La respuesta es clara desde el análisis laicista. El nacionalcatolicismo sigue vigente en las instituciones, no solo de manera simbólica, el Estado mantiene al clero, mantiene la religión en la escuela, las exenciones fiscales,… y la injerencia de la iglesia en la vida política sigue con los actuales obispos y el Vaticano. Evidentemente las formas no son las mismas que durante el franquismo. Solo cuando se deroguen los Acuerdos concordatarios y se reforme la mención a la Iglesia católica en la Constitución, así como otras muchas normas derivadas de ese privilegio, habremos dado un paso firme para acabar con el nacionalcatolicismo.
A lo largo de los últimos cien años, los obispos españoles han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español
Aún hoy, algunos obispos españoles han defendido que «no prevalezca nunca el caos sobre la unidad asegurada de la Constitución»
A lo largo de los últimos cien años, la Iglesia, o mejor dicho, los obispos españoles, han dado su visión (con diversos documentos) ante los procesos electorales o los momentos históricos, e incluso los bélicos, que ha vivido el estado español.
En este siglo que ha pasado, cabe recordar en primer lugar la Carta Colectiva del episcopado español del 1 de julio de 1937, redactada por el cardenal Isidre Gomà, arzobispo de Burgos, un texto dirigido a los obispos de todo el mundo, con la intención de dar a conocer la situación de la guerra de 1936. Este documento, de carácter histórico-doctrinal, fue redactado por el mismo cardenal Gomà a instancias del general Franco, para mostrar el apoyo y la adhesión de la mayoría de los obispos españoles a la sublevación fascista y para informar a los obispos de todo el mundo de la situación que se vivía con la guerra.
Cabe recordar que no hubo unanimidad entre los obispos a la hora de firmar esta Carta. Aunque solo cinco de ellos no la firmaron, la Carta apareció como un texto del episcopado español. Los obispos que no firmaron este texto fueron el de Vitoria, Mateo Múgika, el de Menorca, Joan Torres, el de Sevilla, Pedro Segura, exiliado en Roma, el arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer y el Administrador Apostólico (sin jurisdicción diocesana), Javier Irastorza.
La Carta Colectiva, divulgada por la propaganda franquista, apoyaba el “Movimiento Nacional, reconocía la sublevación franquista y era una llamada patriótico-militar contra el comunismo. De hecho, la Carta Colectiva responsabilizaba a los dirigentes republicanos de ser los que, “con sus prácticas de gobierno se empeñaron en torcer bruscamente la ruta de nuestra historia en un sentido totalmente contrario a la naturaleza y exigencias del espíritu nacional y especialmente opuesto al sentido religioso predominante en el país”. La Carta Colectiva afirmaba que los gobernantes republicanos, con su política, estaban “anulando los derechos de Dios y vejada la Iglesia” y por eso el episcopado español defendía “el derecho a la resistencia defensiva por la fuerza”. Y es que la Iglesia, según decían los obispos que firmaron la Carta Colectiva, “no podía ser indiferente en la lucha” y por eso este texto calificaba el “Alzamiento” con un doble significado: “el sentido patriótico y el sentido religioso”.
Un segundo documento del episcopado español (en el mismo sentido que la Carta Colectiva), se dio a conocer con motivo del referéndum de 1947, cuando el dictador puso a votación la ley de Sucesión a la “Jefatura” del estado.
Esta ley, en su artículo primero, establecía que España era “un estado católico, social y representativo que, de acuerdo con su tradición, se declara constituido en Reino”. Con esta ley, Franco podía proponer, cuando quisiese, a su sucesor, como así fue.
Ante este referéndum, como en el caso de la Carta Colectiva, de nuevo fue el cardenal Gomà quien redactó una Carta Pastoral dirigida a los demás obispos de España, para que animando el sentido patriótico y religioso, los fieles votaran sí a la ley de sucesión. La Carta Pastoral del arzobispo Isidre Gomà, de 13 de junio de 1947 (diez años más tarde de la Carta Colectiva) animaba a los “ciudadanos católicos” a ejercer “uno de los principales y más trascendentes derechos de ciudadanía”.
