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La Iglesia y empresas controladas por fondos son las grandes beneficiadas de la privatización de la salud mental en Madrid

El 100% de los recursos de apoyo social a los enfermos de salud mental están privatizados, desde centros de rehabilitación psicosocial o laboral hasta centros de día o minirresidencias

La privatización de servicios públicos es una de las enseñas del PP de Madrid desde hace más de dos décadas. Y la salud mental no es un campo ajeno a esa política. Cada año, más de 120 millones de euros de dinero público terminan en manos privadas. Así lo demuestran los datos económicos de todas las adjudicaciones actualmente en vigor, que las Consejerías de Políticas Sociales y de Sanidad facilitaron a infoLibre como respuesta a preguntas enviadas acogiéndose a la Ley de Transparencia.

El 40% del dinero lo reciben seis órdenes y fundaciones de la Iglesia católica y otro 16% va para tres empresas controladas por fondos de inversión, de forma que en conjunto obtienen más de la mitad del dinero de la sanidad mental privatizada.

En Madrid, al igual que en muchas otras comunidades, los cuidados de las personas con problemas de salud mental dependen de dos consejerías diferentes. Todo lo relacionado con las hospitalizaciones es competencia de Sanidad, mientras que la red de apoyo comunitario se encuadra en el departamento de Políticas Sociales.

Esta división tiene su origen en la gran reforma sanitaria que se hizo en 1986, durante el Gobierno de Felipe González (PSOE). Hasta entonces, lo habitual era que las personas con problemas de salud mental ingresasen en lo que se llamaban “manicomios”, donde a veces permanecían el resto de sus vidas. El objetivo de la reforma era que los pacientes recibiesen los cuidados en su entorno, sin romper con sus familias y sus rutinas, siempre que fuese posible. De esa forma se ponía en el centro la llamada “atención comunitaria”, lo que llevó a que las comunidades creasen las redes de apoyo social, donde los recursos estrella son los centros de rehabilitación psicosocial o laboral, los centros de día y los equipos de apoyo social comunitario.

LAS ADJUDICACIONES A LA IGLESIA

En muchos puntos de España, las órdenes religiosas disfrutan de un papel hegemónico en la parte sanitaria, que obedece en buena medida a razones históricas. Ellas se encargaban tradicionalmente de administrar los “manicomios”, situación que se potenció más si cabe durante el franquismo, al igual que en otros campos asistenciales como las residencias de mayores. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, las Hermanas Hospitalarias y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios se encargaban respectivamente de los grandes psiquiátricos femenino y masculino situados en el municipio de Ciempozuelos.

Ese papel preponderante de las entidades de la Iglesia en el campo de la salud mental, lejos de revertirse con la llegada de la democracia, se agrandó en muchas comunidades donde fueron acumulando adjudicaciones públicas. Y no solo en el área sanitaria, sino también en la red de apoyo comunitario levantada desde cero a partir de mediados de los años ochenta del siglo pasado.

Lo ocurrido en Madrid es ilustrativo. Un primer dato que llama la atención es este: toda la red de apoyo comunitario, que depende de Políticas Sociales, está privatizada. El cien por cien. No hay ni un recurso gestionado por empleados públicos. Pues bien, las entidades de la Iglesia recibirán en 2021 por esta vía 18,47 millones de euros, lo que supone el 26,4% de los casi 70 millones que inyectará Políticas Sociales en el sector privado de la salud mental. Las Hermanas Hospitalarias obtendrán la mayoría del dinero –14,14 millones–, mientras que los 4,33 millones restantes se los reparten entre otras cuatro entidades de la Iglesia: Fundación Buen Samaritano, Fundación Pilar de la Mata-Cáritas Madrid, Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca y Fundación San Martín de Porres.

Un segundo ejemplo, este de la parte sanitaria. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido en 2021 privatizar una unidad de hospitalización psiquiátrica de corta estancia para niños y adolescentes, algo que no había ocurrido nunca hasta ahora (las camas concertadas eran todas de adultos y en un 97,5% de media o larga estancia). Pues bien, el centro elegido para la externalización es la Clínica Nuestra Señora de la Paz, gestionada por la Orden de San Juan de Dios. Esta congregación es la que más dinero público recibirá este año de Sanidad –15,49 millones–, ligeramente por delante de las Hermanas Hospitalarias, que obtendrán 14,40 millones. En Sanidad, la hegemonía de la Iglesia es aplastante: seis de cada diez euros terminan en manos de las dos congregaciones citadas.

