Las diligencias judiciales que integran la investigación del ‘caso de los romanones’ “ya no se encuentran declaradas secretas”. El juez Antonio Moreno, que investiga los supuestos abusos sexuales a menores por parte de diez sacerdotes y dos laicos, responde así al arzobispo de Granada, Javier Martínez, que pretendía que las actuaciones canónicas fueran de “uso y conocimiento exclusivo del instructor”.
En su último auto, fechado este miércoles y al que ha tenido acceso andalucesdiario.es, el juez rechaza la petición del prelado granadino de declarar secretas las actuaciones eclesiásticas, pero resuelve abrir una “pieza separada de documentación reservada”, de manera que solo puedan tener acceso a la investigación canónica las partes personadas en el proceso penal. El juez advierte en su resolución que las partes tendrán que acudir a la Secretaria del Juzgado para examinar la documentación, de la que no podrán obtener copias, ni imágenes ni datos grabados en cualquier soporte.
En la nueva resolución, el magistrado ratifica la necesidad de las pruebas que el arzobispo se negaba a entregar, pese a los múltiples requerimientos judiciales en los que el instructor conminaba a enviar la copia completa de las declaraciones, interrogatorios e informes que hubo de suscribir sobre los implicadas en el caso de abusos sexuales.
Aún no ha trascendido si la documentación que entregó el domingo el prelado granadino en el juzgado de guardia incluye todos los documentos que exigía el juez. Las fuentes consultadas temen que esas actuaciones se limiten a los tres sacerdotes que el arzobispo suspendió ‘a divinis’ puesto que Martínez no ha actuado contra los siete diocesanos imputados como supuestos encubridores de los abusos que, además, siguen ejerciendo sus funciones pastorales.
“No consta que la Congregación para la doctrina de la Fe haya acordado la entrega de la documentación con carácter secreto, lo que además, por su continuidad temporal hasta la finalización del proceso, no encontraría amparo en el principio de publicidad del proceso para las partes mientras no se declare expresamente secreto”, indica el juez Moreno al rechazar la petición del arzobispo.
El magistrado señala también que si las partes no pudieran tener acceso a la documentación hasta el juicio oral, o en los términos solicitados por el arzobispo, afectaría al derecho constitucional y fundamental de defensa y tutela judicial efectiva y le recuerda a Martínez que él mismo entregó la documentación en otro juzgado.
Es más. El instructor precisa que la documentación entregada afecta a la investigación penal y alude a la colaboración Iglesia-Estado, “que siempre ha dejado clara” el Papa para subrayar que “el secreto (no confesional)” no puede “salvaguardar documentos relativos a delitos muy graves , que en este caso el propio Santo Padre ordenó su persecución”.
El magistrado recuerda que todas las imputaciones –los diez sacerdotes y dos laicos- siguen en vigor. Y lo estarán hasta que se resuelva el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular del caso de ‘los romanones’, que se opuso a la prescripción declarada por instructor de los delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento atribuidos a once de los doce imputados al entender que los hechos pueden constituir un delito de corrupción de menores.
