La polémica por la titularidad de la mezquita de Córdoba, más allá de un conflicto administrativo entre instituciones, puede poner en peligro su calificación como Patrimonio Mundial, concedido por la Unesco en 1984. El organismo reconoció entonces el inmueble como un ejemplo de la convivencia entre culturas, un símbolo que ahora queda en entredicho al estar el obispado de la ciudad tratando de borrar cualquier referencia al pasado andalusí.
"Si nos alarmamos con la destrucción de los budas en Afganistán, también deberíamos hacerlo con la mezquita", lamenta el profesor de Derecho de la Universidad de Córdoba (UCO) Antonio Manuel Rodríguez, uno de los propulsores de la plataforma Por una mezquita catedral de todos, que reclama que tanto la titularidad como la gestión pasen a ser públicas, aunque se mantenga su condición de lugar de culto católico. En apenas dos semanas, ha movilizado en las redes sociales a más de 80.000 personas y van a informar de lo ocurrido a la Unesco.
Rodríguez explica que desde que el edificio fue registrado por vez primera –inmatriculación–, el Obispado de Córdoba pasó a denominarlo Santa Iglesia Catedral y comenzó "un proceso de apropiación simbólica amputando la memoria islámica" del edificio. Y eso, pese a que la imagen más conocida del monumento sean los arcos musulmanes rojos y blancos o que el reconocimiento internacional sea, textualmente, a "la mezquita".
"Esa denominación ya no aparece ni en las entradas ni en los folletos turísticos, donde se habla de intervención islámica de la Catedral", subraya Rodríguez, quien descubrió por casualidad en el 2009 que el monumento, uno de los 10 más visitados del país, estaba registrado a nombre de la Iglesia.
JUGOSOS BENEFICIOS La inmatriculación de la mezquita es significativa por los jugosos beneficios que reporta el turismo, unos 13 millones de euros en entradas que pasan directamente al obispado al ser considerados donativos. Eso sí, las labores de mantenimiento y reparación son con fondos públicos, sostiene el profesor Rodríguez.
La plataforma asegura que la titularidad es nula de pleno derecho porque se basa en artículos preconstitucionales que equiparaban a algunos efectos Estado e Iglesia. "Los bienes de dominio público no se pueden adquirir de forma privada", señala Rodríguez, "¿Qué pensaríamos si alguien registrase a su nombre el Machu Picchu o las pirámides de Egipto?", remacha. Una vez inscrito, si nadie lo reclama en 10 años se considera probada la propiedad en aplicación de la usucapión. La plataforma trata de agitar conciencias para revertir el proceso porque el plazo de la mezquita concluye en 2016.
El movimiento ciudadano, pide que la denominación oficial pase a ser el de mezquita-catedral, al entender que define con más exactitud "su esencia y realidad arquitectónica". Y reclama que, al igual que la Alhambra, sea un patronato quien se encargue de la gestión de la mezquita "de forma pública y transparente, con criterios científicos y técnicos y no solo religiosos". La Junta de Andalucía ha encargado un informe jurídico para reclamar su titularidad y gestión, porque "no se trata de un bien cultural cualquiera".
Interior de la mezquita-catedral de Córdoba, con un altar presidido por un gran crucifijo y una virgen de plata. – Foto: SERGIO CARO
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