Los obispos de Francia, donde se estimaron 330.000 víctimas, no cuestionaron las cifras, expresaron su “vergüenza” y su primera decisión fue vender patrimonio inmobiliario para pagar indemnizaciones
La actitud de los obispos españoles hacia el informe del Defensor del Pueblo, con falta de colaboración, escasa transparencia, sin dejar acceso a los archivos y tachando de “mentira” la extrapolación de cifras de su encuesta —un 1,13% de víctimas en ámbito religioso, unas 440.000 personas—, es una excepción en el mundo católico. El ejemplo más próximo, y antitético, es Francia, donde el estudio que encargó la propia Conferencia Episcopal nacional hizo en 2021 una estimación de 330.000 víctimas, por extrapolación de datos. El presidente de los obispos, Éric de Moulins-Beaufort, admitió que eran “números enormes” y una dimensión del problema “muy superior a lo esperado”, pero únicamente expresó su “vergüenza”. En su asamblea para abordar el informe, su primer anuncio fue que la Iglesia iba a vender patrimonio inmobiliario para crear un fondo con el que indemnizar a las víctimas. El Papa, en su siguiente audiencia pública, mostró su “dolor” por los resultados, que tampoco cuestionó: “Es el momento de la vergüenza”. En esta ocasión, la próxima audiencia de Francisco es este miércoles. Es una incógnita si se pronunciará sobre el informe español, aunque la diferencia es que esta vez no es de los obispos, sino de una institución pública.
