La Memoria Anual de Actividades del ejercicio 2019 -presentado por la Conferencia Episcopal Española (CEE)- tiene “incoherencias, ausencia de datos, ocultamiento y falta de claridad”. Mucha propaganda y poca transparencia. El Estado y el gobierno de coalición PSOE-UP son los responsables de la situación de privilegio económico que disfruta la iglesia católica.
Así de contundente se ha expresado en rueda de prensa el presidente de Europa Laica, Juanjo Picó, al presentar el Informe crítico a la memoria de la asamblea de los obispos.
La memoria de actividades de la Conferencia Episcopal parte del incumplimiento del único compromiso adquirido por la CEE. El acuerdo concordatorio de diciembre de 2006 -con el gobierno socialista de Zapatero- que dice: “d) compromiso de la iglesia católica de presentar una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria”.
Existe una diferencia entre una memoria justificativa, que es a la que viene obligada el episcopado, y una memoria de actividades que ninguna actividad pública le ha exigido, ni le va a exigir nunca, afirman desde Europa Laica. La una es de naturaleza contable y administrativa, la otra es una simple enumeración de actividades eclesiales de todo tipo.
La memoria de la CEE es fraudulento porque dá a conocer las actividades que desarrolla en el marco de sus fines propios: la evangelización, el anuncio de la fe y el ejercicio de la caridad. Pero esa información puede ser relevante para la iglesia católica y sus seguidores, pero es irrelevante para el conocimiento de lo que debería ser el verdadero y único objeto de la memoria: la justificación de las cantidades recibidas por el Estado a través de la asignación tributaria.
Un ejemplo. En la Memoria Anual de Actividades 2019 de la CEE, en el apartado 4.2 Liquidación de la asignación tributaria 2019, en el apartado de “Recursos” se menciona la cifra de 273.369.392 millones de euros sin justificar.
En el “punto 1. Asignación tributaria recibida en 2019” (273.297.738) se hace una llamada a pie de página -que casi ni se lee- que dice: “Incluye el pago a cuenta de 2019 y la liquidación de la declaración de la renta presentada en 2018 (IRPF 2017)”.
Según Picó, en muchos de los apartados sobre el IRPF, al que dedica tan sólo diez páginas, no queda claro el destino del dinero público.
Por qué las personas al servicio de la función pública (médicos, profesores, etc.) estando al servicio del interés general, deben pagar el IBI de sus viviendas y los curas y obispos, dedicados a intereses tan particulares como los religiosos gozan de ese privilegio. ¿Acaso las funciones religiosas tienen más importancia cívicas y social que el servicio de la función pública?
El importe de la denominada asignación tributaria no se dedica a actividades litúrgicas, evangelizadoras, pastorales, ni mucho menos caritativas o sociales (salvo el pequeño aporte a Cáritas), sino a otras mucho más pedestres como los salarios y seguridad social de curas, obispos, facultades eclesiásticas, incluso a financiar TRECETV, campañas contra el aborto, la eutanasia o beatificaciones.
En el apartado de donativos no se tiene un control. No se sabe lo que entra por donativos en sus diversas variantes, desde el cepillo hasta la entrega de una donación en especie, un cuadro por ejemplo.
Por otro lado, ocultan los salarios y las prestaciones sociales del clero. La remuneración de 4 cardenales, 9 arzobispos, 18 obispos diocesanos y dos obispos auxiliares, todos ellos eméritos. ¿No reciben ninguna retribución? Tampoco dan información sobre los cardenales, obispos eméritos y jubilados. Cuántos son y en qué condicionan están.
Una incoherencia. Disminuye el número de sacerdotes pero se mantiene los pagos a la Seguridad Social. La memoria de los obispos está auditada. El presidente de Europa Laica denunció el papel de la auditora Pricewaterhouse Coopers (PwC) como “parte de la parafernalia”. Alrededor de las cifras que ofrece la CEE hay mucha mercadotecnia y propaganda y muy poca transparencia.
El 76% va al pago de obispos y otro personal. Y sólo el 2,3% va a Cáritas. 13TV se gasta más que Cáritas. A propósito de 13TV.
Con dinero público -procedente de la asignación tributaria- se financia anualmente TRECETV.
Un informe, encargado por la dirección de la cadena, califica la gestión de desastrosa. Una televisión “política con una marca definida en la derecha”. Con un perfil culturalmente pobre y que no es plural desde el punto de vista religioso.
