El Gobierno se niega a aplicar la petición aprobada en el Congreso para reducir los beneficios fiscales de la Iglesia Católica.
El pasado miércoles el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley que insta al Gobierno a suprimir progresivamente las aportaciones a la Iglesia provenientes del IRPF, así como a eliminar los beneficios fiscales de los que disfruta con respecto a las exenciones de impuestos sobre los Bienes Inmuebles (IBI). La propuesta surgió de una iniciativa pactada entre Unidos Podemos y el PSOE, y obtuvo los votos en contra del PP y Ciudadanos.
Sin embargo, el Gobierno del PP ya ha anunciado que no va a aplicar dicha propuesta. Su alegación es que no se pueden tocar los acuerdos adoptados entre el Gobierno Español y la Santa Sede, ya que los mismos tienen rango de ley, y por tanto no pueden ser modificados por una simple proposición no de ley.
Estos acuerdos son, nada más y nada menos, que una herencia directa del Franquismo, ya que las actuales relaciones entre la Iglesia y el Estado Español se establecieron en el Concordato firmado por el Gobierno de Franco con el Vaticano en el año 1953. Una vez finalizada la dictadura se modificó el Concordato en el año 1979, sin embargo, mantuvo gran parte de los privilegios económicos con los que sigue enriqueciéndose la institución católica.
Y es que sólo mediante el IRPF la Iglesia se embolsa más de 250 millones de euros al año. Una escandalosa cantidad que ha ido subiendo año tras año, tanto en los gobiernos del PP, como también del PSOE. A pesar de que, ahora, desde la oposición el PSOE esté proponiendo medidas como la presente, no podemos olvidar que durante el Gobierno de Zapatero del 2006 fue cuando se incrementó la partida del IRPF destinada a la Iglesia del 0,52% al 0’7%, lo que se tradujo en 30 millones más de beneficio.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal solo reconoce las ganancias que reciben mediante el IRPF, sin embargo, esta es sólo una pequeña parte. Se calcula que la cantidad de dinero que es otorgado desde las Administraciones públicas es de más de 11.000 millones de euros al año, a través de las subvenciones directas y exenciones de tributos. La Iglesia Católica es una de las mayores propietarias de inmuebles del Estado, sin embargo, tiene exención total del pago del IBI.
Dicho de otra manera, se embolsa unos 240 euros anuales de cada habitante del Estado Español, sea éste creyente o no.
Y ni hablar de la influencia que sigue ejerciendo en la educación, ya sea pública, privada o concertada. El Estado sigue sosteniendo económicamente a los centros concertados católicos – con un gasto de unos 4.900 millones de euros. De la misma manera que sigue adoctrinando en los centros públicos, volviendo a implantar la asignatura de religión en las escuelas.
El rol y el poder que sigue manteniendo el lobby eclesiástico en el Estado Español es evidente. Ante ello es fundamental potenciar la movilización de las clases populares para lograr una completa separación de la Iglesia y el Estado. Una tarea que no sólo pasa por subir los impuestos a la Santa Sede, sino también por romper con todos los privilegios de esta institución, el fin de su financiación pública, la derogación de los pactos entre la Iglesia y el Estado, la proclamación de un Estado laico, así como la expropiación del patrimonio y los espacios públicos que a día de hoy siguen en manos de la Iglesia. Un camino, en fin que no vendrá de acuerdos parlamentarios con el PSOE, sino que solo puede venir de una lucha de clases frontal contra el régimen del 78 y el Estado capitalista español.