En definitiva, sumadas las adjudicaciones de las dos Consejerías, las entidades de la Iglesia percibirán este año 48,37 millones de euros, un 40,14% de todo el dinero destinado a la sanidad mental privatizada por parte del Gobierno de Ayuso. Es cierto que una parte de esas adjudicaciones tienen un origen histórico, pero muchas otras son prueba de cómo las entidades de la Iglesia han ido ampliando su papel en este sector.

EL NEGOCIO DE LOS FONDOS

Junto a la Iglesia, el otro sector que está incrementando su negocio de manera significativa en la Comunidad de Madrid es el de las empresas controladas por fondos de inversión. Como desveló infoLibre a finales de septiembre, las cuatro principales empresas de salud mental en España tienen como accionista mayoritario o significativo a un fondo. Se trata de Grupo 5, Mentalia, Hestia Alliance e Ita Salud Mental. Las tres primeras tienen adjudicaciones del Gobierno madrileño, aunque en esta región la gran favorecida con diferencia es Grupo 5. De hecho, en 2021, esta compañía se ha convertido en la que más dinero recibe de la Consejería de Políticas Sociales, con 15,65 millones de euros.

El flujo de dinero público hacia la caja de Grupo 5 es creciente y cada vez más acelerado. En 2021, por ejemplo, esta compañía se ha hecho con la gestión de cuatro centros de rehabilitación en la Comunidad (La Elipa, Alcalá de Henares, San Fernando de Henares y Torrejón de Ardoz), que hasta ahora estaban en manos de otras empresas. Y, por contra, solo ha perdido la gestión de uno de los centros que administraba (el Pedro Zerolo). El saldo es que ingresará 1,6 millones de euros más cada año.

En total, entre centros públicos y concertados, Grupo 5 gestiona 49 recursos de la red creada por la Consejería de Políticas Sociales: 7 centros de rehabilitación psicosocial, 6 de rehabilitación laboral, 7 centros de día, 7 minirresidencias, 8 equipos de apoyo social comunitario y 14 pisos tutelados en nueve municipios diferentes, incluida la capital.

El propietario de Grupo 5 desde el año 2017 es el fondo Corpfin, a través de una sociedad denominada CCFIV G5 Holding SL. Corpfin fue creada hace tres décadas por Felipe Oriol –consuegro de Esperanza Aguirre–, que permaneció en la entidad hasta 2019. Su entrada en Grupo 5 se produjo a través del cuarto fondo que levantó y, según explica la compañía en su propia web, ahora está en la “fase de desinversión”. En otras palabras: venderá Grupo 5 en cuanto reciba una oferta económica atractiva.

La salud mental no es el único negocio que ha hecho Corpin con el Gobierno regional del PP. Como desveló en su díainfoLibre, el fondo creado por el consuegro de Aguirre se benefició de una polémica operación pilotada desde la Comunidad de Madrid en época de Aguirre con una empresa de gimnasios relacionada con Ignacio González, expresidente madrileño y presunto capo de una organización criminal desarticulada en la operación Lezo.

Otras dos empresas controladas por fondos también reciben dinero público de la Comunidad destinado a salud mental. Se trata de Hestia Alliance, que se embolsa anualmente 2,7 millones, y de Mentalia, que recibe 1,32 millones. La primera compañía pertenece al Orpea y la segunda a DomusVi, que son también los dos principales grupos de gestión de residencias de mayores tanto en Madrid como en el conjunto de España.

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR

El panorama de la gestión privada se completa con las entidades del tercer sector. Se trata de asociaciones y fundaciones que nacieron en su mayoría en los años ochenta y noventa, impulsadas por profesionales de diversas disciplinas relacionadas con la salud mental y por familiares de pacientes, que buscaban crear una alternativa a la visión que se ofrecía en los centros de las órdenes religiosas. Las dos más potentes en la Comunidad de Madrid son Fundación Manantial, creada en 1995, e Intress, surgida en Cataluña y que gestionó su primer servicio público en el Ayuntamiento de Barcelona en 1988.

Fundación Manantial percibirá este año 14,69 millones de euros, lo que la convierte en la segunda entidad que más dinero recibe de Políticas Sociales. No obstante, este año el Gobierno regional le quitó la gestión de un centro de día, un centro de rehabilitación psicosocial y otro de rehabilitación laboral en Torrejón de Ardoz, que pasaron a manos de Grupo 5. Intress, por su parte, ingresará 7,29 millones por la gestión de recursos de la red de Políticas Sociales.