La emisora propagandista católica nunca ha dado beneficios desde su nacimiento. Vive de los créditos que la propia CEE abre.
Los ingresos por publicidad están limitados debido a que dicha emisora no es atractiva para los anunciantes dado que se trata de “una cadena de contenidos de extrema derecha, muy politizada y con espectadores mayores de 65 años”.
Es muy probable que las ayudas públicas puedan tener la presunta consideración de ayudas de Estado y sean de todo punto ilegales, a la luz de la jurisprudencia continuada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Europa Laica subraya que los dineros salen de los presupuestos generales del Estado. Sale del dinero de todos, creyentes o no creyentes. No sólo los que marcan la equis.
Con dinero público se financia a Hijas de la Caridad denunciada por el robo de bebés en el franquismo
Con dinero público se financia la actividad en centros penitenciarios, pero la iglesia católica realiza actividades fuera de prisión, no amparadas por el Acuerdo y lo hace a través de todo tipo de organizaciones, una de ellas, Hijas de la Caridad, que fue denunciada por el robo de bebés durante el franquismo y quien en 1943 gestionó la administración de la cárcel de mujeres de Barcelona y que ha sido denunciada por vejaciones, tortura y trato inhumano a las internas.
En cuanto al voluntariado en las prisiones, según la memoria de actividades incluye a personas que realizan servicios dentro de la prisión como a quienes realizan servicios fuera de la prisión. La memoria no dice nada si hay voluntarios/as en los CIEs y si se les incluye en las estadísticas.
Para Europa Laica es suficientemente conocido que los acuerdos concordatorios de 1979, como aplicación y desarrollo del preconstitucional acuerdo concordatorio de 1976, aún tampoco derogado, son la base de los privilegios que ostenta la iglesia católica en España en materia económica, jurídica y simbólica: de ahí que Europa Laica lleve casi 20 años reivindicando su inexcusable denuncia y anulación.
La entidad laica pide la derogación de los acuerdos con la Santa Sede. Una auditoría efectiva y no la de PwC que sólo cubre el expediente.
Mientras siga vigente dicho acuerdo, el Estado está obligado a mantener a 110 obispos y cardenales, 16.960 sacerdotes, seminarios, congresos, 22.993 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, independientemente de las “X” que marquen los y las contribuyentes. Y la iglesia católica seguirá exigiendo el cumplimiento de dicho acuerdo.
Los exorbitantes privilegios económicos que goza la iglesia succionan del erario público más del 1% del PIB para sus actividades.
Quedan muchas preguntas en el aire.
¿Por qué se oculta que el 89% de la cantidad enviada a las diócesis, procedente de la X del IRPF, se emplea en retribuir a los sacerdotes de las mismas?
¿Por qué se oculta las pérdidas acumuladas por TRCETV que desde el inicio de sus actividades, en 2010, ascienden ya a 97,8 M€ y que se han “enterrado” 30,6 M€, procedentes de la asignación tributaria de los cuatro últimos años?
¿Por qué no se informa en la memoria del estado que ha tenido que hacer la CEE para compensar el crédito de 28,5 M€, con vencimiento 1 de abril de 2022, del que habían dispuesto de 28,5 M€ a 31 de diciembre de 2018?
¿Por qué se oculta que las empresas de enseñanza católica son ambas cosas: negocios con propietarios, cuentas de resultados y beneficios por un lado, y centros de adoctrinamiento católico, por otro?
¿Por qué no se ha público cuantos catequistas (los mal llamados profesores de religión) hay en los centros educativos de toda España, qué masa salarial reciben, en qué Comunidades Autónomas, en qué sectores (público o privado concertado), en qué centros escolares y en qué niveles educativos?
¿Por qué se oculta en la memoria que sólo el 1,9% de los recursos económicos de Cáritas procede de la X del IRPF? ¿Por qué se oculta cuál es la aportación a Manos Unidas?
¿Por qué se omite en la memoria toda información acerca de la financiación que consiguen las ONG católicas de la casilla de “fines de interés social del IRPF”?
La responsabilidad es del Estado y del Gobierno de coalición, PSOE y UP, que no exigen que la iglesia católica presente una memoria justificativa de las cantidades recibidas del Estado a través de la asignación tributaria.
