Los obispos preparan un documento que prohíbe a los católicos apoyar el tímido proyecto
Se sabía que la regulación de las parejas de hecho provocaría un conflicto con la Iglesia católica. No esperaba, sin embargo, una resistencia tan dura como la planteada por el Vaticano y los obispos. La Conferencia Episcopal ha adoptado el tono de un cuarto de siglo atrás, cuando se discutía la ley del aborto, y amenaza con emitir un documento para informar a los creyentes, incluidos los políticos, de que apoyar el proyecto gubernamental supone incumplir puntos esenciales de la doctrina católica, con las consecuencias que ello implica.
El proyecto de ley llega hoy al Parlamento. Los presidentes de la República y del Gobierno, Giorgio Napolitano y Romano Prodi, se entrevistaron ayer con el secretario de Estado de la Santa Sede, Tarsicio Bertone, y con el presidente de la Conferencia Episcopal, Camillo Ruini, para intentar abrir el diálogo. El encuentro se organizó durante la celebración de los Pactos Lateranenses (11 de febrero de 1929), por los que el papado renunció a los Estados Pontificios. No se percibió la más mínima aproximación.
Prodi es católico practicante. Cuando se planteó regular la convivencia al margen del matrimonio, una cuestión incluida en su programa y reivindicada por sus aliados de izquierda, tomó todas las precauciones. Una de las redactoras fue la ministra Rosy Bindi, católica estricta (mantiene el voto de castidad desde su juventud) y muy bien relacionada con los ambientes eclesiales. Bindi insistió en que no se planteaba siquiera la creación de una forma de convivencia alternativa al matrimonio, sino "el desarrollo de una serie de derechos individuales". La posibilidad de que las parejas de hecho pudieran adoptar niños quedó absolutamente descartada. En Italia hay más de 500.000 parejas que conviven sin estar casadas.
'Non possumus'
Las cautelas resultaron inútiles. La oposición del Vaticano y la Conferencia Episcopal fue inmediata. Ruini mencionó incluso la expresión non possumus, utilizada por Pio IX cuando se negó a aceptar la pérdida de los Estados Pontificios, creando un enfrentamiento que sólo se cerró medio siglo más tarde, con los Pactos Lateranenses negociados por Benito Mussolini.
Ruini anunció la próxima publicación de "una nota oficial de cumplimiento obligatorio para cuantos acogen el magisterio de la Iglesia". La amenaza causó espanto en amplios sectores del catolicismo, temerosos de un diktat religioso. Un grupo de intelectuales católicos firmó un manifiesto en el que rogaban a Ruini que no fomentara enfrentamientos civiles.
La negativa de la Iglesia abrió fisuras gravísimas en el Gobierno. El ministro de Justicia, Clemente Mastella, centrista y católico, se negó a participar en el Consejo de Ministros que aprobó el borrador y anunció que votaría en contra en el Parlamento. "Confío en que el Senado rechace el texto", dijo ayer.
En anteriores ocasiones, Prodi había utilizado sus contactos con la jerarquía católica: Ruini ofició su matrimonio, y durante años hubo entre ambos una cierta amistad. Pero la comunicación ha quedado rota. Ruini está a punto de dejar la presidencia de la Conferencia Episcopal, y no quiere marcharse sin una última batalla triunfal. En medios vaticanos se especula con que el Papa le conceda una prórroga de unos meses para que pueda encabezar la resistencia contra la ley.
El respaldo de Benedicto XVI a Ruini es público y total. El Papa ha alzado la bandera de la familia. "La familia muestra señales de quiebra bajo la presión de lobbies que cuentan con capacidad para incidir en los procesos legislativos", denunció el sábado.
El Papa no aclaró cuáles eran esos lobbies, pero lo hicieron fuentes oficiosas del Vaticano y su amigo el escritor Vittorio Messori, autor de libros-entrevista con Juan Pablo II y Benedicto XVI: "La Organización Mundial de la Salud, ciertos sectores de la masonería, las organizaciones de homosexuales, las organizaciones ecologistas que odian el catolicismo porque sienten nostalgia del paganismo, los círculos liberal-radicales y la gran industria farmacéutica, que obtiene beneficios formidables de la venta de píldoras anticonceptivas y preservativos". Todos presionan para "erosionar la familia".
