La mención de la Iglesia Católica en el artículo 16 de la Constitución y los Acuerdos con la Santa Sede que se publicaron en el BOE el 4 de enero de 1979 son una herencia del régimen del general Franco que todavía gravita sobre la democracia española, como estamos pudiendo comprobar con la exhumación del dictador
Nada de lo que está ocurriendo con la exhumación del general Franco se explica sin volver al momento constituyente. La Iglesia católica consiguió ser mencionada expresamente en el artículo 16 de la Constitución y consiguió negociar con el Gobierno presidido por Adolfo Suárez unos Acuerdos a lo largo del año 78, es decir, al mismo tiempo que se estaba haciendo la Constitución. El contenido de dichos acuerdos estaba fijado antes de que la Constitución se publicara y entrara en vigor el día 29 de diciembre. Los Acuerdos, sin embargo, se publicaron el 4 de enero de 1979. Son por tanto unos Acuerdos materialmente preconstitucionales, pero formalmente posconstitucionales. La Iglesia sabía que esos Acuerdos no hubieran podido ser negociados una vez la Constitución estuviera en vigor y con un gobierno constitucional. Pero era importante que la publicación de los Acuerdos se hiciera después de la entrada en vigor de la Constitución, porque de esta manera gozaban de una presunción de constitucionalidad mucho más fuerte que la que hubieran tenido de haberse publicado antes.
Con estos Acuerdos, la Iglesia consiguió conservar parte de la situación de privilegio de la que había gozado durante el Régimen del general Franco. La Iglesia española, que había sido una pieza clave en la lucha contra la democracia antes de que se iniciara la Guerra Civil, continuó siendo una pieza todavía más importante durante la Guerra Civil y las décadas posteriores. Entendió perfectamente que no podría mantener íntegramente la situación de privilegio que había venido disfrutando desde 1936, pero sí supo maniobrar para intentar conservar lo más posible.
Y lo ha conseguido. No hay ningún país europeo en el que la Iglesia Católica, o cualquier otra, ocupe una posición similar a la que tiene en España. Y en el que la contribución de la Iglesia resulte tan decisiva para la movilización política frente a cualquier proyecto progresista. En todas las manifestaciones importantes que ha convocado la derecha española en general y el Partido Popular en particular, la participación de la Iglesia ha sido decisiva. Lo ha sido en las convocatorias en materia de enseñanza, en defensa de la religión como asignatura obligatoria y en contra de la ley de Educación para la Ciudadanía, contra la ley del aborto, contra el matrimonio de personas del mismo sexo e incluso contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
En la Iglesia Católica hay un recuerdo muy intenso del reconocimiento que tuvo por el Régimen del general Franco, sin el cual no habría llegado a ocupar la posición que le permitió participar en la Transición de la forma en que lo hizo y ocupar la posición que ahora mismo ocupa. Por eso no le ha repugnado que el dictador estuviera enterrado en El Valle de los Caídos y no solamente no ha movido ni un dedo para su exhumación, sino que se ha resistido de forma expresa o subrepticia a la misma.
La conducta del prior de la Abadía Del Valle de los Caídos no hubiera sido, no ya posible, sino ni siquiera imaginable, sin una Iglesia Católica, que fue durante muchos años una Iglesia de «cruzada» y en la que hay una parte que se resiste a dejar de serlo. Es esa base eclesial con una tradición enormemente prolongada en nuestra historia desde mucho antes de la Guerra Civil, la que hace posible que surjan figuras tan pintorescas como las del prior, que se atrevan a echarle un pulso a la democracia. Él sabe que hay mucha complicidad con su actitud. Y no solamente en VOX, sino también en el PP y Ciudadanos.
La Iglesia Española no ha sido para la Constitución del 78 lo que fue para la Constitución protodemocrática de 1869 o para la Constitución democrática de 1931. La radical incompatibilidad de la Iglesia con la democracia que se dio en nuestra historia anterior no se ha producido con la Constitución de 1978. Pero eso no quiere decir que se haya producido una adhesión clara e inequívoca a la democracia. La Iglesia católica no es un problema de la democracia española, pero el lugar que debería ocupar la Iglesia en la democracia española sigue siendo una asignatura pendiente.
Javier Pérez Royo
