Vox asegura que la firma de este acuerdo ha sido un requisito planteado al Gobierno andaluz para apoyar un cambio en la normativa de admisión del alumnado en los centros. Este decreto se ha sometido a votación este miércoles en el Pleno del Parlamento y ha salido adelante con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox.
El consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda, y el portavoz del grupo parlamentario Vox, Alejandro Hernández, han firmado este miércoles un acuerdo para impulsar, en este semestre, los cambios normativos necesarios para la implantación del llamado“pin parental” en el sistema educativo.
Fuentes de Vox han trasladado a Europa Press que la firma de este acuerdo ha sido un requisito planteado al Gobierno andaluz para apoyar el decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente, la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados de la comunidad autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas, y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de infección activa (cribados) dentro de la comunidad. Este decreto se ha sometido a votación este miércoles en el Pleno del Parlamento y ha salido adelante con los votos de PP-A, Ciudadanos y Vox.
El documento suscrito por Imbroda y Hernández, al que ha tenido acceso Europa Press, se indica que con el objetivo de salvaguardar la “libertad y la participación de los padres en la actividad educativa y sin menoscabo de las potestades del personal docente, la Consejería de Educación y Deporte, con el apoyo del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía”, se compromete a “impulsar, antes de la finalización del presente periodo de sesiones (que acaba en junio), los cambios normativos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo que permita a las familias educar a sus hijos en libertad, sin imposiciones de ningún tipo”.
Por ello, se plantea “el establecimiento de un sistema transparente de información a los padres a través del cual se impulse la implicación de las familias en la educación de los hijos y el derecho de los padres a decidir sobre la participación de sus hijos en actividades complementarias, siempre con absoluto respeto a los preceptos consagrados en la Constitución Española”.
