La Junta de Andalucía, con Susana Díaz en la presidencia del Gobierno andaluz, nunca llegó a poner por escrito -en negro sobre blanco- el informe sobre la titularidad de la Mezquita-Catedral a pesar de que el dictamen ocupó páginas y páginas de declaraciones públicas de responsables políticos de aquella etapa. Sencillamente, es un documento que nunca existió dado que su contenido se había avanzado tan improcedente para los intereses del Gobierno andaluz de la época que se optó por no elevarlo a oficial para no quedase rastro del mismo en los archivos y nadie pudiese reclamarlo legalmente por las vías establecidas en la normativa para entregar los documentos.
La historia de este documento fantasma es larga. El 21 de febrero de 2014, la entonces delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba, la actual alcaldesa, Isabel Ambrosio, anunció que el Ejecutivo andaluz había optado por pedir un dictamen legal de sus servicios jurídicos con el objetivo de saber qué posibilidadestenía de establecer una reclamación de titularidad y /o gestión sobre el principal monumento de Córdoba.
Ante el empuje de la plataforma que reclama la propiedad pública del principal templo de la diócesis, la respuesta de la Junta fue la de anunciar que encargaba una consulta a sus servicios jurídicos con un objetivo muy concreto: saber de quién era propiedad la Mezquita de Córdoba. «Si le compete a la Junta de Andalucía, hará todo lo que tenga que hacer», dijo Isabel Ambrosio.
De esa fecha en adelante, fueron varios los altos cargos de la Administración autonómica los que hicieron referencia a ese dictamen. ABC pidió en dos ocasiones tener acceso al contenido del documento, dada su supuesta trascendencia.
La primera, a principios de 2015, ante la Delegación del Gobierno. Isabel Ambrosio, entonces titular del departamento, respondió en un oficio que la solicitud había sido girada a los servicios centrales pero éstos nunca respondieron.
La segunda vez, en noviembre de ese mismo año, por medio de los cauces legales pero ante los servicios centrales de la Junta. Esa vez sí hubo respuesta de la viceconsejera de Presidencia, Felicidad Montero, quien denegó directamente el acceso al mismo a pesar de que no afectaba a cuestiones sensibles como la seguridad del Estado o los supuestos en los que las administraciones pueden vetar el acceso a determinados documentos públicos. La respuesta afirmaba que era «una nota interna preparatoria».
El 18 de enero de este año, con el popular Juanma Moreno ostentando la Presidencia de la Junta. Este periódico volvió a pedir por tercera vez la documentación como consecuencia de un hecho: un cambio político en la Junta permitía una modificación de los criterios a seguir sobre la publicidad de determinados elemenentos. La entrega de notas preparatorias es una potestad arbitraria del Gobierno en ejercicio. Pueden entregarse o no a voluntad.
Los nuevos responsables públicos de la Junta han buscado durante semanas el famoso dictamen sobre la Mezquita-Catedral. La respuesta oficial es que ese documento no existeporque nunca ha formado parte de expediente alguno y no consta en los archivos oficiales ni siquiera como nota preparatoria.
El relato de hechos que realizan fuentes oficiales de la Junta es el siguiente. Efectivamente, había un interés por realizarlo porque se llegaron a realizar consultas orales a los letrados de la Administración que, en condiciones normales, hubieran escrito el informe. La respuesta al cuerpo político de la Junta fue que no había ninguna posibilidad de sostener con argumentos legales otra cosa que la propiedad eclesiástica del monumento. En ese momento, el Gobierno del PSOE optó por abortar el dictamen.
En ese momento, febrero de 2014, el Gobierno de la Junta estaba en manos del PSOE pero también de IU. Los socialistas siempre han tenido una posición ambivalente sobre la Mezquita (propiedad pública pero sin líos). Fue el consejero de Turismo, Rafael Rodríguez (este sí de IU), quien abogó más por una intervención directa de la Junta en la materia.
