidad del Estado es un principio indisociable de la democracia y de la libertad”, sentencia este colectivo laicista.
Esta demanda contra la concesión “de forma irracional” de honores a “seres inanimados” tiene un antecedente, con parecido desenlace: Europa Laica rechazó que el Ministerio del Interior entregara la medalla de oro al mérito policial a la virgen del Amor de Málaga en 2014. Sin embargo, la sentencia final de Tribunal Supremo, avaló dicha concesión.
