En comisión parlamentaria y en respuesta a una pregunta del PP, Martínez explicó que esa iniciativa se llevó a cabo con el fin de hacer «inclusivo» el sistema educativo, después de que un padre solicitara a la Delegación Provincial de Educación que se retiraran los crucifijos, ya que no deseaba que su hijo asistiera a aulas presididas por imágenes cristianas.
La titular de Educación andaluza también defendió que la decisión de la Junta tiene su sustento en una sentencia de 1981 del Tribunal Constitucional (TC) y en un informe de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz elaborado en 1994.
Libertad religiosa
Según la consejera, una sentencia de 13 de febrero de 1981 del TC dice «que un sistema jurídico-político basado en el pluralismo y en la libertad ideológica y religiosa y en la aconfesionalidad del Estado» debe procurar «ser neutral» en sus instituciones «y sobre todo en los centros docentes». Y el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo andaluz, al que Martínez hizo referencia, sostiene que «no es conveniente que en los centros escolares existan símbolos religiosos de ningún tipo».
En su discurso, Martínez reiteró que «la escuela pública debe respetar todas las opciones y dijo que si alguien siente que un símbolo inculca sus posiciones, en este caso religiosas, entiendo que no se ofende ni ataca a nadie retirándolo, sólo se respeta».
Una visión que nada tiene que ver con la de otros grupos políticos. Por ejemplo, el presidente del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, lamentó que la Junta decidiera retirar los crucifijos «sin haber tenido en cuenta la opinión de los otros padres» y acusó a la consejera de falta de «talante». En su opinión, «el crucifijo es un símbolo de nuestra cultura» y auguró que «si seguimos ese camino emprendido por la Consejería, habrá que cambiar los nombres de muchos colegios, de universidades, de calles y plazas que poseen nombres de santos, que lo fueron por identificarse con el crucificado, y eso no ofende la libertad de nadie».
El parlamentario popular exigió a la consejera de Educación que le entregase la «normativa jurídica con rango de ley» que avala la decisión de retirar los crucifijos del colegio San Juan de la Cruz, ya que «vulnera los concordatos entre España y la Santa Sede de 1979, que sí tienen rango de ley, según la Constitución». De la misma forma, reclamó a la Junta «que cesen las decisiones arbitrarias y contrarias a la ley que buscan consagrar que España es un Estado laico», algo que negó, recordando que la Carta Magna habla de Estado aconfesional con «derecho a la libertad religiosa».
Fernández de Moya señaló que el director del colegio San Juan de la Cruz se presentó como número cinco en las listas del PSOE en las elecciones municipales de 1991, y le acusó de «incumplir la ley» al «amenazar con la incoación de un expediente disciplinario a los profesores» que se opongan a la retirada de los crucifijos.