La Carta Pastoral de Gomà, como la Carta Colectiva, tampoco recibió una adhesión unánime de los obispos españoles. Según el sacerdote e historiador valenciano Vicente Cárcel Ortí, los obispos españoles, ante el texto de Gomà, se posicionaron en cuatro grupos.
El primer grupo fue el de los obispos que siguieron al pie de la letra las directrices del arzobispo Isidre Gomà, animando a los fieles de sus diócesis para que votaran en conciencia ante los peligros del comunismo.
Evidentemente la alusión al comunismo ya indicaba que el voto que los obispos pedían para la ley de Sucesión había de ser un sí, para de esta manera reafirmar la autoridad de Franco. Entre los veintisiete obispos que apoyaron la Carta Pastoral del arzobispo Gomà, había los de Badajoz, Oviedo, Ourense, Tortosa, Madrid-Alcalá y el vicario general de Lleida.
Un segundo grupo de obispos reproducían la pastoral de Gomà, sin más. Entre los diecinueve obispos de este grupo había los de Cuenca, Huesca, Ávila, Eivissa, Salamanca, Cartagena y Pamplona.
Un tercer grupo fue el de los obispos que guardaron silencio en relación a la Pastoral de Gomà y no publicaron su texto en sus respectivas diócesis, ni tampoco ninguna exhortación pastoral propia, en relación a este referéndum. Entre estos nueve obispos cabe citar al de Santiago, Sevilla, Calahorra, Canarias, Mondoñedo, Osma, Plasencia, Segovia y Solsona, con el obispo Tarancon. Estos obispos consideraban, con muy buen criterio, que la ley de Sucesión pertenecía al ámbito de la política y que por lo tanto, la Iglesia no se había de pronunciar en relación a este texto franquista. Estos obispos eran partidarios de que la Iglesia no tomara partido ante una ley que, además, no había sido debatida públicamente. Entre los obispos de este grupo cabe recordar que el cardenal Segura, de Sevilla, fue una voz discordante en una Iglesia mayoritariamente franquista, así como también el obispo Antonio Pildain, de Canarias y aun, el obispo de Calahorra, Fidel García, represaliado y calumniado por la dictadura. También el obispo de Solsona, Vicent Enrique Tarancon, que ya desde el inicio de su ministerio episcopal fue calificado como un obispo rojo, debido a sus cartas pastorales en favor de la gente de su diócesis que pasaba hambre, en tiempos del estraperlo, denunciando la inoperancia del Régimen.
Finalmente el cuarto grupo estaba formado por cinco obispos que todavía no habían tomado posesión de sus diócesis (Almería, Lleida, Málaga, Tarazona y Tenerife) y que por eso no pudieron hacer “propaganda” franquista de la Pastoral del arzobispo Isidre Gomà en favor del sí.
Cabe recordar que del total de los obispos españoles, cuatro de ellos no votaron el día del referéndum de la ley de Sucesión: el cardenal Pedro Segura, arzobispo de Sevilla, Marcelino Olaechea, arzobispo de València, Fidel García, de Calahorra y Saturnino Rubio, de Osma.
Finalmente, por lo que respecta al texto de la Constitución española de 1978, los obispos españoles no hicieron ninguna carta conjunta, como en 1937 y en 1947, a favor o en contra del texto constitucional. Sí que publicó una Carta Pastoral el arzobispo de Toledo, el cardenal Marcelo González Martín, aconsejando a los católicos de su diócesis votar no al texto constitucional. El cardenal González Martín envió a los presbíteros de la archidiócesis de Toledo una carta, acompañada de un breve texto titulado: “Ante el referéndum de la Constitución”, donde González Martín alertaba a sus diocesanos de las consecuencias de algunos artículos, que tal y como estaban redactados, según él, darían luz verde al divorcio, al aborto, a la equiparación de las parejas de hecho o a las dificultades de libertad de educción.
