La Iglesia recibe 355 millones sin control fiscal al año

Europa Laica cifra en 11.600 millones, más del 1% del PIB, el dinero que reciben los obispos de los Presupuestos Generales

La Iglesia recauda anualmente 335 millones de euros en donativos sin control fiscal, lo que supone un 36% de su financiación, según un estudio de Europa Laica, que cifra en más de 11.600 millones, más del 1% del PIB, el dinero que sale de los Presupuestos Generales del Estado, a través de los «distintos privilegios fiscales, patrimoniales y económicos» de los que goza esta institución en España.

El estudio, a partir de la memoria económica de la Iglesia, destaca la información relativa al Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal, «en el que puede haber unos 160 millones de euros», según datos ofrecidos por el autor del informe, Enrique Ruiz del Rosal, en rueda de prensa, esta mañana.

El citado Fondo incluye dinero de los fondos recibidos a través de la ‘X’ en la casilla del IRPF que la Iglesia no reparte entre las diócesis, según Europa Laica, sino que es «utilizado en inversiones fiscales de cuyo contenido no se informa». Este fondo se nutre, afirma el estudio, de «los 80 millones que la Iglesia se llevó en 2007, año en el que el Gobierno incrementó lo recibido del 0,52% al 0,7% de los impuestos de los ciudadanos que marcan la casilla. Además de estos 80 millones, el fondo cuenta con otros 85 millones que no se han gastado en los últimos años (y cuyo destino tampoco se desglosa), precisa la organización.

Inversiones financieras

Europa Laica se basa en una investigación que la revista Tiempo publicó en enero de 2017, según la cual la Iglesia católica habría ingresado unos 23 millones de euros como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no habrían sido inferiores a 2.500 millones y que podrían llegar hasta los 5.000 millones.

La organización denuncia que «ninguna información acerca de esta cuestión se ofrece en la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal», que sí da cifras estimativas de los ingresos financieros de algunas diócesis. Según esos dados, «Pamplona obtuvo por este concepto 2,2 millones en 2015; Valladolid, 1,4; Mondoñedo-Ferrol, 263.000 euros; Córdoba, 273.000; Madrid, 737.000 y Barcelona, 224.000 euros».

El fondo salarial a los sacerdotes ha aumentado un 70%

La organización expone que no es posible sacer cuál es el fondo salarial destinado a los sacerdortes, que «ha aumentado un 70%, a pesar de que cada vez hay menos sacerdotes. ¿Hacia dónde está yendo el dinero? Todo es totalmente opaco», afirma Europa Laica.

Esta entidad se ha referido, además, a la polémica sobre las inmatriculaciones (las propiedades anexadas por la Iglesia). Según el informe,  si se reclamara judicialmente estos inmuebles, catedrales, jardines y fincas, entre los que están 30.000 propiedades puestas a su nombre gracias a la Ley Aznar, se iniciaría una «complicadísima batalla legal.

Enrique Ruiz del Rosal y Juanjo Picó en la rueda de prensa. El Plural

Enrique Ruiz del Rosal y Juanjo Picó en la rueda de prensa. El Plural

Europa Laica exige al Congreso recuperar propiedades

Europa Laica propone que el Gobierno apruebe, con el respaldo del Congreso de los Diputados, «una iniciativa política que revierta en bloque la situación a su punto de origen», y que impugne todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015. Es este periodo temporal el que abarca el listado que tiene en sus manos el Ejecutivo, pero las inmatriculaciones habían empezado 20 años antes».

«Un paraíso jurídico y fiscal consentido por el Estado»

En sus conclusiones, el informe no sólo culpa a la Iglesia católica de disfrutar de esta situación de «paraíso fiscal», sino que también apunta a otro lado: «El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia católica en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años».

Europa Laica apunta a la «connivencia y el clamoroso silencio cómplice de todas las Administraciones Públicas», que permite a la Iglesia católica «disfrutar de un ‘paraíso’ jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho».

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