La Conferencia Episcopal se niega a colaborar si los resarcimientos no incluyen a todos los afectados, no solo a los de ámbito religioso. Replica al plan del Ejecutivo que “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica” y supone “un señalamiento público” del Estado
El Gobierno ha chocado hoy frontalmente con la Iglesia católica española, que ha respondido en términos muy duros. Apenas una hora después de que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, presentara el plan aprobado en Consejo de Ministros para atender a las víctimas de pederastia del clero y anunciara que prevé que la Iglesia corra con el gasto de las indemnizaciones, la Conferencia Episcopal (CEE) reaccionó con un severo comunicado. Los obispos insisten en su negativa a colaborar con el Ejecutivo en los resarcimientos si no incluye a todos los afectados, no solo los de ámbito religioso, y atacan directamente su plan: “El texto presentado parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado”.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, al presentar hoy el paquete de medidas del Ejecutivo, había expresado su confianza en que la Iglesia iba a colaborar y avanzó que ya ha iniciado conversaciones para ello. Se refirió, de hecho, a la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente de la CEE, Luis Argüello, donde dijo haber percibido “una sincera voluntad” de colaborar. No obstante, luego los obispos han precisado: “La CEE ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto”. Sumar, socio de Gobierno, y algunas víctimas también han criticado el plan, pero por la razón opuesta, porque creen que solo la Iglesia debe afrontar las indemnizaciones y no se establece ningún mecanismo que lo garantice. Opinan que en ningún caso debe hacerlo el Estado.
Bolaños presentó el plan al término del Consejo de Ministros con una declaración de intenciones: “Las víctimas han estado olvidadas durante décadas, nadie les prestó atención, y creo que es hora de que desde los poderes públicos saldemos esta enorme deuda”. El plan es la respuesta al informe del Defensor del Pueblo, a raíz de las investigaciones iniciadas en 2018 por EL PAÍS. La principal novedad, porque era un punto decisivo aún sin aclarar, es que el Gobierno seguirá las recomendaciones del Defensor del Pueblo y prevé crear un órgano independiente que escuche a las víctimas de pederastia del clero y decida qué indemnizaciones recibirán, para que luego sea la Iglesia católica quien las pague. La cuantía aún no se ha determinado. “Confío absolutamente en que la Iglesia asumirá el coste”, adelantó Bolaños. El ministro ha justificado el plan en la “elevada incidencia” de los abusos en la Iglesia, demostrada por el informe del Defensor del Pueblo, y ha avalado expresamente la cifra de víctimas estimada por la encuesta del estudio, “440.000 personas, es decir, un 1,1% de la población”. Es un punto muy polémico para la Iglesia, que rechazó de plano esa estimación.
El ministro no ha respondido a la prensa qué ocurriría si la Iglesia se negara, ni quién pagaría entonces las indemnizaciones. El borrador del plan, adelantado por este diario, desde luego contemplaba la posibilidad de que la Iglesia se negara a colaborar, en cuyo caso se pondría en marcha “un proceso administrativo” que reconozca la condición de las víctimas y “las medidas reparadoras que sean adecuadas”. Una hora después, sucedió eso exactamente: la Conferencia Episcopal Española (CEE) emitió un duro comunicado en el que se negaba a participar en el plan del Ejecutivo, como ya había manifestado anteriormente, si no contemplaba resarcir a todas las víctimas de pederastia, no solo las de la Iglesia. “No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales”, ha afirmado la CEE. “Además, esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales. La Iglesia va por delante en la acogida de las víctimas, en la formación para la prevención y en su reparación. Son los poderes públicos los que deben desarrollar medidas oportunas en esta labor de proteger a los menores en tantos ámbitos de su competencia”.
En todo caso, enseguida han vuelto a ponerse en evidencia las tensiones internas de la Iglesia, entre el sector más reacio a admitir y afrontar el escándalo, y los que desean una limpieza a fondo. El vicepresidente de la CEE, José Cobo, arzobispo de Madrid y considerado más cercano al Papa y su lucha contra la pederastia, ha declarado a mediodía que está dispuesto a“colaborar con el Estado para afrontar todas las dimensiones de este asunto en materia de prevención y reparación asumiendo nuestra responsabilidad como Iglesia”.