También el obispo de Cuenca, José Guerra Campos, representante del sector más inmovilista del episcopado español y procurador en las Cortes franquistas, escribió la pastoral: “¿Constitución sin Dios para un pueblo cristiano?”, un texto donde se oponía a la Constitución. El obispo Guerra Campos, que había participado como voluntario en la guerra civil al lado de los “nacionales”, denunciaba la Constitución, porqué “el proyecto constitucional ha suprimido toda referencia a Dios y a la inspiración cristiana de la sociedad”.
Otro obispo que también se oponía al texto constitucional fue el de Ourense, José Temiño, argumentando que “el divorcio supone un retroceso público en la esfera de lo moral” y por eso afirmaba que “no creo que sea el texto que necesita España en estos momentos”.
También el obispo de Oriola-Alacant, Pablo Barrachina (que durante la guerra se incorporó como voluntario a una columna falangista), denunció como negativa la Constitución. Igualmente el obispo de Burgos, Segundo García, el de Ciudad Rodrigo, Demetrio Mansilla, el de Vitoria, Francisco Peralta, el de Sigüenza-Guadalajara, Laureano Castán y el de Tenerife, Luis Cascón, se unieron al cardenal Marcelo González en su crítica a la Constitución. Así pues, fueron nueve los obispos críticos con la Constitución, y que, capitaneados por González Martín, denunciaron duramente el texto constitucional, obispos que representaban el sector más integrista de la CEE.
La actitud inmovilista del cardenal Marcelo González hizo que en Talavera de la Reina, se prohibiera una conferencia sobre la Constitución, del P. Díaz Alegría, representante del ala más abierta de la Iglesia.
Sin que la CEE hiciese un documento explícito de todos los obispos en relación a la Constitución, el 28 de septiembre de 1978, la Comisión Permanente del episcopado aprobó un texto que reconocía “en el proyecto unos valores intrínsecos innegables, juntamente con el dato esperanzador que sea fruto de un notable esfuerzo de colaboración y de convivencia”. Los obispos de la Permanente decían, en relación a la Constitución, que tenían unas “reservas desde la visión cristiana de la vida en materia de derechos educativos o de estabilidad del matrimonio”. Pero los obispos de la Permanente afirmaron que “no había motivos determinantes para que indiquemos o prohibamos a los fieles una forma de voto determinada”.
Un año antes, el 1977, el cardenal Tarancon, arzobispo de Madrid-Alcalá, había escrito una carta a los cristianos de su diócesis en la que decía que “no vamos a pedir un orden constitucional a nuestra medida, ni tan solo una Constitución que resuelva nuestros problemas. Pero sí que tenemos el derecho de exigir una Constitución que reconozca y dé vigencia a nuestra presencia en el mundo real, de nuestra sociedad”. Tarancon mismo, que lideraba el sector aperturista de los obispos españoles, en una Carta Cristiana, rechazaba las campañas contra la Constitución amparadas en argumentos religiosos y promovidas por los sectores integristas, que acusaban de ateo el texto constitucional. Por eso el arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán (también del sector taranconiano) decía que no había “razones para que la Iglesia pida el sí o el no a la Constitución”.
Ante la proximidad del referéndum constitucional, el sector minoritario del episcopado, capitaneado por el cardenal González Martín, pidió un pronunciamiento público de la CEE, propuesta que fue rechazada por 60 votos, contra 10 que querían ese pronunciamiento y 5 abstenciones. Los obispos españoles ratificaron el documento de la Comisión Permanente, aprobado el 28 de septiembre de 1978, un texto que consideraron “suficiente y debidamente presentado”.
Durante la 30 Asamblea Plenaria del episcopado español, que comenzó el 20 de noviembre de 1978 (unos días antes del plebiscito constitucional), el cardenal Tarancon deseó que la “Constitución fuese la base firme de esa convivencia fraternal”. En su discurso inicial, Tarancon defendió “la autonomía e independencia de la comunidad política”, como dijo había afirmado en su homilía en los Jerónimos el 27 de noviembre de 1975, dejando de lado los privilegios eclesiales que habían regido durante el nacionalcatolicismo.