En el siguiente gráfico, se detalla cómo se distribuyen los más de 120 millones de euros de la sanidad mental privatizada, entre las 26 empresas y entidades que tienen algún contrato con la Consejerías de Políticas Sociales o de Sanidad. La primera tiene 220 recursos y todos ellos están privatizados, lo que le supondrá transferir este año al sector privado 69,96 millones de euros. La segunda ha realizado 32 adjudicaciones públicas, con un importe total de 50,56 millones.

En esa cifra de 120 millones no se incluye el coste de las unidades de psicología clínica y de psiquiatría que existen en los seis hospitales de la Comunidad que también están privatizados –Jiménez Díaz, Gómez Ulla, Rey Juan Carlos, Infanta Elena, Villalba y Torrejón–. Y tampoco las 21 camas de hospitalización psiquiátrica que el Gobierno madrileño paga en cuatro centros que están situados en las provincias de Palencia, Málaga y Ávila. El origen está en convenios firmados a mediados de los años noventa, cuando faltaban plazas en la Comunidad, y que se han ido prorrogando hasta la actualidad. De esas 21 plazas hospitalarias, 14 están gestionadas por las Hermanas Hospitalarias, 5 por la Orden de San Juan de Dios y 2 por Mentalia.

LOS RECURSOS DE POLÍTICAS SOCIALES

La red de atención a los pacientes con problemas de salud mental creada por la Consejería de Políticas Sociales contempla hasta siete tipos de recursos diferentes: los centros de rehabilitación psicosocial; los centros de rehabilitación laboral; los centros de día; las minirresidencias; los pisos supervisados; las plazas en pensiones de huéspedes, y los equipos de apoyo social comunitario.

El eje del sistema son los centros de rehabilitación, dirigidos esencialmente a personas jóvenes. Y lo que se busca es la llamada “atención temprana”. “Se trata de acortar los procesos, evitar las recaídas y las hospitalizaciones, que el adolescente recupere el curso de su vida, que se reintegre al proceso formativo o laboral. Se llama temprana por la detección precoz y por la edad, al final de la adolescencia”, explicaba ya hace años en una entrevista Francisco Sardina, presidente de la Fundación Manantial.

En los centros de rehabilitación psicosocial se realizan actividades sociales o deportivas, se busca que “los chicos salgan de sus casas, que mejoren sus habilidades sociales”, explica un psiquiatra. En los centros de rehabilitación laboral el objetivo es mejorar la capacitación de los pacientes y buscarles un empleo. Muchos jóvenes llegan primero al centro psicosocial y luego pasan al laboral.

En Madrid hay 27 centros de rehabilitación psicosocial, de los que 11 son públicos gestionados por empresas privadas y 16 concertados. La media de plazas es de 63, aunque hay un amplio abanico de instalaciones, que van de las 35 a las 90 plazas. El coste medio anual de la adjudicación se sitúa por encima del medio millón de euros. Los principales gestores son Grupo 5 e Intress, con siete centros cada uno; la Fundación Manantial que se encarga de cinco, y las Hermanas Hospitalarias que administran cuatro.

Los centros de rehabilitación laboral son 26, cinco de ellos públicos de gestión privada y 21 concertados. Su tamaño medio es algo más pequeño –50 plazas– y Políticas Sociales paga cerca de 440.000 euros de media por cada concierto. Los principales adjudicatarios son Fundación Manantial, con siete centros; Grupo 5 con seis y las Hermanas Hospitalarias con dos.

Un tercer tipo de recurso son los centros de día. Los pacientes habituales son adultos cuya enfermedad ya se ha convertido en crónica. Se trata de que no se queden en casa, el objetivo es que sus capacidades no se deterioren o que lo hagan de la forma más lenta posible. Los profesionales del sector los llaman con cariño el “hogar del jubilado de salud mental”. Las personas que acuden a ellos pasan allí el día, pero regresan a dormir a sus domicilios o a una minirresidencia.

En Madrid hay 35 de estos centros –cinco públicos de gestión privada y 30 concertados–, cuyo coste medio se acerca a los 400.000 euros anuales. La mayoría tienen entre 30 y 35 plazas. Los principales adjudicatarios son Grupo 5 y Fundación Manantial, que administran siete centros cada uno; las Hermanas Hospitalarias, que se encargan de seis, e Intress, que lleva cinco.

Las minirresidencias son un recurso para personas que se considera necesario que pasen la noche allí, bien porque la relación familiar no es buena o porque el alojamiento a su disposición es muy precario. Lo ideal es que el plan de tratamiento sea de nueve meses, pero en ocasiones las estancias se alargan mucho más, porque los enfermos prefieren quedarse.

