El tribunal superior de la comunidad advierte de que la Consejería de Educación, en manos de Vox, está violando el principio constitucional de libertad religiosa.
La Consejería de Educación de Murcia, que dirige la política de Vox Mabel Campuzano, está violando el principio constitucional de libertad ideológica y religiosa de los ciudadanos y el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones. Así de contundente se muestra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que ha reconocido el derecho de una familia a que sus hijos reciban clases de religión islámica en un colegio público de la comunidad. Esa asignatura no se imparte en ningún centro murciano pese a que en la región estudian unos 23.000 menores que profesan ese credo, según los datos aportados por la Comisión Islámica de España.
La sentencia da la razón a una mujer de Cartagena, que prefiere no dar sus datos por miedo a represalias, y que lleva varios cursos pidiendo a la Consejería de Educación que ponga en marcha esas clases, que están previstas en la ley a nivel nacional desde 1992. “Basta con que haya 10 alumnos en un colegio que soliciten las clases y yo recabé casi 50 solicitudes”, explica la mujer a EL PAÍS en conversación telefónica. No le sirvieron para nada, porque la consejería nunca le dio respuesta, y al inicio del curso vio con sorpresa cómo en el colegio donde estudian sus tres hijos se comenzaban a impartir clases de religión evangélica, además de las ya establecidas de religión católica.
Decidió entonces acudir a los tribunales: “No solo por mí, sino por toda la comunidad islámica de Murcia [unas 140.000 personas], que está esperando a que alguien se mueva, a que alguien reconozca su derecho como se reconoce el de las demás religiones”, añade. Muchos, asegura, no pueden dar el paso por falta de recursos o de conocimientos, incluso por dificultades con el idioma. Este último no es un problema para ella, ya que es española.
La sentencia del Superior de Murcia recuerda que la Constitución y la ley de cooperación del Estado con la Comisión Islámica, de 1992, establecen el derecho de las familias a que sus hijos reciban formación religiosa conforme a sus convicciones. El tribunal destaca que esta madre ni siquiera solicitaba que las clases de religión se impartieran en un colegio determinado, sino en aquel donde “se cumplan los requisitos acordados”. Relata también que la Comisión Islámica de España envió a la Administración murciana un listado con posibles profesores para impartir esta asignatura, pero la Consejería de Educación no llegó a publicar ninguna lista con los aspirantes ni hizo requerimiento alguno a la entidad islámica para subsanar posibles errores.
Por todo ello, la sentencia advierte de que “el derecho fundamental de los hijos de la recurrente a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros públicos que cumplan los requisitos en la Región de Murcia no ha sido respetado dada la inactividad de la Administración en cumplimentar el proceso iniciado para que se pudieran impartir clases de religión islámica”. Condena además a la Administración a pagar las costas del proceso.
El coordinador de la Comisión Técnica de Educación de la Comisión Islámica de España, Ihab Fahmy, explica por teléfono que esta situación se ha venido repitiendo de manera recurrente desde 2014 en la Región de Murcia, donde la comisión no ha logrado que se impartan clases de religión islámica ni siquiera de manera piloto. “Cada vez que pedimos una reunión con la Consejería de Educación, la respuesta es demorar esos encuentros. Y cuando nos reciben, es solo para despacharnos, pero no para colaborar. Nunca se han ofrecido soluciones ni propuestas, no se nos han dado alternativas”, lamenta. Pese a ello, insiste en que la Comisión Islámica ofrece cada año a la consejería un listado con posibles profesores, así como un currículo para la asignatura, libros de texto y otros materiales, siempre sin respuesta o con contestaciones extraoficiales que apuntan a que los requisitos para la selección de los docentes son diferentes a los del resto de España, aunque sin concretar cuáles.
Mientras, cada año hay numerosos centros escolares que contactan con la Comisión Islámica para preguntar si se impartirán esas clases por la alta demanda. “Estamos hablando de unos 140.000 musulmanes que residen en la Región de Murcia, de los que unos 23.000 están en edad escolar. Son cifras muy importantes. Las clases de religión son la semilla de la integración y la normalización de estos alumnos, para los que el mejor sitio de sus vidas debería ser el colegio, pero no se sienten plenamente iguales”, advierte Fahmy, que insiste en que la actitud de la consejería no le parece “ética”: “No estamos hablando de un privilegio, sino de un derecho”, se queja.
Un portavoz de la Consejería de Educación murciana explica que sus servicios jurídicos están estudiando la sentencia y no han decidido aún si la recurrirán. Achaca las “trabas” que hasta ahora ha habido para impartir estas clases a la falta de un organismo regional equivalente al obispado de la religión católica en el caso de la islámica que pueda “habilitar” a los profesores.
A la espera de la decisión que tome Educación, la madre denunciante se toma la sentencia “con alegría y esperanza” de que el próximo curso sus hijos puedan estudiar religión islámica. “La educación es fundamental”, no solo para darles un futuro, sino para que se sientan “identificados” y “orgullosos” de ser españoles a la vez que musulmanes, explica. “El islam no enseña nada malo, se basa en la tolerancia y el respeto. Que nuestros niños lo aprendan en el colegio los ayuda a tener unos valores, pero también a socializar, a evitar que se formen grupos, a tener una identidad”, asegura. E insiste en que “los discursos de odio y racismo no benefician a nadie, tampoco a quienes los lanzan”, mientras que la educación es clave para que esos niños “en el futuro se levanten y quieran trabajar por su país”.