En 1958, veinte años antes de ser aprobada la Constitución, el Régimen de Franco se regía por los “Principios Fundamentales del Movimiento”, que consagraban los ideales del estado español, un estado “católico” con un Dios, una Patria y una Familia. Y fue con la Constitución, y con la aportación fundamental del cardenal Tarancon y de la parte más aperturista de la CEE, que en España, finalmente, se puso fin a la unión de la Iglesia y del estado y al nefasto nacionalcatolicismo.
Cuando estaba acabando este artículo, he leído la excelente entrevista que el periodista Jesús Bastante ha hecho al P. Daniel Pajuelo (Religión Digital, 2 de noviembre de 2020), religioso marianista de la comunidad que esta congregación tiene en València y uno de los grandes “influencers”, con centenares de miles de seguidores.
El P. Pajuelo, con gran acierto, decía que “lo que más me preocupa es la continua identificación de la derecha con la Iglesia católica, que es una injusticia para el Evangelio”. Precisamente eso es lo que pasó con la Carta Colectiva de 1937, con el apoyo de los obispos al alzamiento militar de julio de 1936. Y también con el texto del cardenal Gomà, apoyando el referéndum de 1947 y aun, con los obispos que se opusieron a la Constitución española, porque no era una constitución “católica” como ellos querían.
En esta entrevista en RD, Daniel Pajuelo decía también una gran vedad cuando refiriéndose al Evangelio afirmaba que “no se puede identificar con una opción política, porqué sería ideologizarlo”, como defendió el cardenal Tarancon. El P. Daniel Pajuelo decía en esta entrevista, que el Evangelio “en España se reduce a ideología”. Y por eso, seguía el P. Pajuelo en relación a los militantes de derecha: “esta gente dice que vive el Evangelio, pero lo que te encuentras es que a menudo utilizan el nombre de Dios y de la religión para ganar votos o defender una postura ideológica que choca con muchas coses de Jesús y esas no las quieren, las esconden”, como Salvini, con el rosario en la mano o algunos diputados de Vox, pero con una actitud xenófoba de desprecio a los inmigrantes y a los refugiados.
Los diferentes documentos de la CEE o las Cartas del cardenal Gomà o incluso los textos episcopales que defienden la unidad de España como “un bien moral”, una unidad consagrada en la Constitución, me han hecho recordar el debate, en 2008, entre políticos flamencos y valones, en la discusión sobre la unió o la independencia en Bélgica. Los partidarios de la unió reclamaron a los obispos belgas un apoyo público del episcopado a sus tesis. Pero los obispos belgas, sabiamente, y en su nombre el cardenal Danneels, dijeron: “La separación entre la Iglesia y el Estado ha de ser respetada. Los obispos no han de tomar posición a favor de unos o en contra de los otros. Los obispos rezaremos para que los políticos puedan decidir qué es lo mejor para Bélgica. Pero no apoyaremos ninguna opción” (Vida Nueva nº 2.589, p. 7).
Creo que la decisión, tan sensata, de los obispos belgas de no apoyar ni a los independentistas ni a los unionistas, fue una postura acertada y por eso los obispos españoles la habrían de tener en cuenta. Sobre todo cuando defienden la unidad de España como un “bien moral”, excluyendo cualquier otra forma de estructura política y condenando una posible independencia de algunos de los territorios del estado. De hecho, a diferencia de los obispos belgas, algunos obispos españoles han defendido que “no prevalezca nunca el caos sobre la unidad asegurada de la Constitución”, presentado la Constitución como la harmonía y el caos, con la posibilidad de independencia de alguna parte del estado. Por el contrario los obispos catalanes en su nota del 16 de febrero de 2018, afirmaron, a diferencia de los obispos españoles, “la legitimidad moral de las diversas opciones sobre la estructura política de Cataluña, que se basen en el respeto de la dignidad inalienable de las personas i de los pueblos i sean defendidas de forma pacífica i democrática”.
Josep Miquel Bausset
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