No les sirven unas hojas sueltas, con cuatro apuntes y datos inconexos. Reclaman un listado riguroso, bien a bien, fecha a fecha. La Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Junta General del Principado ha reclamado, por unanimidad, al Decanato de los Registros de Propiedad de Asturias el listado de propiedades inmatriculadas por la Iglesia en la región. Es la segunda vez que cursan la petición. La primera se remonta a 2017 y el resultado fue decepcionante. Apenas remitieron cuatro folios con algunos apuntes que no permitían llegar a conclusiones. Incluso no aparecían propiedades de las que ya tenían constancia.
El Grupo Inmatriculaciones de Asturias, que está integrado dentro de la Coordinadora Recuperando, de ámbito nacional, y del que forma parte Asturias Laica, es el colectivo que está liderando esta investigación. El grupo había elevado en septiembre de 2017 a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Junta General del Principado una petición para que recabara, «por los cauces oportunos, el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia, en sus distintas denominaciones, conforme al derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria». La comisión dio el visto bueno a esta solicitud en junio de 2018.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España respondió con rapidez. En dos meses, con la firma de la decana, Margarita de Carlos Muñoz, remitía el listado a la Junta General del Principado. Era el 8 de agosto de 2018. El resultado fue decepcionante. El Grupo de Inmatriculaciones Asturias señala que ese documento «carece del mínimo respeto, rigor y formalidad que debería corresponder a una petición de la Administración pública». El contratiempo no fue suficiente para tumbar sus aspiraciones. El pasado 2 de noviembre de 2018 volvió a cursar una nueva solicitud ante la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos de la Junta General. Esta vez, señalan en el escrito, esperan «una respuesta completa y veraz», en la que se incluyan «todas las notas simples registrales de todos los bienes inmatriculados desde 1978, sin aportación de título de propiedad al amparo del hoy derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria».
Esta petición es la que recibió luz verde la semana pasada, por unanimidad de todo los grupos. La resolución señala, de manera literal, lo siguiente: «La Comisión acuerda, al amparo del artículo 71.2 e) del Reglamento de la Junta General del Principado de Asturias, el envío del escrito de los peticionarios, presentado el 2 de noviembre de 2018, al Consejo de Gobierno». Ahora el colectivo espera otra actitud de los registradores. Sus impulsores están convencidos de que es un paso imprescindible para saber la realidad de lo sucedido, al igual que llevan años haciendo en otras comunidades como Navarra. No saben qué se van a encontrar exactamente pero cree que debajo del silencio se esconde demasiado.
