La Conferencia Episcopal destinó un alto porcentaje de su presupuesto en 2022 a pagar gastos derivados de su funcionamiento interno. El acuerdo con el Vaticano incluían el «propósito» de autofinanciarse, algo hasta ahora incumplido.
Los privilegios económicos que disfruta la Iglesia católica resultan esenciales para mantener su estructura interna. Así vuelve a desprenderse de su última memoria y así lo remarcan en Europa Laica, donde cada año someten ese documento de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a un riguroso análisis.
Según avanzan desde ese colectivo, las ausencias y olvidos vuelven a reinar en torno a esta institución religiosa. Donde los obispos ven un ejercicio de «transparencia», otros aprecian un intento de camuflar la realidad.
Entre los primeros está Juan José Omella, presidente de la CEE y defensor acérrimo del trato preferencial que la Iglesia católica disfruta en España desde 1979, gracias a los acuerdos entre el Estado español y el Vaticano.
Entre los segundos está el presidente de Europa Laica, Juan José Picó, uno de los primeros no católicos que esta semana repasó el documento eclesiástico de principio a fin. «Cortina de humo», dijo el activista por teléfono tras terminar de leer la memoria de la Conferencia Episcopal de 2022, hecha pública en estos últimos días de 2023.
«Debería ser una memoria justificativa en torno al dinero que recibe la Iglesia a través de la asignación tributaria, pero en lugar de eso se trata de un documento en el que cuenta, por ejemplo, cuántas comuniones hubo el año pasado, lo que busca justificar moralmente ese dinero que reciben», afirmó.
El documento asegura que el año pasado hubo 171.494 comuniones, 159.129 bautizos o 35.253 matrimonios entre hombres y mujeres, los únicos reconocidos en los cánones de la institución católica.
298.408.165 euros se destinaron a «empleos»
Junto a ello, se habla de dinero: de acuerdo a la liquidación de 2022, la asignación tributaria recibida ascendió a 320.892.666 euros, de los cuales 298.408.165 euros se destinaron a «empleos», lo que incluye más de 24 millones de euros para la seguridad social del clero, otros 2.287.891 euros para los sueldos de los obispos o 244.091.726 euros –el grueso del capítulo– destinados al «sostenimiento» de las diócesis.
En otro apartado se especifica que el «importe de las retribuciones efectivamente satisfechas a los clérigos por el desempeño de su labor ministerial en el ámbito diocesano y parroquial» asciende hasta los 194.695.470 euros.
El informe establece además que la Iglesia cerró el ejercicio con un superávit de 22.484.501 euros, mientras que su «fondo de reserva disponible» se incrementa hasta los 122.064.843 euros.