El coste medio anual de estos centros se acerca al millón de euros. Están operativos 26, de los que cinco son públicos de gestión privada y 21 concertados. Lo más habitual es que dispongan de 30 plazas. Grupo 5 cuenta con siete adjudicaciones, las Hermanas Hospitalarias con seis y la Fundación Manantial con cinco.

Si el plan de tratamiento en la minirresidencia funciona y el paciente está preparado para abandonarla, es habitual que pase a residir en un piso supervisado, el quinto tipo de recurso disponible para atender a los enfermos. Lo suelen compartir cuatro personas, que se autogestionan, aunque reciben el apoyo de los equipos sociocomunitarios. La mayoría de las personas que viven en pisos tutelados tienen entre 35 y 45 años. Algunos trabajan, mientras que otros tienen pensión de incapacidad. Lo ideal es que la convivencia en el piso supervisado sea el paso previo a la autonomía total, aunque también puede ocurrir que tengan que regresar a la minirresidencia.

El coste medio anual de los pisos supervisados es de 45.000 euros y en la Comunidad hay en total 67 de estas viviendas, nueve de titularidad pública y gestión privada y 58 concertadas. Las Hermanas Hospitalarias administran 18 pisos, Grupo 5 explota 14 y la Fundación Manantial cuenta con 13.

La Comunidad también dispone de plazas en pensiones de huéspedes. Se trata en total de 58 camas, todas ellas gestionadas por las Hermanas Hospitalarias. El coste medio anual de cada una es de 7.300 euros. Los ocupantes de esas plazas son personas sin hogar o que no quieren ir a ningún otro tipo de alojamiento. Se supone, lógicamente, que es un sitio de paso.

El séptimo tipo de recurso son los llamados “equipos de apoyo social comunitario”. Están compuestos por una psicóloga, una educadora y una trabajadora social y dependen de los centros de salud mental. Su función esencial es prestar atención domiciliaria a las personas que no quieren ir a ningún centro, que viven más aisladas. El objetivo es reengancharlas a la red.

Existen 39 equipos, cada uno de los cuales puede prestar apoyo a 30 pacientes. El coste medio anual es de 167.000 euros. Los principales adjudicatarios son Fundación Manantial, que administra diez equipos, Grupo 5 que cuenta con ocho y Hermanas Hospitalarias que gestiona siete.

La Consejería de Políticas Sociales cuenta por tanto con 220 recursos en total (tres tipos de centros, minirresidencias, pisos y equipos de apoyo), además de 58 plazas en pensiones. Los psiquiatras son siempre los responsables de decidir qué recursos se le deben asignar a cada paciente. Lo que resulta imposible, en la Comunidad de Madrid, es que la atención la presten empleados públicos puesto que la gestión del cien por cien de los recursos está privatizada.

Del total de recursos, 138 (el 62% del total) están en tres manos: 49 los explota Grupo 5, 47 Fundación Manantial y 42 las Hermanas Hospitalarias. A estas últimas hay que sumarles las plazas en pensiones. Los 82 recursos restantes se reparten entre 15 empresas y entidades.

En el siguiente gráfico se detalla el importe total de fondos públicos que recibe cada una de las empresas o entidades que cuentan con adjudicaciones en materia de salud mental de la Consejería de Políticas Sociales, cuya titular actual es Concepción Dancausa. La suma asciende a 69,96 millones.

LOS RECURSOS DE SANIDAD

La Consejería de Sanidad, por su parte, tiene competencias sobre tres grandes áreas: los centros de salud mental, las hospitalizaciones y la atención a drogodependientes.

En la Comunidad hay 38 centros de salud mental, todos ellos públicos, que siempre dependen de un hospital. Por ejemplo, del Hospital de La Paz dependen los centros de Colmenar Viejo, Fuencarral y Tetuán. En cada uno de ellos trabaja un equipo multidisciplinar, que incluye psiquiatra, psicólogos clínicos, enfermera de salud mental y asistenta social. Equivalen a la consulta externa de la especialidad, donde acude una persona cuando tiene un síntoma psiquiátrico.

Cuando se produce una crisis psiquiátrica más intensa, el enfermo puede requerir hospitalización. Dependiendo del tiempo, se puede hablar de hospitales de agudos o corta estancia (entre una y dos semanas), de media estancia (hasta un año) o de larga estancia (que puede llegar a ser indefinida).