Otra divergencia importante en el seno de la Iglesia ha sido la de CONFER (Confederación Española de Religiosos), la organización paralela a la CEE que agrupa a las órdenes religiosas españolas, y que en realidad tiene más que decir en el asunto, pues la mayoría de los casos de abusos se registran entre congregaciones, más que en las diócesis. A primera hora de la tarde, difundió un comunicado que, en un tono mucho más conciliador, anunciaba que “estudiará detalladamente” el plan del Gobierno: “Los cinco ejes que ha explicado esta mañana el ministro de la Presidencia coinciden con las acciones que los Instituto Religiosos están llevando adelante en favor de las víctimas. Los religiosos españoles vienen reconociendo desde hace tiempo el daño producido en las víctimas y están trabajando de manera integral en sensibilización, prevención y reparación. (…) La CONFER seguirá en diálogo con todas las instituciones, eclesiales y civiles, para encontrar los mejores caminos de reparación para todas las víctimas de abusos en los diferentes ámbitos de la sociedad”.
Bolaños había insistido en hacer patente su confianza en una respuesta positiva de la Iglesia tras la reunión que mantuvo la semana pasada con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, para abordar la cuestión. Ha asegurado que el Ejecutivo quiere trabajar en colaboración con la Iglesia y que ya ha iniciado las conversaciones para que así sea. “Creo que es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad, y además no se entendería que no fuera así, porque en todos los países de nuestro entorno ha sucedido”, ha explicado.
En todo caso, el ministro ha matizado que antes la Iglesia puede compensar a las víctimas por su cuenta: “Antes de que el Gobierno adopte cualquier tipo de medida, es imprescindible sentarnos y trabajar conjuntamente, porque no tendría sentido cuando el propio afectado está con la voluntad de compensar a las víctimas”. La CEE ya ha anunciado que pagará indemnizaciones, pero no ha aclarado cómo, cuándo, ni sobre todo a quién considerará víctima. En todo caso, lo que el ministro quiso dejar claro es que, si la Iglesia deja fuera a una parte de las víctimas, “el Gobierno de España garantizará que siempre recibirán una compensación adecuada”.
En los colectivos de supervivientes de abusos han saltado las alarmas tras revelar EL PAÍS los numerosos fallos y lagunas del informe oficial de la CEE, llamado Para dar luz, presentado en diciembre. Recortó su contabilidad oficial de afectados (al menos se cayeron 325 ya reconocidos por órdenes y diócesis al Defensor del Pueblo) y además introdujo una polémica clasificación de las denuncias, catalogadas como probadas o no probadas, que en la práctica reduce drásticamente el número de víctimas que la Iglesia considera creíbles. En este momento, porque la CEE va corrigiendo el informe en su web, son solo 358 denuncias. Los obispos han admitido errores “muy significativos” en su informe, pero aún no han aclarado si lo siguen considerando válido, pese a todos sus errores y las críticas de las víctimas.
El plan, en el que han colaborado siete ministerios, también prevé la celebración de un acto público “que supondrá una reparación simbólica de nuestra democracia”. Otro de los puntos relevantes del paquete de medidas es la ampliación de los plazos de prescripción de la responsabilidad civil por estos delitos desde los 35 años de edad, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en su discurso de investidura que nunca prescribirían. A preguntas de la prensa, Bolaños ha explicado que esta medida afecta a todas las víctimas de pederastia, no solo las de la Iglesia, pero además estas “estarán protegidas por ese procedimiento que vamos a establecer, esperamos que con la Iglesia, para que ninguna víctima de abuso quede fuera de una indemnización que sea adecuada”.
Sumar, por su parte, ha hecho saber “su desacuerdo formalmente por considerar este plan incompleto e insuficiente al no incorporar de forma expresa un modelo de reparación integral a las víctimas, de acuerdo con lo que ellas vienen reiterando de forma constante”, señalan fuentes de la formación. Esto implicaría, señalan, “el establecimiento de un mecanismo de indemnización y reparación a cargo de la Iglesia católica que garantice el ejercicio del derecho de reparación en todos los casos”. “Sumar se posiciona del lado de las víctimas que, para su correcta y profunda reparación, deben verse compensadas en su totalidad”, afirman.
Entre las víctimas, Miguel Hurtado, quien sacó a la luz los abusos en Montserrat, a la espera de conocer el texto definitivo, asegura que es un plan “descafeinado, con graves lagunas y que beneficia a los obispos a costa de las víctimas y el contribuyente”. “Consagra el rescate económico a los obispos y que sea el Estado quien pague la factura de la pederastia en la Iglesia”, opina.
