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«La Iglesia suelta migajas para poner punto final a las inmatriculaciones»

En estos 15 años de «pelea», después de que casualmente descubriera esa práctica en Nafarroa, Jose Mari Esparza, desde la Plataforma de Defensa del Patrimonio, ha denunciado reiteradamente la usurpación de bienes por parte de la jerarquía católica. Pese al realce que se le ha dado al acuerdo entre la Conferencia Episcopal y el Gobierno español, lo considera un «nuevo amago».

La cúpula católica ha admitido un 2,7% de errores en sus registros, un millar de bienes que la Iglesia reconoce como irregulares. ¿Qué supone esta noticia para la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro?

En primer lugar, es el 2,7 % de lo inmatriculado en el Estado español desde 1998, cuando Aznar amplió los poderes inmatriculadores a la Iglesia. En Euskal Herria supone casi el 10%, lo que ya es un error de bulto. Pero faltan todavía todos los «errores» cometidos desde 1978, cuando se aprobó la Constitución, o desde 1947, cuando Franco le concedió a la Iglesia el poder de poner a su nombre miles de bienes.

La noticia tiene de bueno que la Iglesia reconoce que se le fue la mano inmatriculando lo que no era suyo, no una, sino mil veces. Lo que tiene de malo es que es un intento, sin duda pactado con el PSOE, para soltar unas migajas, quedarse con la mayor parte y poner punto final al asunto. Lo que ocurre es que el escándalo es ya de tal magnitud que cada vez son más las voces, en los pueblos, en la prensa, en el seno de la propia Iglesia, que exigen llegar hasta el final, que no es otro que dejar los bienes como estaban.

¿Qué refleja la imagen de Pedro Sánchez junto al cardenal Juan José Omella?

Una vez más, el PSOE está pasando del «no» a la OTAN al «sí». En su investidura Sánchez anunció una reforma legislativa para «revertir las inmatriculaciones». Más tarde se negó a declarar inconstitucional la reforma de Aznar de 1998, siendo evidente que tras la aprobación de la Constitución de 1978 los obispos no eran fedatarios públicos para poder inscribir bienes a su nombre sin aportar prueba alguna de propiedad. Eso supuso una amnistía registral para decenas de miles de fincas, plazas, cementerios, ermitas, viviendas, huertos y monumentos, que, si no lo evitamos, seguirán en manos de la Iglesia pese a no haber aportado prueba documental alguna. Luego anunció que haría público el listado de bienes para después negarse a hacerlo. Al final, las hizo públicas, pero solo desde 1998, y echando la responsabilidad de recuperación a los ayuntamientos, algo absurdo tratándose de más de 100.000 bienes repartidos en todos los pueblos y aldeas del Estado Español.

Ahora nos viene con este nuevo amago, pactando con la Iglesia ese «te devuelvo 1.000 y me quedo 90.000». ¿De qué nos extrañamos? Es el PSOE de siempre, timorato, arrodillado ante la Iglesia, incapaz de cumplir su propia Constitución.

«Si no fuera tan grave, daría risa: la iglesia es juez y parte tanto para apropiarse como para desprenderse»

Los obispos dicen ahora reconocer la inscripción irregular de un millar de fincas, pero podrían ser decenas de miles, tal como reclama nuestra Plataforma, porque en realidad de ninguna de ellas dispone de título escrito de propiedad, salvo la mera autocertificación diocesana del prelado.

En primer lugar, lo que han devuelto son propiedades de órdenes religiosas que ya habían mostrado su malestar, aunque fuera de forma interna. Al fin y al cabo, la propiedad se queda en el ámbito de la Iglesia. Luego, hay errores flagrantes, como dobles inmatriculaciones, todo a causa de las prisas del saqueo: urgía tanto llevarse el botín que no repararon en pequeñeces legalistas. Luego están dejando los bienes polémicos. «No nos interesan las ruinas», nos dijeron desde el Arzobispado cuando se dieron cuenta de que, si eran los propietarios, tenían que mantener «sus» bienes en pie, si no querían que los ayuntamientos les abrieran expedientes de ruina y los correspondientes procedimientos sancionadores, lo que podría ­–y puede– suponer el talón de Aquiles de la Iglesia. Lo del IBI no es tan importante. Es el chocolate del loro comparado a la magnitud de lo que se les reclama.

Pasemos a Euskal Herria. De ese millar que la Iglesia reconoce como irregular, ocho pertenecen a la CAV y 74 a Nafarroa. Sin embargo, el Gobierno navarro concluyó que eran casi 3.000 y desde la Plataforma han apuntado que son alrededor de 5.000.

