El Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, presentó, el 5 de febrero un informe donde denuncia a la Iglesia Católica de encubrir miles de casos de abusos de menores por parte del clero.
En el informe, se critica las posiciones de la Iglesia sobre homosexualidad, aborto y anticoncepción. Se expresa que el “código de silencio adoptado”, “sistemáticamente privilegió la preservación de la reputación de la Iglesia y el presunto ofensor, sobre la protección de los niños”. Hace hincapié en la práctica de transferir a los abusadores a otras parroquias, a la falta de cooperación de las autoridades civiles, que la pena máxima para un sacerdote acusado de abuso es ser expulsado del sacerdocio y no hay sentencias de prisión.
El informe también contiene una larga lista de recomendaciones no vinculantes sobre las que el Vaticano deberá informar en 2017, y plantea que deberían difundirse los archivos sobre los acusados y sus protectores.
El papa Bergoglio, alias Francisco dejó atrás su “vergüenza” por los crímenes cometidos contra la infancia y reaccionó con fastidio, expresando que no han tenido en cuenta las explicaciones que dieron. El Vaticano rechazó algunos puntos como injerencias en el ejercicio de la libertad religiosa (aborto, etc.)
Monseñor Tomasi, observador ante la ONU, en declaraciones reveladoras de la intención de continuar con estas prácticas de parte de la Iglesia, dijo que hay 40 millones de casos de abusos de niños en el mundo y que sólo una minoría es responsabilidad de la Iglesia. Que todo esto la dañaba y que la Santa Sede sólo es responsable del territorio de la Ciudad del Vaticano, donde viven 36 niños.
Mientras que el vaticanista Tornielli, reconociendo los crímenes expresó: “Lo que escribieron es verdad, pero son asuntos que pertenecen al pasado. Por años la fórmula fue trasladar al autor de los abusos, por lo que volvían a cometerlos. Las víctimas además …las alejaban también porque atacaban el honor de la Iglesia. Ese sistema no existe más, se hicieron progresos significativos”.
Pero la realidad de los hechos lo contradice: según la Congregación para la doctrina de la Fe, en 2011 y 2012, bajo Benedicto, unos 400 sacerdotes perdieron su condición de curas, la pena más grave del derecho canónico, por abuso de menores. Esta congregación funciona como una justicia interna. Hasta ahora ningún obispo fue sancionado por encubrimiento y recién en el 2010 el papa Benedicto ordenó denunciar ante la policía.
Pero las organizaciones se movilizaron en las puertas de la sede del Comité de la ONU cuando declaraban los curas y la propia policía lo impidió, protegiendo a los violadores y no a las víctimas.
Los casos que ejemplifican la continuidad del accionar de la Iglesia son contundentes: hay una carta del 2001, del cardenal colombiano Castrillón Hoyos que felicita al obispo francés Pican por no haber denunciado a un cura pedófilo. El movimiento Nosotros Somos Iglesia, denunció que el obispo Finn, de Kansas USA, aún sigue en su cargo, a pesar de que en 2011 fue acusado de no denunciar a un cura sospechoso de abuso. Los Legionarios de Cristo, desde 1941 roban y abusan de menores, incluidos sus propios hijos. Esta congregación mejicana contó con la protección del Vaticano y aún sigue existiendo.
Una violación o abuso sexual, en la infancia provoca, según los especialistas, un trauma equivalente al de los sufridos en una guerra, una catástrofe o accidente y deja secuelas como la depresión y la tendencia al suicidio.
La Iglesia es el bastión de los pedófilos, reprime la sexualidad y alienta la perversión en todos sus aspectos, como parte de la regimentación de las relaciones humanas dentro del régimen social de explotación.
La ONU archiva informes tras informes sin accionar sobre la apertura de los archivos y la condena a los culpables. Tarea que queda en manos de las organizaciones socialistas y de las mujeres que combaten contra este régimen social y su Iglesia.
Archivos de imagen relacionados
