Gana el juicio una maestra despedida por su vida personal. El Obispado de Canarias despidió a la docente tras vulnerar su intimidad
El Juzgado de Lo Social número 1 de Las Palmas ha condenado al Obispado de Canarias a indemnizar con 210.000 euros a una profesora de Religión, Carmen Galayo, por vulnerar sus derechos constitucionales a la intimidad y a la indemnidad tras haberla despedido por vivir con un hombre distinto de su marido. La sentencia también condena al Ministerio de Educación y le obliga a contratar a la docente.
En octubre de 2000, el responsable de Enseñanza de la diócesis canaria, Hipólito Cabrera, comunicó a Galayo que no sería renovada por mantener una relación afectiva con otro hombre distinto de su esposo, del que se había separado previamente.
Desde entonces, la profesora denunciante no ha sido restituida en su empleo, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó, en una sentencia de 2007, la "radical nulidad" de la decisión de no renovar su contratación.
Para el Juzgado de Lo Social, el hecho de que la diócesis no haya propuesto a la profesora para la renovación "responde a una actuación de represalia, venganza, desquite o revancha" por acudir a los tribunales tras la notificación de Cabrera. Por tanto, el juzgado dictamina ahora que el Obispado pague a Galayo 198.000 euros como resarcimiento patrimonial "en consonancia con los salarios dejados de ganar desde septiembre de 2001".
Daños morales
Además, el juez determina que la docente debe recibir 12.000 euros en concepto de daños morales, por la "repercusión social, humana y laboral que la conducta del Obispado ha generado" en su vida y expectativa profesional. Desde que perdió su puesto, Galayo no ha vuelto a tener trabajo estable.
"Esperemos que a partir de ahora el Estado y la Iglesia respeten antes la Constitución"
"Está buscándose la vida por donde sea", recuerda un portavoz de la Confederación Canaria de Trabajadores (CCT), sindicato que respalda a Galayo y al que pertenecen otros "represaliados" por Cabrera. La CCT pedirá hoy al obispo de Canarias, Francisco Cases, el cese de Hipólito Cabrera "por vulnerar la dignidad personal y profesional de Galayo y por la mala imagen que está dando del Obispado". Desde la CCT critican "el papel de complicidad de la Administración Pública con la jerarquía de la Iglesia católica, en lugar de defender a sus administrados".
"Lo peor es la mala imagen del Ministerio de Educación, que es el auténtico empleador aquí, ya que no es la primera sentencia de este tipo que recibe en contra. Esperemos que a partir de ahora el Estado y la Iglesia respeten antes la Constitución que sus acuerdos mutuos", señala el portavoz sindical.
