Un juicio dirimirá el futuro de las ruinas de Santa Comba de Naves, que la Diócesis de Ourense negó le perteneciesen 15 días antes de inscribirlas a su nombre en el Registro de la Propiedad para después transferirlas a su actual dueño, un alto ejecutivo de la banca
La historia del monasterio de Santa Comba de Naves, cuyo origen se remonta como mínimo al año 888, giró abruptamente en el siglo XIX. Soplaban inciertos vientos liberales y las sucesivas desamortizaciones cuestionaban las ingentes propiedades de la Iglesia en España. Fue el caso. El lugar, en una parroquia del ahora Concello de Ourense, quedó abandonado. Hasta que, en 1906 y mediante subasta, el tatarabuelo de Artur Iglesias se hizo con él por 9.200 reales (2.300 pesetas, menos de 14 euros de la época), según figura en un documento de compraventa al que ha tenido acceso este periódico. La familia Iglesias litiga ahora con su actual propietario, que lo adquirió en 2015. ¿Los vendedores? La Diócesis de Ourense, que lo inmatriculó ese mismo año, solo 15 días después de asegurar al Gobierno gallego que no era suyo.
Santa Comba de Naves se encuentra en una ladera que cae hacia el río Miño. Pertenece a la parroquia de San Mamede de Palmés, hoy Concello de Ourense pero antes de Canedo, un municipio desaparecido en 1943 al fusionarse con la cabecera provincial. La finca en disputa –habrá un juicio este 15 de noviembre– ocupa 9.550 metros cuadrados y alberga las ruinas de un monasterio benedictino. Desde el proceso de desamortización, que el propio Obispado de Ourense data en 1835, no ha habido actividad en ella y la vegetación ha ido invadiendo su magnífica sillería. La asociación Hispania Nostra la ha incluido en su Lista Roja de Patrimonio. “Mi tatarabuelo se quedó con la propiedad en 1906. Tenemos un expediente de comprobación catastral y los recibos de la contribución abonada”, explica Artur Iglesias a este periódico.
Aquel hombre, Manuel Crespo Losada, cantero de profesión, murió en 1936. “El terreno con las construcciones encima figura en los papeles de los herederos”, señala Iglesias. Pero antes, Crespo Losada había retirado carros de piedra, tejas, madera y hierro de Santa Comba de Naves para utilizarlas en construcciones próximas, según relata una crónica del Faro de Vigo publicada en enero de 2016. Fue entonces, hace ya más de seis años, cuando transcendió la operación que ahora se dirimirá en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Ourense. No se trató, sin embargo, de la primera vez que la Iglesia trató de vender el monasterio a pesar de los documentos que sustentan la propiedad de los Iglesias.
La Iglesia niega su propiedad 15 días antes de venderla
En febrero de 1992 la Diócesis ya lo había intentado. El abuelo de Artur, Artemio Iglesias, llevó los papeles al Obispado y este dio marcha atrás. El Faro de Vigo lo recogió bajo el siguiente titular: “Aparecen los verdaderos dueños del monasterio de Santa Comba de Naves”. En 2015 no sucedió lo mismo. Una nota informativa del Registro de la Propiedad del 18 de enero de 2016 que ha sido consultada por elDiario.es funciona como resumen: la parcela situada en San Mamede de Palmés, cuya titularidad es de la Diócesis de Ourense desde el 30 de abril de 2015, fue vendida a Román Blanco Reinosa, alto ejecutivo de la banca, el 22 de diciembre de aquel mismo año.
Contactada por elDiario.es, la Diócesis de Ourense no ha querido dar explicaciones. “Los asesores nos han dicho que esperemos a que pase el juicio”, afirma una portavoz. Pero más documentos en manos de Artur Iglesias apuntalan lo extraño de la inscripción eclesiástica en el Registro de la Propiedad. A un requerimiento por el estado de la finca remitido por la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta de Galicia el 15 de abril de 2015, el obispado respondía que “no era propiedad de la Diócesis de Ourense y por lo tanto la Diócesis no es responsable del abandono o de la maleza que Vds. piden se limpie”. Solo dos semanas después aparecía inscrita a su nombre.
Ese mismo documento señalaba que, tras desamortizarse en 1835, y “al no ser iglesia con uso parroquial”, se había vendido “en subasta, adquiriéndolo particulares que la habrán ido dejando en testamento a sus sucesores o vendido a otros particulares”. Pero lo más llamativo es que apenas cuatro meses más tarde de aquella comunicación, el Obispado insistía, esta vez en respuesta al Ayuntamiento que le exigía “medidas para respetar la integridad de Santa Comba da Naves”, en que no le constaba “que el bien que ustedes indican sea propiedad de la Diócesis”. “Debemos notificarle que en nuestro archivo no aparece inventariado tal bien”, decía. Era agosto de 2015 y, según el Registro de la Propiedad, Santa Comba de Naves y su considerable parcela (9.550 metros cuadrados) figuraba como perteneciente a la Diócesis de Ourense desde el 30 de abril. Que lo transfirió, previa venta, a Román Blanco el 22 de diciembre.
La ley Aznar y las inmatriculaciones
Entre 1998 y 2015, apoyada en una ley del primer Gobierno de José María Aznar, la Iglesia española inmatriculó 34.961 bienes (20.014 destinados al culto y 14.947 a otros usos). En ella aparece, como Casa Rectoral de Palmés, Santa Comba de Naves. El actual Ejecutivo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos negoció con la institución y esta admitió que 965 de esas propiedades no le pertenecían. Y que había vendido 122 viviendas y fincas que puso indebidamente a su nombre. La Iglesia no admite que Santa Comba de Naves sea una de ellas.
Artur Iglesias relata a este periódico como en enero de 2016, el nuevo propietario se reunió con los vecinos de Palmés en el local de la asociación de vecinos acompañado de un miembro del Obispado. Allí explicó sus planes para el solar: rehabilitar la capilla y “el culto San Benito” y “a medio plazo, un proyecto turístico singular”, según recogió el día 20 de aquel mes el Faro de Vigo. A ese encuentro, dice Iglesias, también se presentó la familia que reclama la propiedad en base a la subasta de 1906. “Solo nos dijeron que la venta ya estaba hecha y que solo nos quedaba la opción de vernos en juicio”, dice. El Obispado incluso llamó a capítulo a la directiva vecinal cuatro días más tarde por haber invitado a los ahora denunciantes. Estos presentaron en 2021 la demanda, una vez que obtuvieron los mencionados papeles en los que la Diócesis de Ourense afirma que la propiedad no es suya y el Gobierno publicó la lista de inmatriculaciones eclesiásticas. El juicio será el 15 de noviembre. Del proyecto de Blanco Reinosa nada se ha vuelto a saber.
