La decisión judicial abre una puerta de esperanza en una Europa asolada por una extrema derecha a la que la UE no ha parado los pies hasta ahora.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha desestimado esta mañana el recurso que Hungría y Polonia habían interpuesto ante la decisión de la Comisión Europea de bloquear los fondos europeos Next Generation por la condicionalidad del respeto al Estado de Derecho en esos dos países. Esta decisión de la justicia europea supone un duro revés para los ejecutivos del húngaro Víctor Orbán y del polaco Andrzej Duda.
Para entender esta resolución habría que retrotraerse a finales de 2020, cuando en plena negociación por la condicionalidad de los Fondos de Recuperación y Resilencia, tanto Hungría como Polonia cuestionaron la medida de bloquear la recepción de dinero comunitario si no se respetaba la regla del Estado de Derecho. La presión de ambos logró que la definición final de esa condicionalidad quedará muy abierta y con la reserva de una decisión del Tribunal de Justicia Europeo.
Aún así, en diciembre de ese mismo año la UE adoptó un reglamento que fijaba legalmente la posibilidad de supeditar el acceso a la financiación europea en caso de vulneración por parte de un Estado miembro de los principios del Estado de Derecho. Hungría y Polonia reaccionaron de inmediato recurriendo el Reglamento, incluyendo la petición de su anulación. Y hoy se ha conocido el veredicto final que da la razón a los organismos de la Unión Europea y consagra la condicionalidad de protección de los derechos fundamentales.
“Este fallo abre una pequeña esperanza en Europa”
En una UE con mecanismos democráticos prácticamente inexistentes, con derechos fundamentales en claro retroceso (militarización de fronteras, política migratoria dura, proyecto Europa Fortaleza, etc..) y con una grave amenaza por el empuje de las fuerzas de extrema derecha, este fallo judicial abre una pequeña esperanza. Podría decirse que últimamente nos contentamos con poco, pero si el tribunal no hubiera dado un tirón de orejas a Orbán y Duda, hoy estaríamos un poco más desanimados.
El tribunal advierte claramente que la ejecución presupuestaria y las finanzas europeas “pueden verse seriamente amenazadas por la vulneración de los principios del Estado de Derecho que se produzcan en un Estado miembro”. Una declaración que nos aleja de la condicionalidad marcada por los recortes y la austeridad económica a la que nos tiene acostumbrada la UE, y que podría abrir la vía a nuevas condicionalidades sociales como el mantenimiento del empleo o condiciones de trabajo digno.
La decisión de hoy supone una pequeña victoria para las mujeres polacas que siguen siendo perseguidas por querer ejercer su derecho al aborto, para las personas LGTBI que sufren la violencia impulsada desde Budapest por el gobierno húngaro, a la prensa libre que sufre la censura del gobierno Orbán y a todas aquellas personas que viven a diario la injerencia del gobierno de Polonia en una justicia cada vez menos independiente.
