La Comisión de Presidencia del Parlamento andaluz ha aprobado este martes, con los votos a favor de PSOE-A e IULV-CA y la abstención del PP-A, el dictamen sobre el Proyecto de Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que incorpora, a propuesta de la federación de izquierdas, a la Iglesia. Concretamente, esta propuesta de IULV-CA ha sido transaccionada por el Grupo Socialista para añadir, entre los sujetos obligados a cumplir con la Ley de Transparencia en Andalucía, además de a los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales, a “las iglesias, comunidades y otras entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas”, así como a las corporaciones, asociaciones, instituciones y entidades representativas de intereses colectivos.
Esta enmienda ha contado con la abstención del PP-A, que también se ha abstenido en la votación del dictamen final de la comisión “a la espera de una última negociación” entre los grupos parlamentarios que posibilite que el texto que llegue al Pleno del Parlamento sea lo más consensuado posible y se apruebe por unanimidad. Así lo ha explicado ante la Comisión el portavoz popular Rafael Salas, quien ha hecho un llamamiento al “diálogo” para que los tres grupos se “sienten” en los días próximos para analizar todas las enmiendas de su grupo.
“Queremos subsanar este error político y ahora tenemos la oportunidad de abordar este tema. Pido que haya contactos de aquí al Pleno para hablar del buen gobierno y de las otras enmiendas del PP-A que son muy importantes para que esta ley sea mejorada y completa y tenga el apoyo de la mayoría”, ha argumentado Salas tras criticar que PSOE-A e IULV-CA hayan rechazado las 92 enmiendas presentadas por su grupo, informa Europa Press.
Tanto José Antonio Castro (IULV-CA) como Verónica Pérez (PSOE-A) han justificado este rechazo a las enmiendas populares en que, en su mayoría, hacen referencia al buen gobierno, una materia sobre la que el Gobierno andaluz, según han subrayado, empezará a trabajar en “breve” para hacer una ley con “entidad suficiente” también sobre este aspecto.
Según Pérez, la futura Ley de Transparencia de Andalucía “ya tiene entidad por sí misma como para mezclarla con otro debate” como el del buen gobierno, un aspecto que, no obstante, según ha recordado, ya está regulado por la ley nacional de Transparencia y Buen Gobierno aprobada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
También Castro ha insistido en que “es fundamental no mezclar” las propuestas relativas a la transparencia con las del buen gobierno y ha recordado que, sobre este último aspecto, el Ejecutivo autonómico prepara “un proyecto de ley que se deberá presentar lo antes posible, a poder ser, antes de este periodo de sesiones”. “Creemos que si lo mezcláramos en Andalucía estaríamos rebajando la categoría de ambos asuntos, por lo tanto, desde esta posición y compromiso, creemos que esta ley inicia su trámite legislativo con muy buen pie, sin ninguna enmienda a la totalidad”, ha agregado Castro.
PP-A LAMENTA LA “SANTA VOLUNTAD” DE DÍAZ
Frente a ello, el portavoz popular ha defendido que aparte de las enmiendas relativas al buen gobierno hay otras “muy importantes” presentadas por su grupo y que tampoco han sido tenido en cuenta ni por PSOE-A ni por IULV-CA porque, según ha resumido, “da la impresión” de que también en el Parlamento se hace lo que siga la “santa voluntad” de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
“La voluntad de la presidenta, y lo digo como un axioma para otros posibles acuerdos o negociaciones, no es su voluntad. Porque da la impresión de que se hace lo que dice ella”, ha asegurado para advertir de que “lo natural” es que los grupos parlamentarios dialoguen y lleguen a consensos. “Aquí no vale eso de se hace lo que diga mi santa voluntad”, ha apostillado.
Salas también ha replicado a PSOE-A e IULV-CA que entre las enmiendas de su grupo hay algunas que tienen el objetivo de “ampliar la publicidad activa de la Administración”, como son las relativas a los altos cargos, la obligación de que se detallen las inversiones por provincias o la deuda financiera y comercial de la Junta, así como las encomiendas de gestión que se firmen.
“Pedimos que sea una obligación porque el Gobierno andaluz nos veta no contestándonos a estas cuestiones”, ha criticado el popular para defender que ha sido el PP-A el que quiere “ir más allá” en transparencia, a diferencia de PSOE-A e IULV-CA, a los que ha acusado también de no querer asumir las enmiendas con las que los ‘populares’ recogen las recomendaciones realizadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
40 ENMIENDAS DE 132
De las 132 enmiendas parciales presentadas por los tres grupos parlamentarios a este proyecto de Ley, finalmente sólo se han aceptado 40 entre las 21 del PSOE-A, en su mayoría de carácter técnico, y las 19 de IULV-CA, de las cuales, tres han sido transaccionadas por los socialistas, incluida la mencionada sobre la Iglesia.
En relación con el Consejo de Transparencia y Protección de datos de Andalucía que se crea a través de la futura ley, el grupo socialista plantea en una de sus enmiendas que el asesoramiento en derecho, así como la representación y defensa del citado órgano ante cualquier órgano jurisdiccional “corresponde al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía”.
Por su parte, IULV-CA ha pedido que se añada a la exposición de motivos de la norma que también la evaluación de programas y políticas públicas se reconoce como un instrumento operativo para cumplir objetivos de transparencia. También ha demandado un cambio en el artículo sobre la materialización del acceso a la información pública para que, en ningún caso, la imposibilidad o incapacidad de hacer frente a las tasas o precios públicos establecidos podrá ser causa para negar el acceso pleno a una información pública solicitada al amparo de la presente ley.
Iglesia Omnium Sanctorum. // LAURA LEÓN
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