Septiembre ha llegado con varias asignaturas pendientes para el Gobierno, el primero en coalición con otro partido desde los años de la II República, que tenía unas metas altas y progresistas. Pero la crisis sanitaria del Covid-19 se cruzó en el camino del Ejecutivo y lo ha trastocado todo. Sin embargo, uno de los temas más candentes, aunque sorprendentemente con menos recorrido en los medios de comunicación es el intento de acuerdo entre la Iglesia Católica española y el Gobierno de Pedro Sánchez.
De un lado, el Gobierno pretende que la confesión mayoritaria pague el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) para aquellos lugares que no estén dedicados al culto. De otro, la Iglesia española que quiere mantener algunas prebendas mientras capea el temporal de sus guerras internas.
Al margen del IBI, algo que se ha conseguido en otros países de mayoría católica como Francia o Italia, también Sánchez ha exigido a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que haga un inventario exhaustivo de los bienes inmatriculados. Un tema que genera mucha polémica tanto en círculos eclesiásticos como entre la sociedad.
Hace unos días Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal, aseguraba en una conversación con Religión Digital respectos a estos bienes que “era obvio que pertenecían a la Iglesia”, pero sin embargo, muchos de ellos están en disputa por parte incluso de Patrimonio del Estado, como la Mezquita-Catedral de Córdoba y otros por parte de particulares como fincas, viviendas y garajes.
Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal.
La Iglesia Católica española posee en el apartado de inmatriculados, a falta de saber todos los datos exactos, más de 30.000 bienes entre los que figuran no sólo templos o casas parroquiales sino también fincas, pisos y hasta plazas garaje. Un tipo de propiedades por las que tendrían que pagar el IBI al no ser lugares de culto, tal y como recoge la legislación en materia tributaria.
Estas inmatriculaciones para la Iglesia se consiguieron gracias a la intervención del Gobierno de José María Aznar mediante la reforma de la Ley Hipotecaria de 1998 en su artículo 206 que otorgaba facultades casi notariales a Obispos para poder registrar propiedades. Pero el Colegio de Registradores facilitó un informe a Pedro Sánchez en agosto de 2018, recién llegado a La Moncloa, en que se hacía inventario de los bienes registrados al nombre de la Iglesias desde 1998. La lista ascendía a 30.000 propiedades, aunque lo cierto es que en ella aparecían inmuebles que sí son considerados lugares de culto como ermitas, catedrales o iglesias. Pero también frontones, casas parroquiales, casas de maestro y parcelas de todo tipo, donde no se celebran actos litúrgicos.
Entre las inmatriculaciones que más llaman la atención destacan la de la mezquita-catedral de Córdoba que fue de titularidad pública hasta que en 2005 fue registrada como propiedad de la Iglesia. El Comité que realizó el informe en 2018 para el presidente Sánchez concluyó que el Gobierno debería impugnar todas las inmatriculaciones llevadas a cabo por la Iglesia entre 1998 y 2015, cuando se inscribieron catedrales y otros inmuebles considerados hasta ese momento como bienes de titularidad pública. Entre los monumentos más emblemáticos inmatriculados por la Iglesia destacan también la Giralda, la Catedral de Sevilla, la de Zaragoza, la de Valladolid o la de Granada, por poner ejemplos de monumentos importantes.
Expolio a los payeses catalanes
En Cataluña las cosas están más complicadas de cara al acercamiento entre Juan José Omella, actual presidente de la Conferencia Episcopal Española y Pedro Sánchez. Hace sólo unos meses el que fuera Arzobispo de Barcelona, tachado por muchos de cercano al nacionalismo, fue elegido como cabeza de la Iglesia española en medio de tramas y juegos sucios como ya relató en su día Elcierredigital.com. La elección de Omella, considerado un hombre fiel a los cambios del Papa Francisco facilitaba además las relaciones con PSOE ya que este prelado era el favorito de Pedro Sánchez para dirigir los designios de la Iglesia Católica española.
Pedro Sánchez.
