La Iglesia ya tiene a su nombre la Colegiata de Santa María de Calatayud. La inscribió en el Registro de la Propiedad hace un par de años, según se ha conocido ahora en plena polémica municipal por la multimillonaria pérdida de subvenciones para la restauración de ese emblemático edificio, incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.
El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda (PP), lideró la tramitación del expediente que ha desencadenado una agria polémica con la oposición. Él persiste en que el gobierno municipal no incurrió en responsabilidad alguna, que no hubo una tramitación incorrecta de aquella solicitud de subvención ante el Gobierno central.
El PSOE, sin embargo, insiste que la documentación oficial del expediente demuestra que hubo «dejadez» y «un cúmulo de despropósitos» que le han costado a Calatayud más de dos millones de euros, que es lo que hubiera recibido la ciudad para restaurar la Colegiata de Santa María si el Ayuntamiento -insiste el PSOE- hubiera cumplido correctamente y con diligencia los requisitos que le marcó en su día la Administración del Estado. La oposición pide que se depuren responsabilidades por lo ocurrido.
Uno de los problemas esenciales -tal y como constata la documentación oficial del propio Ministerio- es que no se acreditó en tiempo y forma la inscripción de dicho inmueble en el Registro de la Propiedad.
Según se ha desvelado ahora al destaparse ese controvertido expediente tramitado por el gobierno municipal, la Colegiata de Santa María no estaba inscrita en el Registro de la Propiedad, pero eso se pasó por alto inicialmente desde el Ayuntamiento. No fue hasta el 26 de marzo de 2015 cuando el Obispado de Tarazona solicitó ante el Registro de la Propiedad de Calatayud la inscripción a su nombre de este monumental edificio. Para hacerlo acreditó, mediante certificado, lo que es público y notorio: la pertenencia eclesiástica y la dedicación al culto católico de la Colegiata de Santa María «desde tiempo inmemorial no inferior a ocho siglos».
Que un templo no esté inscrito en el Registro de la Propiedad es algo habitual en España. De hecho, ha sido lo normal hasta hace unos años, cuando la modificación de la legislación ha dado pie a que la Iglesia haya procedido a la inscripción registral de sus bienes dedicados al culto, caso de los templos históricos.
Como curiosidad, la Colegiata de Santa María de Calatayud ha quedado inscrita en el Registro de la Propiedad de esta ciudad con un valor catastral de 460.628,43 euros -su valor real no se especifica por entenderse incalculable, dado su carácter histórico-artístico-. Tiene certificada una superficie de parcela de 2.986 metros cuadrados, y sus dependencias construidas suman 6.502,7 metros cuadrados.
Para facilitarle al Ayuntamiento la captación de fondos públicos con los que restaurar esta joya del patrimonio arquitectónico de Calatayud, el Obispado le otorgó en diciembre de 2014 una especie de cesión de uso cultural de la Colegiata de Santa María. Así consta en un escrito firmado por el obispo de Tarazona, en el que se autoriza expresamente al Ayuntamiento para que durante 50 años -a contar en el momento que se complete la restauración de este conjunto- se pueda utilizar la Colegiata para usos culturales y turísticos. El único límite es que esos usos civiles no choquen con el primordial uso eclesiástico y con la íntima naturaleza religiosa que tiene este conjunto arquitectónico.