Sanidad tiene externalizados servicios de hospitalización por importe de 30,91 millones de euros. En todos los casos, el beneficiario es una congregación religiosa o una empresa controlada por un fondo de inversión. Las Hermanas Hospitalarias reciben 14,40 millones de euros por la gestión de un total de 432 plazas hospitalarias (290 de larga estancia y 22 de agudos en el complejo Benito Menni de Ciempozuelos y 120 de media estancia en la Clínica San Miguel de Madrid). La Orden de San Juan de Dios percibe 14,03 millones de fondos públicos por encargarse de 415 camas (370 de larga estancia y 20 para trastornos de la conducta alimentaria en su centro de Ciempozuelos y 25 de agudos para niños y adolescentes en la Clínica Nuestra Señora de la Paz en Madrid). La privatización de una unidad de agudos infanto-juvenil es algo que se produce por primera vez en la Comunidad de Madrid y el último ejemplo, por ahora, del avance constante de la privatización de servicios en este campo de la salud. El contrato entre la consejería que dirige Enrique Ruiz Escudero y la congregación religiosa se firmó el pasado 1 de julio.

La partida de unidades de hospitalización gestionadas por el sector privado se completa con otras tres adjudicaciones. Mentalia, la marca de DomusVi en salud mental, se embolsa 1,32 millones por los servicios de hospital de día en el Instituto Psiquiátrico Montreal y por 20 plazas de media estancia en un centro de Guadarrama. En ambos casos los enfermos son adolescentes. Los hospitales de día son unidades intermedias entre los centros de salud mental y las de agudos, donde los pacientes acuden unas cinco horas cada jornada durante una media de nueve meses. Por su parte, Hestia Alliance –del grupo Orpea– recibe 1,14 millones por la gestión de 30 camas de media estancia en el Sanatorio Esquerdo de Madrid.

El tercer gran apartado de la Consejería de Sanidad –junto a los centros de salud mental y las hospitalizaciones– es el tratamiento de drogodependientes, que se decidió integrar hace años en la red de salud mental y adicciones dependiente de dicho departamento. Este año Sanidad transferirá 19,64 millones al sector privado por esta vía. Los beneficiarios son hasta nueve entidades y empresas diferentes.

La que más fondos recibe es el Centro Español de Solidaridad-Proyecto Hombre, con 6,44 millones de euros por cuatro contratos (uno de ellos en UTE con Madrid Positivo). En segundo lugar se encuentra el Centro de Rehabilitación Dionisia Plaza, con 3,59 millones. Y en tercero la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos, con 2,40 millones. Esta última se encuentra estrechamente ligada al PP: estuvo presidida durante años por la exdiputada autonómica María Dolores Navarro y en su Patronato han figurado políticos como el exsecretario de Estado Jaime García-Legaz o los exconsejeros madrileños Luis Peral y Regina Plañiol. Y es una entidad que se encuentra en el medio de un turbio escándalo que afecta al exdirigente del PP balear Rodrigo de Santos.

Tras pasar cinco años en la cárcel por abusar de dos menores –amigos de sus hijos– y por gastarse 50.000 euros del Ayuntamiento de Palma en cocaína y prostitución masculina, Rodrigo de Santos empezó a trabajar a finales de 2014 en la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos. Un par de años después la fundación lo nombró responsable de una casa de acogida para presos en Vallecas, cargo que De Santos aprovechó presuntamente para agredir sexualmente a dos de ellos. El fiscal solicita para De Santos 20 años de cárcel. En el juicio, que se inició el pasado 20 de septiembre, el acusado negó los hechos y aseguró que las denuncias eran producto de los “prejuicios” contra él por sus antecedentes penales. La fundación se arriesga a ser condenada como responsable civil subsidiaria.

La Consejería de Sanidad realizó dos adjudicaciones diferentes a la Fundación Padre Garralda-Horizontes Abiertos para el tratamiento ambulatorio de personas adictas a las drogas. El primer contrato es de 2017 y el segundo de 2020, dos años después de que se conociese el presunto delito sexual protagonizado por De Santos como responsable de un centro de la fundación.

En la parte de atención a drogodependientes también tienen contratos la Orden de San Juan de Dios, por 1,45 millones de euros, y Hestia Alliance (Orpea), por 602.000 euros.

En el siguiente gráfico se detalla el importe total de fondos públicos que recibe cada una de las empresas o entidades que cuentan con adjudicaciones de la Consejería de Sanidad en materia de salud mental. La suma asciende a 50,56 millones.

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