Hace solo unos días, una juez valenciana retiró la multa de 8.000 euros por exhibir banderas franquistas. Ahora, elDiario.es ha revelado cómo esta jueza está rodeada de otras polémicas de marcado signo derechista, como la negativa a oficiar matrimonios homosexuales.
La jueza, Laura Alabau, anulaba dos multas impuestas a dos ultraderechistas catalanas, Francia V.S. y Marta Carlota S.P., por exhibir banderas franquistas durante la manifestación del 12 de octubre de 2020.
Esta sentencia se basa en que la libertad ideológica se encuentra amparada en la Constitución Española y por su mayor rango de ley sobre la Ley de Memoria Democrática Valenciana, esta primera está protegida por este supuesto y la Ley de Memoria Democrática carece de capacidad sancionadora.
Así, la sentencia limita la acción de la Ley de Memoria Democrática a unos supuestos “la exhibición pública de escudos, u otros elementos, adosados a edificios públicos, o situados en la vía pública de forma permanente, por cuyo motivo establece un plazo para su retirada” añadiendo las limitaciones sobre los objetos portados por personas ya que “en ningún caso prohíbe o impide a cualquier ciudadano portar consigo, en su atuendo o sobre su persona, cualquier elemento que externalice su ideología”.
De esta maneras, las dos radicales catalanas han evitado la multa y, de hecho, la sentencia ha condenado a la administración a pagar las costas judiciales.
Las banderas franquistas exhibidas
El 12 de octubre de 2020, el partido político neofascista España 2000 convocó una manifestación en el valenciano barrio de Benimaclet, conocido por ser un barrio donde tienen se concentran multitud de movimientos sociales y luchas activistas.
Bajo el lema “Gobierno Dimisión”, unas pocas decenas de manifestantes de extrema derecha portaron banderas franquistas y otra simbología de carácter fascista. Se vieron banderas falangistas, simbología nazi, y camisetas de distintos colectivos neofascistas, además de banderas de España .
Los manifestantes portaron antorchas y caminaron escoltados por la policía al centro del barrio, donde José Luis Roberto, apodado despectivamente por sus rivales políticos como “El Cojo”, una de las figuras referenciales del neofascismo valenciano, acabó con un discurso.
Fue en estos momentos cuando la policía multó a las ultraderechistas catalanas, Francia V.S y Marta Carlota S.P, a sendas sanciones de 4.000 euros por exhibir banderas franquistas.
Estas sanciones vienen dadas por la Ley de Memoria Democrática aprobada por el Govern del Botánic. La sanción viene desde la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, dirigida por Rosa Pérez Garrijo. Además, esta sanción es la primera que se realizaba en virtud a la nueva ley.
Ahora esta polémica sentencia la ha dejado sin efecto la capacidad sancionadora de la ley, a la espera de más acciones judiciales por parte de la Conselleria.
Una jueza de marcado signo conservador
El recorrido de la jueza Laura Alabau es conocido por ser polémico y ha sido señalado por su signo conservador. En 2004, fue una de las juezas que se opuso al matrimonio homosexual. Como jueza en Denia y responsable del Registro Civil, intentó obstaculizar la aplicación de esta ley.
Primero, presentó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo que fue denegada. En esta cuestión presentaba como argumentos, entre otros, la defensa de los sacramentos religiosos.
Posteriormente, se negó a inscribir en el registro a las parejas homosexuales. Esta cuestión fue revocada por la Dirección de Registros. Por esta acción, su caso fue evaluado por una comisión disciplinaria que le impuso una multa.
La jueza no solo rechazó esta multa si no que escribió una dura carta contra el jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tachando la acción de ilegal. También mandó la carta a la prensa.
Su caso llegó al Tribunal Supremo, que con los votos de los vocales propuestos por el Partido Popular, retiraron la sanción y exculparon su carta.
Además, la jueza volvió a ser noticia en septiembre de 2020. En ese momento, tumbó el confinamiento del municipio de Benigànim como titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València.
Hay que recordar que, desde la derecha, tanto nacional como internacional, ha habido un fuerte rechazo a los confinamientos y medidas para limitar la propagación del virus y que esta posicionamiento en contra ha sido total desde la extrema derecha, que se ha nutrido para ello de bulos y teorías de la conspiración.
La jueza hablaba en su sentencia de los graves costes del Estado de Alarma por un lado (sin hablar de la salvación de vidas) y además criticaba fuertemente este confinamiento en base a la defensa de los sacramentos cristianos, argumentando su prohibición.