Sin embargo, en Cataluña, una plaza que Omella conoce bien, el asunto de la inmatriculaciones de bienes está siendo más polémico aún que en otros lugares del país. El sindicato agrio Unión de Payeses lleva años estudiando estas inmatriculaciones y protagonizando litigios judiciales con los distintos Obispados catalanes. Según las investigaciones de este sindicato se han producido más de 800 inmatriculaciones de iglesias y casas rectorales que los payeses construían dentro de sus fincas. Algunas datan incluso del siglo X. Según el diario Público sólo en tres comarcas catalanas el número de bienes inmatriculados suma “un total de 203 ermitas, iglesias y capillas; 52 casas rectorales; 95 terrenos; y 50 cementerios, además de huertos y otro tipo de propiedades”.
La Unión de Payeses asegura que quiere enviar un informe exhaustivo a la Generalitat catalana sobre los más de 800 bienes que la Iglesia ha inmatriculado en territorio de esta Comunidad Autónoma. Muchos temen que esta actitud unilateral pueda enturbiar al diálogo entre Omella y Sánchez para llegar algún acuerdo sobre este asunto y el pago del IBI.
Sospecha de un acuerdo
El Gobierno de Sánchez haciendo caso omiso de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno no ha hecho pública todavía la lista de bienes inmatriculados. La coordinadora Recuperando, que unifica a varios colectivos patrimonialistas, mostraron en agosto su preocupación por que el Gobierno intentase llegar a un acuerdo con la Conferencia Episcopal y hacer una especie de ‘cambio de cromos’. Es decir, que el clero pagase el IBI a cambio de que no se tocasen los bienes inmatriculados.
“Tememos que el Gobierno central esté negociando en secreto con la Iglesia una salida en falso al escándalo inmobiliario de las inmatriculaciones”, explicaban desde Recuperando a Religión Digital. “No aceptaremos que el ejecutivo de Pedro Sánchez deje en manos de administraciones locales y particulares las eventuales reclamaciones judiciales una vez que se haga público el listado de los bienes apropiados por los obispos”, aseguraban.
Juan José Asenjo, Arzobispo de Sevilla.
“Todas las inscripciones son nulas de pleno derecho y resolver el asunto de forma individualizada en los tribunales, como pretende la Iglesia, sería inviable por su alto coste y el monumental embrollo administrativo que supondría. Esa opción representaría de facto la amnistía registral de casi todos los inmuebles inmatriculados”, advertían en su entrevista a Jesús Bastante en el citado medio.
En las declaraciones también en Religión Digital de Luis Argüello, Secretario General de la Conferencia Episcopal, ya se aventuraban por dónde podrían ir los tiros: “Podemos hablar de esos casos (de inmatriculaciones irregulares), pero no de una enmienda a la totalidad del proceso salvo que se quiera una nueva desamortización”.
Por otro lado, en Sevilla la plataforma constituida para reclamar el listado de bienes inmatriculados ha manifestado su oposición a la propuesta de que el Ayuntamiento hispalense reconozca con el título de hijo adoptivo al Arzobispo, Juan José Asenjo, con motivo del fin de su pontificado, porque “alguien que se apropió del patrimonio que es de todos y todas nada más llegar al cargo no merece ese reconocimiento”.
En un comunicado, estos colectivos, que suman hasta 20, denuncian que, al poco de ser nombrado Arzobispo de Sevilla, Asenjo inscribió en el Registro de la Propiedad la Catedral de Sevilla, “incluyendo a la Giralda y al Patio de los Naranjos como simples anexos de la finca, despreciando a estos dos símbolos de la ciudad y haciendo negocio con ellos cuando siempre fueron espacios públicos”.
Giralda de Sevilla, uno de los medios inmatriculados.
“Cuenta también con el dudoso honor de ser obispo de Córdoba cuando se inmatriculó la Mezquita”, señalan las diferentes entidades. Dichas entidades lamentan que el gobierno municipal del PSOE proponga esta distinción a petición de Cáritas “cuando sigue sin hacer público el listado de bienes inmatriculados, tal y como se aprobó en el pleno”.
Sólo en tiempo dirá si el PSOE intenta contentar a su electorado mayoritariamente laico o si prefiere contemporizar con una Iglesia española, donde Omella, no sin problemas internos, intenta recuperar de la influencia de ala más conservadora del clero español.