Navarra sigue siendo vanguardia en el tema después de 15 años de pelea. El trabajo conjunto de la Plataforma, los ayuntamientos navarros y el Parlamento sigue dando sus frutos. Ahora es la primera comunidad que tiene la documentación de todo lo inmatriculado desde 1947. Son 3.000 notas simples, pero en muchas notas hay varios bienes a la vez: por ejemplo, inmatriculan una iglesia y de paso la huerta continua, la escuela paredaña… Por eso decimos que los bienes son muchos más. Al final, solo en Navarra han inmatriculado más de cuatro millones de metros cuadrados. Así, la Iglesia de los pobres sigue siendo, como en la Edad Media, la mayor latifundista.

«En la CAV no están a la altura, a nadie parece importarle, y el patrimonio forma parte de la patria, ¿o no?»

¿Y en la CAV?

En las hermanas vascongadas el tema es más peliagudo. En Araba y Bizkaia hay muchas menos inmatriculaciones que en Gipuzkoa, donde el obispo Setién se movió mejor en los registros de la propiedad. Eso también nos da medida de la arbitrariedad del procedimiento: el obispo que más se movía, más robaba. Pero aprovecho para decir que el mayor problema que tiene la CAV es que ni el movimiento popular, ni los ayuntamientos, ni el Parlamento están a la altura de las circunstancias. Les roban el patrimonio, y a nadie parece importarle nada. Y el patrimonio también forma parte de la patria, ¿o no?

En cuanto al conjunto del Estado, el Gobierno español identificó casi 35.000 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, pero desde varias plataformas señalan que el listado es también «parcial e insuficiente» y se podrían superar los 100.000 ¿Cómo se llega a esa situación?

Uno de los grandes aciertos de nuestra Plataforma fue la creación en Iruñea de la Coordinadora Recuperando, que actualmente agrupa ya a 24 asociaciones de todo el Estado, incluidas las mayores asociaciones de cristianos de base. Con esa palanca, hemos conseguido que el tema de las inmatriculaciones esté continuamente en la agenda política y en el eje de las relaciones Gobierno-Iglesia.

Como decía, Navarra ha sido la primera en saber todo lo inmatriculado desde 1947 y, extrapolándolo a todo el Estado, calculamos en más de 100.000 las inmatriculaciones. Todas son injustas e inmorales, pero es que, a partir de 1978, con su Constitución en la mano, son todas nulas de pleno derecho por anticonstitucionalidad sobrevenida. Es por eso que cuando ha llegado el primer juicio al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, este calificó las inmatriculaciones como una «violación continuada y masiva» de los derechos garantizados por la Convención Europea de los Derechos Humanos. Literal.

Respecto al tipo de inmueble, imagino que habrá de todo. La mayoría son bienes de dominio público o comunales, ¿pero también hay particulares? ¿Cuáles son las inmatriculaciones que más pueden llegar a sorprender?

La mayor parte, como dices, son bienes de dominio público y comunales. Particulares hay pocos, porque la Iglesia se cuidó mucho de inmatricular las iglesias y ermitas pertenecientes a señoríos como Oriz, Ayanz, Zeligeta, Etxalatz, Liberri, Arielz, Gorraiz, Otazu, etc. Siempre es más fácil robar a un pueblo pequeño que al Duque del Infantado y, además, lobo no come lobo. En cuanto a lo sorprendente, hemos visto cómo con 30 euros se pueden hacer propietarios de la fortaleza de Uxue, defensa medieval del Reino de Navarra, construida y mantenida por todos los navarros; o quedarse con todas las iglesias levantadas por los pueblos por el precio de una campana.

Antes del anuncio de la Iglesia, la Plataforma abogaba por que el Gobierno haga una normativa que posibilite la recuperación de estos bienes y evite que haya miles y miles de recursos. ¿Qué cree que va a ocurrir a partir de ahora?

La política de la Iglesia, y por desgracia también del Gobierno, es decir a los pueblos que recurran a los tribunales, porque saben que, aunque algunos pleiteen y ganen, la inmensa mayoría no va a poder sostener la carga de la prueba y seguir hasta el final las distintas estancias judiciales. ¿Alguien cree que con el presupuesto que tienen pueblos como Zerain, Amoroto o Pitillas pueden ir a los tribunales, recurrir hasta el Supremo, luego el Constitucional y luego los tribunales europeos? Y aunque ganen: ¿Alguien imagina que haya que pleitear individualmente por 100.000 bienes?

Todo jurista honrado sabe que la única solución, respetuosa por todas las partes, es declarar inconstitucional todo lo inmatriculado desde 1978 y dejarlo en su estado inicial. Luego, que la Iglesia reclame lo que crea que es suyo, como todo ciudadano de a pie. Y el resto, que sigan siendo bienes públicos, aunque tengan uso religioso, como pasa en Portugal, Francia o cualquier país decente que haya superado la Edad Media.

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