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La Iglesia católica que gusta al Partido Popular

“Son días para apuntar, para tener en la cabeza y no olvidar”, ha declarado José María Aznar refiriéndose al apoyo de la Iglesia y de los empresarios a los indultos concedidos por el Gobierno a los independentistas catalanes. Y lo ha dicho en un encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Universidad Francisco de Vitoria, administrada por Regnum Christi, el movimiento eclesial fundado por Marcial Marciel.

A Aznar, al Partido Popular y a los medios de comunicación afines no les gusta esa Iglesia católica. Prefieren la Iglesia que vivió la época dorada de privilegios durante la dictadura de Franco, con presencia importante en la educación, con sus finanzas protegidas, influencia en las cuestiones morales y unida de forma consustancial a las gentes de orden.

La contribución de la Iglesia católica a la consolidación y mantenimiento de la dictadura fue inmensa. No se conoce otro régimen autoritario, fascista o no, en el siglo xx, y los ha habido de diferentes colores e intensidad, en el que la Iglesia asumiera una responsabilidad política y policial tan diáfana en el control social de los ciudadanos. Ni la Iglesia protestante en la Alemania nazi, ni la católica en la Italia fascista. Y en Finlandia y en Grecia, tras las guerras civiles, la Iglesia luterana y ortodoxa sellaron pactos de amistad con esa derecha vencedora que defendía el patriotismo, los valores morales tradicionales y la autoridad patriarcal en la familia. En ninguno de esos dos casos, no obstante, llamaron a la venganza y al derramamiento de sangre con la fuerza y el tesón que lo hizo la Iglesia católica en España. Es verdad que ninguna otra Iglesia había sido perseguida con tanta crueldad y violencia como la española. Pero, pasada ya la guerra, el recuerdo de tantos mártires fortaleció el rencor en vez del perdón y animó a los clérigos a la acción vengativa.

Tras la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, la defensa del catolicismo como un componente básico de la historia de España sirvió a la dictadura de pantalla en ese período crucial para su supervivencia. El nacionalcatolicismo acabó imponiéndose en un país convertido en reino sin rey en 1947, aunque tenía Caudillo, y en el que el partido único dejó de tener aliados en Europa a partir de 1945. Franco era como un rey de la edad de oro de la monarquía española, entrando y saliendo de las iglesias bajo palio.

En la larga perspectiva de los cuarenta años del régimen dictatorial, la Iglesia hizo mucho más por legitimarlo, afianzarlo, protegerlo y silenciar sus numerosas víctimas y atropellos de los derechos humanos que por combatirlo. Proporcionó a Franco la máscara de la religión como refugio de su tiranía y crueldad. Sin esa máscara y sin el culto que la Iglesia forjó en torno a él como caudillo, santo y supremo benefactor, Franco hubiera tenido muchas más dificultades en mantener su omnímodo poder.

Pero la jerarquía eclesiástica, el catolicismo y el clero no permanecieron inmunes a los cambios socioeconómicos que desde comienzos de los años sesenta desafiaron al aparato político de la dictadura franquista. El catolicismo tuvo que adaptarse a esa evolución con una serie de transformaciones internas y externas, que coincidieron en el tiempo con tendencias generales de cambio que llegaban desde el Concilio Vaticano II. La opinión y práctica católicas comenzó a ser más plural, con sacerdotes jóvenes que abandonaban la ideología tradicional, trabajadores de la JOC (Juventud Obrera Católica) y de la HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica) que militaban en contra del franquismo, y sectores cristianos que elucubraban con los marxistas sobre la futura sociedad que seguiría al derrumbe del capitalismo.

Curas y católicos que hablaban de democracia y socialismo, y criticaban a la dictadura y a sus manifestaciones más represivas. Todo eso era nuevo en España, muy nuevo, y parece lógico que provocara una reacción en amplios sectores franquistas, acostumbrados a una Iglesia servil y entusiasta con la dictadura.

Un documento confidencial de la Dirección General de Seguridad, fechado en 1966, ya advertía que de los tres pilares de la dictadura, “el Catolicismo, el Ejército y la Falange”, únicamente el segundo aparecía “firme, unido como realidad y esperanza de continuidad”, mientras que el catolicismo mostraba signos de división en torno a tres problemas: “El clero separatista; la lucha interna entre sacerdotes conservadores y sacerdotes avanzados; y la actitud de cierta parte del clero frente a las altas jerarquías eclesiásticas”. Y la Dirección General de Seguridad calificaba en diciembre de 1971 de “jerarquías desafectas” a Enrique Vicente y Tarancón, Narcís Jubany y Antonio Añoveros, de las diócesis de Madrid-Alcalá, Barcelona y Bilbao.

Carrero Blanco llamó a esa disidencia de una parte de la Iglesia católica “la traición de los clérigos”, porque el manto protector que la dictadura había dado a la Iglesia no se merecía eso. Y para demostrar los servicios prestados, “aunque sólo sea en el orden material”, prueba de cómo Franco “quiso servir a Dios sirviendo a su Iglesia”, Carrero daba cifras: “Desde 1939, el Estado ha gastado unos 300.000 millones de pesetas en construcción de templos, seminarios, centros de caridad y enseñanza, sostenimiento del culto”.

Con el fin de la dictadura y la transición a la democracia, la religión perdió peso a la hora de determinar las opciones morales y políticas. La jerarquía eclesiástica pareció asumir el fin de la confesionalidad y centró toda su atención en la protección de las finanzas y de sus derechos frente a la educación pública. Reformar lo necesario, pero preservando sus privilegios. Su declive como religión organizada, sin embargo, hizo reaccionar al sector más conservador, que reclamó un código moral más estricto.

Al Partido Popular le gustó esa Iglesia que emprendió importantes batallas en los años de Gobierno de Rodríguez Zapatero frente al aborto y los matrimonios homosexuales, el reconocimiento de las víctimas del franquismo, que “abría viejas heridas”, y, sobre todo, contra la Ley Orgánica de Educación (LOE), donde unió la defensa de la religión con su peculiar concepto de la libertad de enseñanza.

Aunque la Constitución de 1978 estableció que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, persisten en la actualidad ceremonias religioso-patrióticas a las que asiste el Jefe de Estado; las autoridades políticas participan oficialmente en procesiones religiosas; la Iglesia católica nombra capellanes castrenses y profesores de religión, que paga el Estado; y el crucifijo puede presidir todavía la toma de posesión de los ministros de la democracia. Un Estado constitucionalmente aconfesional sigue concediendo, en suma, un trato especial y privilegiado a la Iglesia católica, al que en absoluto tienen acceso los restantes credos religiosos.

Todo eso para el Partido Popular, para Casado, Díaz Ayudo y Aznar, forma parte del orden natural. Pero la parte de la Iglesia que apoya los indultos es “abyecta”, “traidora”, “desafecta”, “disidente”. Nada nuevo bajo el sol si se conoce un poco la historia más reciente de España.

Julián Casanova es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza.

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